Cuatro niños y niñas y 261 adultos han fallecido bajo custodia estatal en El Salvador entre los años 2022 y 2024. Así lo revela un nuevo informe de la organización Cristosal, que denuncia que todas estas muertes en el marco del régimen de excepción han dejado, a su vez, 176 menores en la orfandad.

Cristosal estima que, ante «la escasa información oficial», el número de personas que han fallecido en las cárceles salvadoreñas pueda ser «mayor». Asimismo, el estudio, denominado “El silencio no es opción”, refleja que de las 261 personas muertas bajo custodia estatal, solo 24 tenían tatuajes alusivos a las pandillas o habían sido procesadas previamente por delitos vinculados a hechos cometidos por estas estructuras criminales.

Tras un análisis médico-forense, la ONG determinó que 88 muertes pudieron ser producto de un acto criminal; 87 serían el resultado de una patología y 14 son posibles muertes violentas. Mientras, no hay información suficiente para concretar las causas de las otras 72 restantes.

Por otra parte, Cristosal detalla que la gran mayoría de las personas fallecidas bajo custodia estatal (93%) eran hombres jóvenes y de bajos recursos que vivían en el área urbana, aunque casi el 40% de ellos provenía originalmente de zonas rurales.

La investigación también revela que el encarcelamiento masivo del régimen de excepción del Gobierno de Nayib Bukele ha puesto en alguna modalidad de abandono a más de 62.000 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Al mismo tiempo, 1.194 menores fueron tratados como adultos y sometidos a la acción penal ante jueces de crimen organizado. 

Además, el estudio de más de 1.000 casos judiciales confirma, según Cristosal, que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen, puesto en marcha en marzo de 2022, no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes.

En muchos casos, añade, se trata de ciudadanos que por años fueron víctimas directas de la violencia ejercida en sus comunidades por las pandillas y enfrentan ahora la «violencia institucional del Estado».

«Violaciones de niñas»

«El Estado se ha convertido en un aparato de captura de inocentes y/o potenciales criminales practicando detenciones arbitrarias, masivas e ilegales», denuncia Cristosal, que censura que el régimen de excepción «promueve la normalización del abuso de poder, incluidas la práctica de detención sin pruebas, torturas y homicidios».

En este contexto, advierte de que las fuerzas de seguridad «cometen abusos de poder constantes y delitos que incluyen violaciones de niñas y mujeres bajo coacción».

Concretamente, el informe recoge el caso de una niña de 13 años que, en septiembre de 2023, fue interceptada por una patrulla de seis militares cuando volvía de la playa con unos amigos en La Libertad. Según relata, un sargento la apartó del resto del grupo y la violó bajo amenaza de capturar a todo el grupo si no accedía. 

El caso de la activista Dina Hernández

La investigación también destaca el caso de Dina Hernández, una activista de derechos humanos que estaba embarazada de 35 semanas cuando fue detenida en marzo de este año y acusada de agrupaciones ilícitas. Pese a que un juez la dejó libre con medidas sustitutivas 24 horas después del arresto, las autoridades penitenciarias no cumplieron la orden y ese mismo día otro tribunal ordenó su captura atribuyéndole otro delito.

Tres semanas después, de acuerdo al estudio, la familia supo que la hija que gestaba la arrestada había muerto y solo pudo recoger el cadáver, mientras que se desconoce las condiciones de salud de la madre.

Otro de los aspectos que destaca el documento es que un total de 946 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia desde que inició el régimen de excepción. Concretamente, el 45,3% de los desplazamientos fue provocado por amenazas y acoso por parte de la Policía Nacional Civil y el Ejército; un 34,9%, por integrantes de las pandillas, y un 19,8%, por desconocidos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba mensualmente desde marzo de 2022 el régimen de excepción, que se ha traducido en la detención de más de 80.000 personas, de las cuales 7.000 fueron liberadas por falta de pruebas que las vincularan a las pandillas.

Hace escasas semanas, aprobó la 28ª prórroga de esta medida que, junto al Plan de Control Territorial, auparon a Bukele a un segundo mandato tras arrasar en las elecciones de febrero, pese a que la Constitución prohíbe en varios artículos la reelección presidencial. En sus dos periodos de mandato, ha logrado el control absoluto de los tres poderes del Estado y ha hecho oídos sordos a las denuncias de torturas, muertes en las cárceles y detenciones arbitrarias.