El consejero de Medio Ambiente del Gobierno navarro, José Mari Aierdi, señaló el miércoles en el Parlamento que su departamento ha solicitado al Gobierno de Lakua que inicie un expediente sancionador contra Ekondakin, la empresa gestora de las instalaciones que incluyen la incineradora de Zubieta, por el envío de 5.500 toneladas de lixiviados líquidos a una planta de tratamiento en Artaxoa.

Esta solicitud, según ha explicado Aierdi, se ha realizado tras realizar una investigación, tras la que se ha sancionado también a la gestora de la planta de Artaxoa, Ecofert, con el cierre de la misma puesto que no tenía capacidad para gestionar estos residuos.

De este modo, se da la circunstancia de que la administración de un territorio (Nafarroa) se dirige a la de otro territorio (la CAV) para que se sancione a una empresa pública que gestiona los residuos en Gipuzkoa.

En Gipuzkoa hay abierta una investigación judicial por estos hechos en la que el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, fue citado a declarar por la Fiscalía. Asimismo, esta cuestión ha abierto una crisis institucional, ya que desde Nafarroa se constata que el envío de los lixiviados desde Zubieta no cumplió con los requisitos exigidos, mientras que desde la Diputación de Gipuzkoa se ha llegado a manifestar que el Gobierno navarro «ha cometido un error».

Itziar Gómez: «Se constató ecotoxicidad»

En su comparecencia en el Parlamento, la directora gerente de la sociedad pública Gestión Ambiental de Nafarroa (GAN), Itziar Gómez, informó de que la empresa que dirige ha detectado «alta carga orgánica y ecotoxicidad ácida» en la planta investigada por la presencia de lixiviados en Artxoa.

«Se constató ecotoxicidad, una alta carga orgánica y un pH ácido de 4,9», alertó Gómez en una comparecencia que ha tenido lugar este miércoles en el Parlamento de Navarra.

La que fuera consejera de Medio Ambiente en la pasada legislatura añadió que el informe de inspección de Ecofert Sansoáin, fechado el 28 de febrero de 2023, reveló que no se apreciaron concentraciones altas de metales pesados como cadmio, plomo, arsénico o mercurio.

«En el proceso de compostaje se observó una falla tanto en la capacidad de la planta como en la calidad de las aportaciones que se reciben, en este caso, tanto desde Gipuzkoa como de otras empresas, ya que las cantidades podían desbordar la capacidad de almacenamiento de la balsa», destacó, por su parte, Aierdi.

El consejero hizo hincapié en que «los mecanismos administrativos han funcionado para detectar y eliminar la fuente del problema» y que «se sigue trabajando para garantizar que las empresas cumplan con las autorizaciones ambientales que obtuvieron».

En ese sentido, «se actuó debido a la gravedad de la infracción ambiental, no solo como un asunto de salud pública, sino como una infracción ambiental seria», destacó.

GHK: «La responsabilidad, del Gobierno de Navarra»

GHK ha respondido a las declaraciones de Aierdi adviertiendo de que «la responsabilidad de lo que suceda en una instalación de tratamiento de residuos de Navarra le corresponde al Gobierno de Navarra y a su Departamento de Medio Ambiente» y, «en consecuencia, lo que suceda en Ecofert ha sido desde el principio y sigue siendo a día de hoy responsabilidad del área que dirige el consejero Aierdi».

En una nota, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa insiste en que el Ejecutivo de Nafarroa «es el único responsable de que se dé cumplimiento a la ley y a los artículos citados en las instalaciones de tratamiento de Navarra, así como de la revisión de toda la información recibida por parte de Ecofert», por lo que «no se entiende la insistencia en implicar a otras Administraciones en lo que a todas luces parece un intento de desviar la atención».

GHK apela al «respeto institucional debido al ámbito competencial de cada comunidad autónoma» y opina que Aierdi «debería conocer que, más allá de la colaboración interinstitucional entre Administraciones, no existe ningún procedimiento reglado por el cual una administración inste a otra a que ejerza su potestad sancionadora».

En ese sentido, insta al consejero Aierdi a que «sus declaraciones se realicen con el debido fundamento juridíco y en el ámbito del respeto institucional».