La llegada de Carles Puigdemont a Barcelona, su discurso en Arc de Triomf y su posterior desaparición dejó ayer una resaca importante en el Govern saliente y entrante, los Mossos d'Esquadra y el juez Pablo Llarena, entre otros. Según publicó el propio Puigdemont por la noche en X, ya se encuentra en Waterloo tras eludir el jueves un gran dispositivo policial contra el que cargó duramente.
«La ola represora que ha desatado el conseller de Interior Joan Ignasi Elena y el comisario jefe de los Mossos es digna de Marlaska o de Zoido», escribió Puigdemont. Tanto Elena como el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, comparecieron en rueda de prensa para dar explicaciones sobre lo ocurrido, una comparecencia que el president en el exilio calificó de «una de las más deplorables» que recuerda.
Tanto Elena como Sallent se habían mostrado especialmente duros con Puigdemont. Por ejemplo, el conseller aseguró que los mossos no se esperaban «un comportamiento tan impropio» de quien había sido la máxima autoridad de Catalunya, y lamentó que desde Junts se urdiera un plan para dinamitar y deslegitimar el pleno de investidura «porque no gustaba el resultado del mismo».
Puigdemont respondió señalando que debería «caérseles la cara de vergüenza» al haber diseñado un dispositivo similar al de una «operación antiterrorista» como el que se activó en 2017 contra los yihadistas que atentaron en Barcelona y Cambrils.
Ayer fue por tanto día de reprimendas, de buscar culpables y con los Mossos como protagonistas. El propio Llarena solicitó sendos informes a la Policía catalana y al Ministerio español de Interior sobre el operativo policial planificado para arrestar al president Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo quiere saber cuál fue el dispositivo policial aprobado y desplegado, quiénes eran los agentes responsables de su diseño, aprobación y ejecución y cuáles fueron las razones de su «fracaso», «desde un aspecto técnico policial».
Por su parte, El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pidió datos del operativo contra Puigdemont antes de decidir si admite la querella de Vox y decidir si investiga al conseller de Interior y a la cúpula de la Policía catalana.
Jimmy Jump en Barcelona
Para explicar lo ocurrido, Sallent señaló que su «previsión era hacer la detención en el lugar más idóneo», pero «una masa de personas que configuró un muro no nos permitió acceder». Los hechos, expresó, sucedieron rápido y, tras entrar en una carpa, Puigdemont y Jordi Turull salieron con un sombrero, detalle que Puigdemont negó en su mensaje.
Después, se marcharon en un vehículo que se perdió en la calle Circunvalación de Barcelona tras una breve persecución: el dispositivo contaba con drones aunque, en sus palabras, colocados con mejor o peor acierto. El coche se escabulló cuando estaban a pocos metros de él, por culpa de un cambio en un semáforo, explicó Sallent, lo que motivó la activación del Dispositivo Gàbia, primero en Barcelona y después con controles en toda Catalunya, que luego fue interrumpido porque coarta la movilidad de la ciudadanía.
No obstante, la Comisaría de Información estaba convencida de que el president en el exilio tenía una «voluntad real» de participar en el pleno o, al menos, de intentar llegar al Parlament, y trabajó sobre esta premisa. Según él, descartó la huida porque su aparición «se asemeja más a lo que haría el señor Jimmy Jump —un conocido espontáneo en diversos eventos— que al regreso de un expresident».
Sobre la participación de dos mossos en la fuga, Sallent señaló que «no merecen vestir nuestro uniforme» y no descartó la implicación de más agentes. Por la tarde, se detuvo a un tercero. Los otros dos policías detenidos están en libertad provisional sin ninguna medida cautelar.
Puigdemont también tuvo palabras para los mossos apresados: «No puedo creer que la caza de brujas que se ha desatado contra algunas personas concretas, simplemente porque las han visto a mi lado en momentos determinados, sea protagonizada desde ámbitos políticos que se llenan la boca de lucha antirrepresiva».
¿Nueva etapa?
El retorno de Puigdemont levantó ayer ampollas entre sectores reaccionarios, incluidos PP y Vox, que cargaron contra Pedro Sánchez. Las únicas palabras del Gobierno español vinieron de Félix Bolaños, que responsabilizó a los Mossos del operativo y añadió que el episodio «no puede servir para olvidar que ayer fue el primer día del futuro de Cataluña».
De hecho, Salvador Illa y Pere Aragonès escenificaron el reparto de poderes y la apertura de una nueva etapa en la vida política de Catalunya, aunque parece que esta aún tendrá que esperar. La Ley de Amnistía se planteó en esa dirección, pero las maniobras y la obsesión del juez Llarena para sabotearla reflejan la excepcionalidad política que logró evidenciar Puigdemont.
El acto de desobediencia de Carles Puigdemont reflejó uno de los últimos coletazos del procés, así como una humillación a las autoridades españolas que han intentado capturarle a lo largo de siete años. En términos prácticos, el independentismo enfrenta cuatro años de un Ejecutivo unionista bajo el liderazgo del líder del PSC. Hoy a las 12.00 Illa asumirá el cargo tras catorce años de Gobiernos catalanes soberanistas.