En pocas ocasiones ha asistido Catalunya a un panorama político tan endiablado como el actual. Si hace medio año todo indicaba que el president, Pere Aragonés, se disponía a agotar toda la legislatura y tratar de cerrar las carpetas con las cuales afrontaba su compleja acción de gobierno en minoría, en la actualidad nos encontramos ante un escenario lleno de interrogantes.

Las elecciones del 12 de mayo, que convocó ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de este año, han abierto varias incertidumbres en cuanto a la gobernabilidad del país y, a la par, han alterado cuestiones tan transcendentales como la aplicación de la ley de amnistía y el liderazgo que saldrá de una ERC lastrada por los malos resultados en las urnas.

Primer examen, miércoles 26 de junio

El capítulo más inmediato es conocer quién pilotará la Generalitat durante la próxima legislatura, una incógnita que continúa en suspenso después de que PSC y Junts –las dos fuerzas que se postulaban para ello– hayan anunciado que no presentarán candidatos al pleno de investidura que tendrá lugar en el Parlament este próximo miércoles, día 26. Un hecho que, de acuerdo con el reglamento, obligará al recién elegido presidente de la cámara, Josep Rull, a abrir un plazo de dos meses ­–hasta el 26 de agosto– a la espera de que alguna de las dos formaciones tome la iniciativa. Si esto no sucede, automáticamente se iría a una repetición electoral a finales de octubre.

El reloj de la investidura empezará a correr este miércoles, pese a que no haya todavía candidatos a la Presidencia. Si nadie logra ser investido antes del 26 de agosto, las elecciones se convocarán automáticamente para finales de octubre.

De entrada, la coyuntura interpelaba al PSC, el partido más votado, a alcanzar un acuerdo con ERC y los Comuns con el fin de articular un tripartito progresista. Pero, a tenor de lo escuchado estas semanas, esa posibilidad está lejos de concretarse. Más bien al contrario, los republicanos han expresado la enorme distancia que les separa de un PSC que, tanto en la cuestión territorial como en el ámbito social, ha virado hacia posturas claramente centralistas y reformistas. Del mismo modo, los Comuns han dejado claro que, si quieren contar con ellos, Salvador Illa tendrá que renunciar a megaproyectos tan depredadores como el complejo de ocio Hard-Rock en Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona o los recortes que se anuncian en sanidad y educación.

Así pues, aunque la suma de los tres partidos haría presidente a Illa, para quien el tripartito «es la única alianza políticamente viable», esa combinación se antoja muy complicada de visualizar en estos momentos. Solo podría desencallarse si finalmente ERC consigue imponer la propuesta de un sistema de financiación singular para Catalunya, similar al concierto vasco –para el cual Pedro Sánchez tendría que dar el visto bueno– y que los Comuns obtuvieran a cambio consejerías de peso político y económico en un futuro ejecutivo.

Sí que parece descartado que PSC y Junts, aliados en algunas materias sensibles, se pongan de acuerdo para un gobierno de coalición. A día de hoy, Puigdemont solo contempla liderar un ejecutivo nítidamente independentista, pero ni pactando con ERC y la CUP, le salen los 68 escaños necesarios para ser investido. También resulta improbable que el PSC se alíe con el bloque de la derecha, teniendo en cuenta que se comprometió a formar un cordón sanitario contra Vox, cuyos votos –sumados a los del PP– paradójicamente le darían la investidura. De manera que, si no hay sorpresa de última hora, este miércoles empezará a rodar el reloj que nos acercará a una nueva convocatoria electoral.

Amnistía, posible disrupción

La ley de amnistía, aprobada in extremis gracias a la aritmética del soberanismo en Madrid, es, en la hoja de ruta independentista, un factor de estabilización que permita abordar la celebración de un referéndum acordado. Pero este complejo regreso de la carpeta catalana a un cauce democrático dependerá de cómo se implemente la amnistía. Si se hace en su totalidad, incluso podría dar un vuelco al tablero político catalán, porque si nos atenemos al dictamen adoptado por la junta de fiscales el pasado día 18, Carles Puigdemont estaría en condiciones de volver a Catalunya, pues quedaría sin efectos el delito de malversación y la orden de detención que pesaban sobre él y sobre el resto de consejeros exiliados. De ser así, con Puigdemont de nuevo en la palestra, el panorama entraría en una otra dimensión.

La amnistía debería ser, según la hoja de ruta soberanista, el mecanismo que permita devolver la carpeta catalana a cauces democráticos, pero las trabas judiciales amenazan con bloquearlo todo.

También puede sacudir la política catalana la decisión de la cúpula judicial, dirigida por Álvaro García Ortiz, de conminar al juez Manuel García-Castellón a amnistiar a los investigados por la causa del Tsunami Democràtic, sobre la base de que no se pueden deducir «violaciones graves de los derechos humanos», tal como ya le habían advertido estas semanas los tribunales de Suiza y Bélgica. De manera que, con el «sobreseimiento libre» y la «extinción de la responsabilidad penal» de los implicados, también la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a quien el magistrado le acusaba de urdir el Tsunami, volvería a pisar suelo catalán.

De todas formas, aún quedan muchos flecos pendientes respecto al despliegue de la ley de amnistía, ya que algunos magistrados podrían optar por no aplicarla directamente, plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE. Del mismo modo que cabe la posibilidad de que en la causa de la ‘Operación Judas’, relativa a los miembros de los CDR arrestados en septiembre de 2019 bajo la acusación de preparar atentados, los magistrados de la Audiencia Nacional decidan desvincularla de la amnistía. Una posibilidad que, sin embargo, los abogados de Alerta Solidaria ven muy improbable de acuerdo al reciente auto del Ministerio fiscal, «aunque la inventiva es ilimitada y no se puede descartar ninguna sorpresa». La decisión se tomará en la sesión que el alto tribunal ha de celebrar el próximo jueves, día 27.

ERC, tiempos de crisis

El tercer vértice de la actualidad política catalana es la convulsión que han provocado en ERC sus últimos descalabros electorales. Un fin de ciclo que le ha conducido a perder centralidad, capacidad de influencia en instituciones clave y ver como Junts le ha dado el sorpasso como primera fuerza política del independentismo.

En esa tesitura, la primera consecuencia fue la decisión de Pere Aragonès de renunciar al acta de diputado, si bien el gran movimiento tectónico se ha producido con el manifiesto en con el que unos 700 cuadros y responsables del partido, algunos de la actual dirección, plantean un cambio de liderazgos y emprender una nueva estrategia que «reconecte a ERC con la sociedad» y le devuelva el papel aglutinador que le permitió alimentar el Procés y hacer posible el referéndum de 2017.

También en esa coyuntura ha cogido relevancia el denominado Colectivo 1 de octubre, la corriente crítica de la formación que, tras las pasadas elecciones, ha aglutinado un centenar de militantes vinculados al ámbito sindical en un documento que exhorta a ERC a recuperar la vía unilateral y las viejas alianzas con el objetivo de alcanzar la independencia.

En cualquier caso, más allá de repensar posiciones y políticas de alianzas, en la crisis de ERC subyace el debate sobre el papel que ha de ejercer el expresidente Oriol Junqueras, el cual se ha mostrado dispuesto a presentarse de nuevo para liderar el partido. A diferencia de Marta Rovira, que ya ha declinado concurrir a la reelección, Junqueras ha anunciado su objetivo de encabezar la nueva etapa que se abrirá con el Congreso que ERC celebrará el 30 de noviembre.

En ese sentido, el ruido de fondo que venía gestándose tras las últimas contiendas ha desencadenado una espiral de manifiestos y declaraciones de perfil muy dispar, pero con el denominador común de apelar a reconducir la crisis de la forma más conciliadora posible, pues «todos somos necesarios para responder a los retos que exige la ciudadanía». Así se expresaba Marta Rovira esta semana, consciente de que los pesos pesados y las figuras más emblemáticas del partido durante las últimas décadas ya han dictado sentencia: para remontar el partido hará falta cambiar de estrategia, renovar el discurso y, también, nuevas caras que susciten el máximo consenso.