![El fiscal Calparsoro, en un acto oficial anterior.](/media/asset_publics/resources/001/148/301/article_main_landscape/calparsoro.jpg)
El fiscal jefe de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, ha confirmado, en declaraciones a EFE, que el Ministerio Público ha solicitado ya la inhibición del juzgado ordinario para que sea el de violencia de la mujer el que se haga cargo del caso de Txomin Enea, por el que fue detenido un miembro de la Ertzaintza ahora registrado como mujer.
Aunque en un principio el Departamento de Seguridad informó de que el arrestado era un hombre y se le imputaba un delito de violencia de género, horas después trascendió que se había cambiado de sexo en el Registro Civil en noviembre y actualmente consta legalmente como mujer, por lo que no encajaría en dicho tipo penal.
No obstante, Calparsoro ha indicado que, además de los hechos del pasado sábado, «puede haber hechos presuntamente delictivos anteriores al cambio de sexo, en cuyo caso la calificación se corresponde al delito de violencia sobre la mujer».
El fiscal entiende que, de acreditarse episodios anteriores, todos ellos se acumularían y el agente podría ser procesado como autor de un delito de violencia de género.
Las penas, similares según Calparsoro
En cualquier caso, ha restado importancia a ese aspecto porque «las penas que se prevén, sea violencia doméstica o de género, no son muy diferentes». «Algo cambia, pero no es un cambio sustancial», considera.
Calparsoro ha indicado que en el caso de la violencia de género se refuerza la protección de la víctima y las penas pueden ser algo superiores, aunque cree que el castigo resulta similar.
Sin embargo, sí existe un juzgado específico para los casos de violencia ejercida por un hombre contra una mujer, mientras que si el delito lo comete una mujer contra una compañera sentimental femenina el procedimiento lo sigue un juzgado de instrucción común.
En el caso de Donostia, por el momento ha sido un juzgado de instrucción el que ha adoptado las medidas cautelares contra la ahora agente, como una orden de alejamiento, que el fiscal entiende que son las mismas que habría adoptado el juzgado de delitos contra la mujer.
«Si no hubiera cambiado de sexo se habrían acordado las mismas medidas cautelares. Puede que cambie algún grado de respuesta, pero no creo que sea tan decisiva», ha indicado.
Ha admitido, no obstante, que el estatuto de la víctima es diferente porque «la víctima de violencia de género tiene reconocidos una serie de derechos reforzados sobre el resto de víctimas» y disfruta de una «protección algo más intensa».
No investigará de momento si hay fraude de ley
Ha negado que la Fiscalía vaya a investigar si el miembro de la Ertzaintza cometió un fraude de ley al cambiar de sexo y ha explicado que si en el procedimiento del delito cometido el sábado «se derivan datos para entender que el cambio de sexo obedeció a un fin contrario al que prevé el ordenamiento jurídico», el Ministerio Fiscal podría interponer una demanda civil para anular el acto jurídico del cambio de sexo.
En cualquier caso, esta posibilidad solo podría llevarse a cabo mediante un procedimiento diferenciado, por la vía civil.
Calparsoro ha añadido que resulta improbable que una persona cambie de sexo con la intención de cometer un delito porque «la conducta se castiga igual», aunque con algo más de intensidad cuando lo comete un hombre.
En su opinión, la llamada Ley Trans no ha dado ningún problema, aunque lleva poco tiempo de aplicación. No obstante, «si se entiende que puede generar algún tipo de fraude o situación contraria al espíritu de la ley se podrá cambiar».
«Pero no ha dado ningún problema, ni siquiera en este asunto, ya que afecta a una respuesta más o menos intensa», ha insistido.
Calparsoro ha comentado que se trata del primer caso de este tipo al que se enfrentan en Gipuzkoa, tras lo que ha subrayado que «lo más importante es la víctima, más que la agresora».
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