Con el lema «¡Basta! Pongamos límites al turismo», una marcha congregó el sábado a miles de personas en Barcelona, hartas de los perjuicios causados por el actual modelo turístico sobre la ciudad y sus habitantes. Los datos hablan por sí solos: 31 millones de visitantes al año y creciendo. En el arranque de 2024 los viajeros han crecido un 13,1% sobre el año anterior, según el INE.

La turistificación de Barcelona está directamente vinculada a la expulsión del vecindario. En su fase más expansiva, ha conllevado la proliferación del parque de hoteles y la compra, por parte de fondos de inversión, de edificios que transforman en pisos turísticos, los cuales salen al mercado con unos alquileres inasumibles para la mayoría de residentes.

Si bien en marzo se aprobó el decreto que fija un techo en las zonas más tensionadas del Estado, solo en Barcelona el alquiler ya se ha elevado a una media de 1.193 euros mensuales, un 10% más que en 2023. Esto genera graves problemas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, solo el año pasado se ejecutaron en la ciudad 3,42 desahucios al día.

«La expulsión es un proceso que se retroalimenta, pues cada familia que marcha deja un agujero en el tejido social y se desarraiga del entorno en el cual había vivido», explica la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), promotora de la movilización del sábado.

El impacto más dramático lo vimos la semana pasada: tres vecinos de Barcelona se suicidaron tras recibir la orden de desahucio.

Otro de los efectos más visibles, también relacionado con el encarecimiento de los alquileres, es la sustitución del comercio de proximidad por servicios y locales comerciales destinados al turismo. Es algo que corrobora el Observatorio Económico Digital: a día de hoy, el 95% del comercio que encontramos en el paseo de Gràcia, el 93% en el Portal del Ángel, el 92% en la calle de la Portaferrissa y el 87% en la calle de Pelai, está orientado al turismo. Lejos de repercutir sobre los vecindarios o la propia ciudad, el beneficio que se extrae con la actividad turística va a parar a un número reducido de empresas de restauración. Y en lo que se refiere a los hoteles, a sociedades establecidas en paraísos fiscales (Meliá, Barceló, Riu, etc.).

Un modelo fallido

La extensión del monocultivo turístico también ha propiciado la precarización del mercado laboral. «Muchas personas, en su mayoría jóvenes, se ven abocadas a acceder a un sector en el que buena parte de los trabajos se hacen sin contratos o con más horas trabajadas que cotizadas y, en el caso de las camareras de piso, con unos salarios de miseria». Los datos son irrefutables: según el Ayuntamiento de Barcelona, si la media salarial en la ciudad es de 33.387 euros anuales, la del sector de la hostelería apenas supera los 17.000 euros.

También hay que subrayar la huella ecológica que generan los establecimientos de lujo o los cruceros –los informes municipales atribuyen al turismo el 75% de las emisiones de CO₂–, además de la mercantilización de las actividades socioculturales que se desarrollan en la ciudad. Prueba de ello es el desfile que Louis Vuitton organizó en el parque Güell, obligando a los vecinos a cambiar de recorrido para ir a casa, o el road show que el Ayuntamiento celebró con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en pleno centro de la ciudad, con los subsiguientes problemas de contaminación y movilidad.

Para los colectivos vecinales, la apropiación que el sector hace del patrimonio histórico –desde los búnkeres del Carmel al barrio Gótico, pasando por La Rambla, Ciutat Vella, el Born, la Sagrada Familia o el mercado de La Boqueria– da pie a que la población local decida esquivarlos ante la imposibilidad de habitarlos con comodidad. «Al fin y al cabo, la turistificación provoca una pérdida de la comunidad local, de sus tradiciones y maneras de relacionarse», advierten desde la ABDT.

La marcha de este sábado, a la cual se sumaron 200 asociaciones y colectivos de todo tipo, puso encima de la mesa una problemática que ya no es estacional, sino que se mantiene todo el año. Una dinámica frente a la cual, subrayan en un manifiesto, «ya no se trata de aplicar medidas paliativas, ni políticas de promoción selectiva, ni tampoco explorar una reforma del sector». Para estos colectivos, la única salida es adoptar planes de control y reducir la actividad, pues la conclusión es clara: «Para que las personas podamos vivir, el turismo tiene que decrecer».