La Plaza Santa María de Gasteiz ha acogido esta tarde un acto para recordar la muerte de Enrique Gómez Álvarez, el mismo día en que se han cumplido 45 años desde que fue tiroteado desde un coche cuando iba a entrar en un bar de la calle Panecau de Baiona. El atentado, nunca resuelto, fue reivindicado por el derechista Batallón Vasco Español (BVE).

Enrique Gómez, ‘Korta’, nació en León, pero con tres años se trasladó a Gasteiz junto a su familia, atraídos por el desarrollo industrial de los años 50. Estudió euskara y trabajó como profesor de esta lengua en Gasteiz. Más adelante, se mudó a Arrasate e inició su militancia en ETA, los años finales del franquismo. En el año 1974, tras una serie de detenciones, huyó a Ipar Euskal Herria, donde residió hasta su fallecimiento en 1979.

Hace seis años, en un encuentros de víctimas de distinto signo, su hemana Candi Gómez, que tenía 16 años cuando mataron a ‘Korta’, rememoró el regreso de Baiona a Gasteiz, con el féretro custodiado por la Guardia Civil a toda velocidad, «con bastante miedo», en un Simca 1000 que les habían prestado, y la capilla ardiente instalada durante 24 horas en el portal de vecinos.

El acto ha sido organizado por Egiari Zor Fundazioa, y en su nombre ha tomado la palabra Pilar Garaialde, hija de Paulo Garaialde, taxista de Alegi muerto a inicios de 1982 en una ejecución reivindicada por la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista).

Garaialde ha recordado las diferentes siglas que compusieron el «terrorismo de Estado» durante el franquismo y los posteriores gobiernos de la UCD y el PSOE, una violencia que «provocó la muerte de 78 personas y cientos de heridos».  

«Nunca tuvieron justicia»

«Muchas veces escuchamos que a las víctimas, a todas, les debemos verdad, reconocimiento, justicia y reparación; sin discriminación, sin excepción. Es una frase fácil de articular, pero en el caso de las personas que han sufrido la violencia del Estado es muy difícil hacer realidad. La mayoría, salvo pocas excepciones, nunca tuvieron justicia. No la tuvo Korta, ni los compañeros asesinados en la masacre del 3 de marzo, ni Vicente Berrio, ni Jokin Diestre... ni muchas otras personas», ha lamentado.

Pilar Garaialde ha destacado que «la lista de discriminaciones que sufrimos es demasiado larga, demasiado pesada», y ha añadido que «la normalización democrática no exige abrir cuarteles como el de Sansomendi a la ciudadanía, la normalización democrática exige que las instituciones del Estado, los cuerpos policiales y los responsables políticos realicen un reconocimiento público de lo que nos hicieron al amparo de la lucha contra el terrorismo y asuman las responsabilidades derivadas de esos hechos».

Por contra, se mantiene vigente «la Ley de Secretos Oficiales franquista, que blinda la información que señalaría todos los hechos y responsabilidades derivadas de algo tan grave como la guerra sucia y el terrorismo de Estado».

El compromiso del ministro

En el otro lado de la balanza, la portavoz de Egiari Zor ha situado las leyes aprobadas en Gasteiz e Iruñea gracias a las cuales «en Hego Euskal Herria son ya 385 las víctimas de violaciones de derechos humanos oficialmente reconocidas. Y serán muchas más, porque vamos a seguir trabajando para que ninguna vulneración de derechos humanos queden en el cajón del olvido».

Garaialde ha reclamado nuevos pasos al recién constituido Gobierno de Lakua para que esta sea «la legislatura del reconocimiento. Hoy, en el 45 aniversario del asesinato de Enrique Gómez, decimos que todas tenemos derecho a vivir en los parámetros de la convivencia democrática. Que el esfuerzo para alcanzar este objetivo nunca será baldío, pero para llegar a este escenario todas y todos tenemos que dar pasos».

Así, ha valorado «de forma positiva» las palabras del ministro español de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien la pasada semana se comprometía a «avanzar» en el esclarecimiento de lo acontecido en los sanfermines de 1978 y en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. «Bien podrían acompañarse estos reconocimientos con la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y hacer así
efectivo nuestro derecho a la verdad».