El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha anunciado este lunes que se tomarán las medidas legales que sean necesarias si las diez ex monjas clarisas del monasterio de Belorado que fueron excomulgadas el sábado pasado no abandonan voluntariamente el convento «en un plazo prudencial» que no ha especificado.

Iceta ha estado acompañado en la rueda de prensa por la secretaria de la Federación de Hermanas Clarisas de Nuestra Señora Aránzazu, Carmen Ruiz; el vicario judicial de la archidiócesis, Miguel Gómez Arce; y Rodrigo Saiz García, director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado.

El arzobispo Mario Iceta, como comisario pontificio y representante legal de los conventos de Belorado, Urduña y Derio de las clarisas, ha explicado que una vez excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, las diez exmonjas «no tienen derecho legal a permanecer en los monasterios, por lo que deben marcharse».

Decretos de excomunión

El pasado sábado, 22 de junio, se informó de los decretos de excomunión y de la expulsión de la vida consagrada a diez hermanas del monasterio de Belorado que «mostraron su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica», ha recordado el prelado burgalés, quien ha apuntado que «al ser personas preparadas» entienden que al abandonar la Iglesia «también deben dejar los monasterios, ya que son bienes eclesiásticos».

No obstante, a pesar de las excomunión de las diez monjas, sigue existiendo comunidad monástica en Belorado que está formada por las cinco hermanas mayores y otras tres hermanas que, aunque en este momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad.

La previsión de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu es atender a estas hermanas en el mismo monasterio de Belorado, desplazando a algunas monjas procedentes de otros conventos de la Federación.

«Proceso pacífico y sereno»

Durante su intervención, Iceta ha manifestado su confianza en que el proceso sea «pacífico y sereno» aunque ha recalcado que «todo depende de ellas», por eso se les va a conceder «un plazo prudencial» para que ellas mismas abandonen el monasterio antes de tomar medidas legales.

Asimismo, el arzobispo de Burgos ha subrayado que la excomunión es «algo reversible», de hecho en el manifiesto que ha leído ha declarado que «la Iglesia está deseosa de que vuelvan una vez recapaciten y se den cuenta», al tiempo que ha insistido en que «son ellas las que deciden abandonar la Iglesia, no se las echa».

Por otro lado, en la comparecencia se ha explicado que el pasado día 22 de junio se requirió a la exabadesa Laura García de Viedma toda la información económica necesaria para el sostenimiento de la vida ordinaria en el monasterio y el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y fiscales que afectan a los monasterios.

Pero han visto que los saldos de las cuentas corrientes «son insuficientes y pequeños», no superan los 6.000 euros ninguna de las diez cuentas por lo que el Arzobispado es consciente de que «es preciso inyectar liquidez» y la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto transferir fondos de otros monasterios para que haya saldos suficientes.

El arzobispo de Burgos ha señalado que desde el 13 de mayo «se ha estado a la espera de abrir un diálogo con la comunidad» pero tras diversos y variados intentos «la actitud de la comunidad no ha hecho posible diálogo alguno».

En más, transcurridos 39 días, se reciben el 21 de junio los dos últimos burofaxes en los que se afirma que «no reconocen la autoridad de este tribunal, ni su jurisdicción sobre las almas y menos aún» sobre ellas.