En un informe titulado "Su hijo no existe aquí", la organización Human Rights Watch (HRW) ha documentado casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades de El Salvador bajo las normas de excepción para combatir a las pandillas.

El documento da cuenta de numerosas redadas de la Policía y el Ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80.000 detenidos, incluidos casi 3.000 menores.

Asimismo, el texto contabiliza más de 1.000 niños que han sido condenados, con sentencias que van de dos a 12 años de prisión, en algunos «por cargos definidos de forma excesivamente amplia como el delito de [integrar] agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados».

«Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el Gobierno» del presidente Nayib Bukele, a denunciado la directora de HRW para América, Juanita Goebertus.

«El Gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades», ha añadido.l

Bukele lanzó en marzo de 2022 una «guerra» contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. 

Confesión bajo tortura

Uno de los casos documentado por HRW es el de un estudiante de 16 años que fue detenido en mayo de 2022 en Sensuntepeque, a 83 kilómetros al noreste de la capital, San Salvador.

«Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla», señala el informe.

HRW sostiene que el joven fue acusado de integrar agrupaciones ilícitas «sobre la base de un único testimonio de un 'testigo criteriado' (beneficiado por su colaboración) anónimo, y condenado a seis años de prisión». Todavía está preso.

«En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura», denuncia HRW.

La OMG salvadoreña Cristosal consignó la semana pasada que al menos 176 niños quedaron huérfanos por el deceso de alguno de sus progenitores presos, mientras que 261 adultos han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024.

Bukele rechaza acabar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura.

Con su cruzada los homicidios se redujeron drásticamente y Bukele se convirtió en el mandatario más popular de América Latina, según una encuesta regional. En febrero fue reelegido con el 85% de los votos.
 
HRW recomendó establecer un mecanismo para revisar los casos de detenidos «sin evidencia creíble y disponer su liberación inmediata».

En esta línea, HRW propone dar prioridad a la revisión de casos de menores presos, así como personas con discapacidad o graves problemas de salud y mujeres embarazadas.

Sobre los menores «identificados de forma creíble como miembros de pandillas, los jueces deberían tener en cuenta factores atenuantes como circunstancias del reclutamiento del niño, el contexto familiar y social y su relativa falta de madurez», añade.