La pandemia todavía no había trastocado lo cotidiano, Vladimir Putin no había anunciado su «operación militar especial» en Ucrania y la crisis energética no figuraba entre las preocupaciones de los europeos. Era verano de 2019 y la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, buscaban una solución negociada para elegir la nueva presidencia de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen no figuraba en las quinielas, pero la exministra alemana recibió finalmente luz verde del Consejo Europeo y necesitaba la validación del Parlamento, molesto por una nominación hecha a sus espaldas. Para ganarse el apoyo de eurodiputados socialdemócratas y verdes, Von der Leyen enarboló la bandera de la agenda verde y presentó su medida estrella: el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta diseñada por Bruselas para descarbonizar las economías del continente, que la nueva presidenta calificó como el «momento del hombre en la Luna».

Cinco años después, nada es normal en esta nueva normalidad. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, con olas de calor extremas, sequías prolongadas y aguaceros mucho más intensos, al tiempo que la extrema derecha explota teorías conspirativas que niegan la crisis climática. Por si fuera poco, la nueva composición del Parlamento Europeo tras las elecciones del 9 de junio, en las que se prevé un significante aumento de la ultraderecha, puede poner en serio peligro la continuidad de un Pacto Verde que ya se ha visto modificado a la baja durante esta legislatura por las quejas lanzadas desde los sectores productivos y empresariales y sus lobbies. En el trasfondo, las incoherencias del capitalismo verde.

Hacer de la UE un líder en la acción climática global ha sido uno de los principales esfuerzos del Ejecutivo de Von der Leyen. El macroproyecto contempla reducir un 55% las emisiones contaminantes para 2030, un 90% para 2040 y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, así como prohibir los vehículos con motor de combustión a partir de 2035, un fondo social para el clima y un largo etcétera. Algunas medidas han progresado, pero otras han enfrentado una fuerte oposición tanto de la extrema derecha como de los conservadores, quienes han criticado abiertamente a Von der Leyen tras la revuelta agraria y ante la futura correlación de fuerzas en el seno de la UE.

Tractores en Bruselas

Las protestas de los agricultores que recorrieron Europa en febrero –hoy volverán a cortar los pasos de la muga pirenaica «en defensa del sector»– hicieron saltar por los aires el mínimo consenso en materia climática en la UE y, en concreto, la coalición de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes que habían legislado al calor de la agenda verde. La heterogeneidad del sector es insoslayable, pero muchos de ellos creen que Bruselas les ahoga con sus exigencias climáticas. Desde Vox hasta Alternativa para Alemania, pasando por la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, los partidos de extrema derecha han explotado ese argumento e instrumentalizado las protestas con afirmaciones simplistas ante una realidad compleja. Y siempre sin poner en cuestión un modelo económico que genera considerable malestar entre agricultores y ganaderos.

Las protestas agrarias también han provocado un seísmo en el Partido Popular Europeo (PPE). La victoria de marzo de 2023 en Países Bajos del Movimiento Campesino-Ciudadano –que protestaba contra las medidas ambientales– encendió las alarmas en la derecha europea, que en varios países europeos capitaliza el voto rural. La normativa ambiental, que se consideraba crucial para respaldar el Pacto Verde, fue la principal afectada.

En el sistema alimentario global, agricultores, ganaderos y, sobre todo, trabajadores del campo por cuenta ajena son el eslabón más débil. Su malestar es real y bastante transversal. Critican el aumento de la burocracia y la entrada de importaciones agrícolas de terceros países que no cumplen con los requisitos de producción europeos, piden la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y exigen reciprocidad en las relaciones comerciales con otros países, lo que se denomina cláusulas espejo.

Pasos hacia atrás

Lejos de poner coto a los tratados de libre comercio, regular precios y pensar políticas eficientes para mejorar las condiciones del campo, la primera medida de Von der Leyen fue retirar medidas medioambientales como la reducción del 50% de los pesticidas. Una decisión que aplaudió vehementemente el líder los conservadores europeos, Manfred Weber. A partir de entonces, las votaciones sobre otras normas climáticas comenzaron a cambiar. Ejemplo de ello es la propuesta de Wopke Hoekstr –ex empleado de Shell y empresario ligado al mercado fósil que fue designado nuevo comisario de Cambio Climático–, para el recorte de emisiones para 2040, donde se eliminaron los requisitos específicos que se habían diseñado para el sector agrícola.

También fue necesario hacer concesiones en la Ley de Restauración de la Naturaleza, que finalmente no ha logrado avanzar en esta legislatura, ya que la aprobación del Consejo Europeo sigue pendiente. Aunque la ley fue aprobada en el Parlamento con votos en contra del PPE, queda en suspenso el compromiso de restaurar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la Unión antes de 2030, así como el 100% antes de 2050.

La batalla contra la agenda verde viene además diferentes flancos. Macron, por ejemplo, solicitó en marzo una «revisión» en las regulaciones ambientales para impulsar la industrialización, y la posible fuga de votos hacia formaciones de extrema derecha ha provocado que los líderes europeos rebajen su ambición climática.

Transición energética

Hasta hace dos años, la industria europea basaba su competitividad en el gas ruso barato, pero la guerra de Ucrania y el cierre –relativo– del grifo puso a la UE en una situación complicada. Es por esto que, para la CE, el Pacto Verde no se limita únicamente a mitigar los efectos de la crisis ecológica; es considerado en Bruselas una estrategia industrial, de soberanía energética y, pese a todo, de crecimiento económico. No obstante, su política energética se enfrenta a numerosas contradicciones.

La UE impulsó entonces una transición energética basada en sustituir fuentes de energía contaminadora por renovables para atajar el problema. Se han impulsado megaproyectos de energía eólica y solar, y también de hidrógeno verde, pero todo ello pasando por alto los límites materiales del planeta y de la propia Europa. El continente carece de materias primas para el impulso de energías renovables y depende en este aspecto de China y de países del Sur Global.

Asimismo, el discurso verde promovido por las instituciones europeas se mantiene siempre y cuando no perjudique los intereses de las grandes corporaciones. La inclusión de la energía nuclear en el mix energético, junto con la decisión de clasificar la energía atómica y el gas natural como «inversiones verdes», genera la sospecha de que sus esfuerzos no están dirigidos a combatir exclusivamente la crisis climática.

Además, los países de la Unión Europea continúan importando gas ruso a través de gas natural licuado, el cual no está sujeto a sanciones, al tiempo que aumenta su dependencia del gas licuado estadounidense. Todo ello en un escenario donde las emisiones contaminantes siguen en aumento. Por otra parte, los conflictos generados por la transformación territorial necesaria para esta transición y la especulación del sistema eléctrico europeo siguen siendo otros puntos problemáticos.

A pesar de todos estos problemas, la UE continúa líder en la generación de energías renovables y en la implementación de políticas para su desarrollo. Ahora, el debilitado Pacto Verde está en peligro en su conjunto debido a una posible subida de la extrema derecha, que ha prometido derogarlo, y una derecha que ya adopta su discurso.