Un altar con 41 cruces erigido en medio del Parque Central de Ciudad de Guatemala y frente al Palacio Nacional es el símbolo de la memoria por la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017 en un hogar de protección y abrigo gestionado por el Gobierno. Ese Día Internacional de la Mujer, 56 niñas pretendían estar en libertad tras intentar huir el día anterior de los maltratos, hacinamiento y comida en mal estado que sufrían en el mal llamado Hogar Seguro. La Procuraduría de los Derechos Humanos incluso denunció ante la Fiscalía la posible existencia de una red de trata de menores en su interior.

Sin embargo, sus anhelos de escapar de ese infierno se vieron frustrados por la intervención de la Policía, que las capturó poniéndolas de nuevo a disposición del Estado. Se trataba de adolescentes, de entre 13 y 17 años, cuyos derechos habían sido vulnerados en sus familias, razón por la cual un juez determinó que la mejor opción era internarlas en el hogar público de protección y abrigo.

Pero en lugar de sentirse seguras, eran constantes los abusos y vejaciones por parte del personal que trabajaba en el Hogar dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Por ello, idearon un plan para escaparse el 7 de marzo, simulando una pelea en el comedor.

En su estratagema de huida lograron convencer a decenas de adolescentes varones que permanecían en un área anexa dentro de las mismas instalaciones, donde vivían en total más de 600 menores de edad.

Pese a que pudieron abandonar el lugar, horas más tarde la Policía capturó a las y los adolescentes, colocándoles frente al portón del Hogar Seguro a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre qué hacer con ellos. Mientras, los trabajadores del Hogar Seguro redactaron un acta negándose a recibir a las adolescentes que habían participado de la revuelta, por lo que las máximas autoridades delegaron la responsabilidad sobre las jóvenes a la policía.

Previamente, tras visitar el interior de las instalaciones, decidieron que el lugar más adecuado para que las niñas pasaran la noche era un aula de pedagogía donde las encerraron ilegalmente bajo llave, a la espera de que al día siguiente una jueza resolviera qué hacer con ellas.

Únicamente les dieron 22 colchonetas para dormir y les impidieron usar los baños que estaban en el exterior al no contar con agua.

Pese a ser ilegal, estuvieron custodiadas por agentes de la Policía que no tenían potestad para estar en el interior del Hogar Seguro, y la subinspectora Lucinda Marroquín era quien tenía la llave del aula.

Nueve minutos para abrir la puerta

En la mañana del 8 de marzo y después de que les sirvieran el desayuno en bandejas de duroport, las 56 adolescentes encerradas en el aula solicitaron nuevamente a las agentes de policía que les abrieran la puerta para ir al baño. Ante su negativa, se vieron obligadas a realizar sus necesidades en el salón de clases, donde tenían menos de un metro cuadrado para cada una.

Debido a la falta de libertad, una de las adolescentes, con el fin de llamar la atención para que les abrieran la puerta, prendió fuego a una de las colchonetas. Al ver que las llamas y el humo crecían, las jóvenes golpearon la puerta y pidieron auxilio sin éxito, dado que Lucinda Marroquín se negaba a abrir la puerta, pese a que sus propias compañeras se lo estaban exigiendo. La Fiscalía ha desvelado que, de acuerdo a testigos del incendio, la subinspectora llegó a decir: «Que se quemen esas hijas de la gran puta y así como fueron buenas para fugarse quiero ver que sean tan fibrudas para salirse».

Nueve minutos después abrió la puerta. 19 de las adolescentes murieron allí mismo por asfixia y en los días siguientes, por las graves quemaduras, fallecieron en los hospitales otras 22. Quince más resultaron heridas de gravedad e incluso sufrieron amputaciones, por lo que varias tuvieron que ser tratadas en EEUU. Según el peritaje de incendios, las niñas estuvieron expuestas a una temperatura superior a los 300 grados con menos de un 21% del oxígeno necesario, por lo que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas.

Por estos hechos, doce funcionarios fueron acusados de varios delitos, entre ellos, homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, lesiones culposas, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Ocho guardaron ingresaron en prisión preventiva, si bien hoy día todos están en libertad. En enero comenzó el juicio contra ocho de los acusados, sin visos de que finalice este año, mientras que todavía no hay fecha para el segundo juicio contra los otros cuatro.

Vianney Hernández, madre de una de las 41 niñas fallecidas, augura que no habrá justicia para ellas y que nadie entrará en la cárcel tras la sentencia. «Va a ser un golpe fatal para nosotras», advierte, al tiempo que lamenta que «estamos luchando contra un monstruo, que es el Estado de Guatemala».