La Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado este martes las líneas que orientan la acción de la Iglesia católica en relación a los abusos sexuales, con un plan de reparación integral a las víctimas, que incluye una comisión asesora con expertos. No obstante, los prelados han aclarado que lo aprobado no es un decreto que obligue a todas las diócesis.

El Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho se aplicará a aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y contará con reparación económica. El plan, según adelantaron los prelados la semana pasada, «implicará una personalización de la misma y un acompañamiento técnico, psicológico, médico y también espiritual».

Según ha explicado el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el plan no incluye una norma de obligado cumplimiento, como pedía el Gobierno español. Lo ha defendido y ha recordado al Ejecutivo que su responsabilidad es pensar en «todas las víctimas» y no solo en las de la Iglesia católica.

«Nosotros no firmamos ahora un decreto que obligue a todas las diócesis, a las 400 congregaciones religiosas, sino que nos dotamos de unos criterios de comunión para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas, que tienen derecho a esta reparación, puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa», ha advertido.

Ante las críticas del Ejecutivo por la aprobación de este plan, Argüello ha reconocido que la Iglesia ha actuado de manera unilateral y ha defendido que lo hace porque las vías jurídicas están cerradas al haber prescrito la mayoría de los casos.

Ha advertido de que el Gobierno de un estado democrático «debe respetar las reglas del juego porque una institución (la Iglesia) tiene el derecho y el deber de organizarse y de responde a lo que considere sus obligaciones».

Unanimidad de los prelados

En la reunión de la jerarquía de la Iglesia católica española se han aprobado tres documentos por unanimidad por los 67 obispos que han participado. El primero de ellos, ha expuesto que se trata de las líneas de trabajo, organizadas según las sugerencias del Defensor del Pueblo.

Respecto al segundo documento, ha apuntado que se trata de las líneas generales del Plan. Para su ejecución, según ha informado la CEE, recoge la creación de un órgano que coordinará la respuesta integral a las víctimas mediante un procedimiento no judicial.

Este organismo tratará de verificar individualmente cada caso para ver la condición de los hechos y establecer el marco de reparación oportuno. La reparación parte de lo que la víctima solicita para su sanación, afecta al victimario y a la institución a la que este pertenecía y busca la reparación integral de la víctima en todos los aspectos.

Asimismo, la CEE ha añadido que el Plan de atención y reparación a las víctimas tiene cinco ejes de los que se derivan las acciones referidas al reconocimiento de la víctima, la reparación y la prevención. El primero de ellos es la víctima en el centro de la reflexión y la acción de la Iglesia, le sigue la búsqueda «de la verdad y de la justicia», así como en el enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades jurídicas.

Entre los ejes, también está la acción coordinada en lo que se refiere al tratamiento de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, de manera que las medidas adoptadas resulten similares y que la diversidad institucional no redunde en perjuicio de las víctimas.

Igualmente, contempla asumir los cauces de reparación, para que, tratando de dar una respuesta integral al fenómeno de los abusos, no se olvide «la reparación económica, espiritual o psicológica cuando esta sea necesaria» y «evitar toda revictimización».

Finalmente, el tercer documento aprobado es «una especie de reglamento realizado en base de criterios para ver cómo poner la reparación integral en práctica, creando también una comisión asesora». Esta estará formada por diez personas: cuatro expertos del ámbito médico forense, cuatro del ámbito jurídico y un representante de la CEE y otro de la Confederación Española de Religiosos. La comisión podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con ellas.

La comisión recogerá toda la información ya elaborada por las personas que han atendido a esa víctima, para no revictimizar. Con todos los datos, la comisión ofrecerá un informe de los casos presentados, que se circunscriben a aquellos que no pueden ser juzgados por el fallecimiento del victimario o por la prescripción del delito.

Sistema de valoración de daños

La comisión, con la ayuda de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, elaborará un posible baremo o sistema de valoración de los daños y perjuicios padecidos. Para ello se tendrán en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras conferencias episcopales del entorno.

En cuanto al asunto económico, el presidente de la CEE ha dicho que la Iglesia católica responderá. «Una reparación integral pide tiempo, pide personas y pide indemnización del daño producido», ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Religiosos, Jesús Antonio Díaz Sariego, ha destacado que el Plan es «un marco regulador» que permite «atajar esta realidad» y que pone «especial incidencia en la reparación moral».