Salvador Illa, líder y candidato del PSC, espera ser investido president al término de una sesión que tiene previsto comenzar a las 10.00 horas en el Parlament, un pleno cuya celebración, sin embargo, estará concidionada por lo que ocurra con Carles Puigdemont. El exmandatario anunció ayer que emprendía su «viaje de retorno del exilio», y el desenlace de ese regreso marcará el devenir de la jornada y el futuro inmediato político e institucional de Catalunya.

De momento, Junts, la ANC, el Consell de la República y Òmnium han convocado un acto de bienvenida a las 9.00 horas en el paseo de Lluís Companys de Barcelona, a las puertas del Parc de la Ciutadella, que alberga al Parlament. ERC y la CUP han anunciado su presencia, «como se ha hecho con todos los exiliados», según dijeron ayer desde Esquerra, y está previsto que también acudan 700 alcaldes de la Assamblea de Municipis per la Indenpendència. Lo que se desconoce es qué ocurrirá cuando Puigdemont haga acto de presencia, o siquiera si logrará acceder no ya al punto de encuentro, sino a la capital.

Y es que sobre el expresident, que ha vivido exiliado los siete últimos años, pesa una orden de detención tras no aplicarle el Tribunal Supremo español la amnistía por el delito de malversación que pesa en su contra, contraviniendo el espíritu y objetivo de la ley aprobada el 10 de junio por mayoría del Congreso.

Con la derecha y ultraderecha españolas, incluso algún representante institucional, como el consejero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, exigiendo su detención inmediata, los Mossos d’Esquadra tienen previsto un importante despliegue en los accesos al Parlament, que se encuentra a pocos metros de distancia del lugar previsto para recibir al expresident.

Sin «normalidad», ¿aplazamiento?

«Tengo que estar y estaré», expuso ayer Puigdemont en un mensaje en catalán y subtitulado al inglés en la red social X. Añadió que «en condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario. Pero las nuestras no son condiciones democráticas». Y eso mismo quedará de manifiesto esta mañana.

En esta tesitura, el president del Parlament, Josep Rull, declaró el martes en una entrevista en Vilaweb que «no puede aceptar que el pleno no se desarrolle con normalidad», por lo que, en caso de detención, optaría por aplazarlo.

Rull, de Junts, añade en la entrevista que «hará tanto como pueda» para impedir que un diputado pueda ser detenido cuando esté ejerciendo sus funciones, ya que, insistió, «el Parlament es democráticamente sagrado y no se puede limitar ningún derecho, en términos de privación de libertades, de ningún diputado». En este sentido, añadió que tanto el Estatut como los protocolos aprobados refuerzan esta posición. «No se puede interferir en la actividad parlamentaria, de ninguna de las maneras».

Lo cierto es que si Puigdemont consigue presentarse en su acto de bienvenida, es improbable que los agentes procedan a su detención en el contexto de movilización multitudinaria prevista en el paseo Lluís Companys, y desde allí se dirigiría al Parlament acompañado de autoridades y cargos electos, un contexto en el que tampoco parece que pueda producirse un arresto. Si llega al perímetro blindado del Parque de la Ciutadella, se encontrará con un primer filtro de los Mossos, que podrían dejarlo pasar para capturarlo luego, ya dentro del recinto.

Al ser preguntado por cómo actuaría si las fuerzas policiales entrasen en el Parlament para arrestar a Puigde- mont, respondió: «Si fuese así, miraría de situar al president Puigdemont en un lugar lo más seguro posible dentro del Parlament, que será mi despacho. Lo tengo muy claro».

Este y otros escenarios -arresto tras el pleno, incidentes de grupúsculos españolistas- eran los que se barajaban horas antes de una sesión de investidura donde, en principio, lo único que escapa a la incertidumbre es el sentido de los votos. Si llegan a emitirse.

Ocurra lo que ocurra, el impacto político de un eventual encarcelamiento de Puigdemont iría mucho más allá de la investidura y afectaría a toda la legislatura, no solo en Catalunya, comience cuando comience, sino también en el Estado, donde el Gabinete de Pedro Sánchez, endeble en sus apoyos, podría acabar tan comprometido como el de Illa.