En noviembre el Gobierno israelí redujo la cifra de las víctimas de aquel ataque cuando comprobó que al menos 200 cuerpos identificados como israelíes eran en realidad milicianos palestinos. Era una primera pista de que muchas de las víctimas que quedaron en las viviendas y coches calcinados de las localidades y kibutz israelíes no las habían provocado únicamente los milicianos palestinos y el nivel de destrucción no podía ser atribuido solo a sus armas.

‘Haaretz’ confirmó a principios de julio que en su caótica reacción al inesperado ataque, el Ejército israelí aplicó la directiva que exige el uso de la fuerza máxima para evitar secuestros, incluso si eso significa arriesgar las vidas de las víctimas. 

Pensada para evitar la captura de soldados, con la que los palestinos han negociado en el pasado, en este caso se aplicó también a los civiles capturados que Hamas y el resto de milicias querían llevar a la Franja.

La directiva ‘Aníbal’ permite al Ejército disparar sin restricciones a secuestradores y vehículos para evitar que se complete el secuestro, incluso a expensas de la vida de los secuestrados.

La exhaustiva investigación de ‘Haaretz’, que consultó gran número de fuentes militares, comprobó que hubo órdenes directas de aplicarla. «Ni un solo vehículo puede volver a Gaza», ordenaron los mandos a las 11.22, unas cinco horas después de empezado el ataque.

Los militares aún no conocían la envergadura del ataque palestino pero entendieron el mensaje. «Todo el mundo sabía lo que significaba no permitir que ningún vehículo regresara a Gaza. Cualquiera que tomara tal decisión sabía que nuestros combatientes en la zona también podrían ser alcanzados. Todo el mundo sabía que esos vehículos podían transportar civiles o soldados secuestrados», afirmaron los testimonios. «Había una histeria enloquecida, se tomaban decisiones sin ninguna verificación», añadieron.

El Ejército israelí desplegó drones, disparó con artillería y atacó con helicópteros. La investigación confirma que los militares sabían que había civiles entre los rehenes y el Ejército ha reconocido que al menos mató a 13 residentes del kibutz de Be’eri.

Con todo, esa directiva no impidió el secuestro de unos 250 soldados y civiles, de los que muchos permanecen prisioneros, mientras otros han muerto en ataques aéreos o por disparos israelíes en Gaza.