El Departamento de Seguridad de Lakua, que dirige Josu Erkoreka, ha denunciado a través de la Ley Mordaza a 133 miembros de Ernai por participar en unas protestas contra la orden de ingreso en prisión de Aitor Zelaia y Galder Barbado. Los denunciados han recibido multas de entre 1.500 y 2.500 euros. En total les piden 290.500 euros. Según un diputado en el Congreso, versado en la Ley de Seguridad Ciudadana, se trata de un castigo «totalmente desproporcionado», que además tiene elementos para considerarlo discriminatorio si se compara con otras actuaciones más permisivas de la Ertzaintza con sus compañeros.

En los escritos remitidos por el Departamento de Seguridad a los jóvenes multados, firmados por el director de Coordinación de Seguridad, Asier Erkoreka Arruza, se les acusa de hechos «constitutivos de una infracción grave prevista en el art. 36.3 de la LOPSC», que califica como tal «causar desórdenes en las vías públicas», en concreto, al haber cortado la circulación, ante la subdelegación del Gobierno español en la plaza Moyua de Bilbo y frente a la comisaría de la Ertzaintza en Gasteiz.

El Ejecutivo de Lakua describe una afección al tráfico prácticamente apocalíptica, cuando es evidente que en ambos casos, tanto en Bilbo como en Gasteiz, se podía hacer una reordenación alternativa de la circulación que minimizara las mayores afecciones.

En Gasteiz, la Jefatura de la Ertzaintza paró el tranvía para garantizar la seguridad de los manifestantes. En abierto contraste con la actuación del Departamento de Seguridad en el caso de los jóvenes de Ernai y la dureza con la que se les ha castigado, cabe recordar lo ocurrido en Gasteiz con una manifestación de Ertzainas en Lucha ante el Parlamento, en el que se cortó el tráfico del tranvía por todo el centro.

La Jefatura de la Ertzaintza ordenó parar el tranvía en Gasteiz para proteger a sus agentes que se manifestaban, mientras castiga con enormes multas a 133 jóvenes por cortar el tráfico

En contra de lo que inicialmente pudo parecer, la decisión de cortar el tranvía no fue de los manifestantes, puesto que «se tiene por acreditado que la decisión de suspender la circulación del tranvía fue adoptada por el Jefe de la Comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz», según el informe del expediente 4-2023 de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Y se explica que «se ofrece como motivo el riesgo inminente que comportaba la circulación del tranvía para la integridad física de los concentrados, puesto que el número de estos –aproximadamente, 1.500– llegó a desbordar la superficie de la acera habilitada para el desarrollo de la manifestación».

Llama la atención que el responsable policial decidiera ordenar el corte del paso del tranvía en una zona vital de su recorrido para garantizar la seguridad de los manifestantes invitándoles así a invadir las vías en la calle Becerro de Bengoa, en lugar de que se concentraran en la plaza del General Loma que tenían justo a su espalda. En otros casos, como por ejemplo contra trabajadores de Tubacex, lo que hizo la Ertzaintza fue cargar a porrazos. Claro que esos obreros no eran «compañeros».

El Parlamento Vasco acordó que la Ley Mordaza no se aplicara en la CAV. Tras demostrar la distinta vara de medir que tiene la Ertzaintza con los cortes de tráfico, es preciso recordar que el Parlamento decidió hace ya ocho años que en la CAV no se aplicara la Ley Mordaza.

El 22 de junio de 2016, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, aprobó una enmienda firmada por PNV, EH Bildu y PSE que en su tercer punto recoge textualmente: «Estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique».

Es más, también se comprometió a que «en adelante, de producirse una nueva aplicación de esta ley que vulnera derechos fundamentales, adoptamos el compromiso de denunciarlo públicamente y expresar nuestra solidaridad con la persona afectada».

El 22 de junio de 2016 se aprobó en la Cámara de Gasteiz una enmienda de PNV, EH Bildu y PSE que dice así: «Estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique»

Pero el mandato del Parlamento vasco nunca ha sido obedecido ni por el actual consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ni por su antecesora en el cargo, Estefanía Beltrán de Heredia. Precisamente por multas impuestas en contra del acuerdo de la Cámara a obreros de Tubacex usando la Ley Mordaza cuando luchaban por sus puestos de trabajo, le preguntó en su momento el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga a Erkoreka.

La respuesta del consejero fue que «según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Policía del País Vasco, la Ertzaintza ‘tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a cuyo efecto debe velar por la pacífica convivencia y proteger las personas y sus bienes de acuerdo con la ley’, y según el artículo 22 de dicha Ley ‘se ejercerá con respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, y al mismo incumbe cumplir los deberes que le impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales que impidan el libre ejercicio de sus derechos y libertades’». Y añadía que «dentro del ordenamiento jurídico y en lo referente a la seguridad ciudadana se encuentra actualmente en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana; por lo tanto, la Ertzaintza debe cumplir la ley existente».

Pero el hecho de que ningún consejero de Seguridad del PNV haya declinado aplicar con toda su dureza la Ley Mordaza a un sector determinado de la ciudadanía vasca no debe hacer pensar a nadie que este partido sea favorable a la misma. Según explicó el parlamentario jeltzale Jon Andoni Atutxa en 2022, «desde el PNV venimos, prácticamente desde el mismo momento en que se aprobó, denunciando que esta ley supone un retroceso en la preservación de derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. No guarda un equilibrio adecuado entre seguridad y libertad, no garantiza correctamente ese equilibrio: el derecho de huelga, el derecho de manifestación, la libertad de expresión e información, los derechos de las personas que buscan asilo… No compartimos el tratamiento que la ley ofrece a tales derechos». Que conste en acta.