Madrid ha sido la primera. El PP ha decidido comenzar la cadena de dominó de recursos ante el Tribunal Constitucional contra la amnistía a los encausados del «procés», algo que harán todos los gobiernos autonómicos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido ser quien inaugurara esta ofensiva.

En un desayuno informativo del Nueva Economia Forum en un hotel del centro madrileño este lunes, a los dos minutos de comenzar su discurso la «lideresa» ha dado la noticia: «Hemos presentado esta mañana el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía, ya habíamos avanzado que no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción contra la democracia, que supone otro paso más de Sánchez en su operación de destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima».

Además ha añadido que junto al recurso se han presentado «recusaciones contra los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso por su pública y notoria vinculación con el Partido Socialista, que presentó el texto por lo que los inhabilita para enjuiciar» su constitucionalidad.

En una nota de prensa, el Ejecutivo de Puerta del Sol ha informado que el recurso está basado en el informe emitido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que en junio pasado había comenzado a elaborar un informe por pedido del Consejo de Gobierno, y en su dictamen los juristas han avalado la interposición del recurso por crear un estatus «privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma concreta».

También recoge que la ley de amnistía ha sido aprobada «sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces y fiscales, los letrados del Senado y los de la Comisión de Justicia del Congreso».

Para la presidenta madrileña, «la política ha entrado en una etapa desconocida en los últimos 45 años, donde nos van a intentar cambiar el modelo territorial y meternos en el federal ‘de facto’»

El anuncio, observado en primer plano por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, desde una mesa del auditorio, ha sido precedido por una andanada de críticas brutales contra Pedro Sánchez, en un discurso agorero de tragedias cada vez más pronunciado: «La política ha entrado en una etapa desconocida en los últimos 45 años, una fase muy difícil, donde nos van a intentar cambiar el modelo territorial y meternos el modelo federal de facto».

«Lo han dicho claramente y sin consultar, creando un nuevo problema para España. Nos quieren hacer creer que es mejor una república confederal y no el Estado autonómico que somos votado por la inmensa mayoría de los españoles. Todo transformado a medida del poder absolutista», ha recalcado.

En su justificación ideológica para la embestida judicial contra la amnistía, ha aseverado que «no hay derecho a invertir la verdad y la historia de España con tal de seguir en un proyecto de ruptura y totalitario» y ha opinado que «hasta Esquerra Republicana ha sido más democrática, consultando el pacto con sus bases, mientras que Sánchez lo hizo por la vía de la coacción», aunque sus diatribas se entremezclaban contra la amnistía y el pacto por la financiación singular.

Al respecto de este último, ha reivindicado el «todos a uno» de Alberto Núñez Feijóo y ha pedido a todos los barones que se mantengan en la posición de no discutir «lo que es de todos» de forma bilateral «en un despacho de Moncloa que seduce mucho pero también miente mucho». «Esto no va solo de dinero, va de España, es lo que hacen, nos confunden con la discusión sobre el dinero», ha enfatizado.

También ha lamentado los «ataques» que a su juicio comete Sánchez contra Madrid, «una región con ritmo de vida trepidante y muy exigente», en relación a las críticas del presidente del Gobierno por los «regalos fiscales a los más ricos»: «No sé cómo creen algunos que a alguien le va a ir mejor atacando a la región capital de España. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Estamos en un país desincentivado, hundido, y el peso de las subvenciones va a acabar muy mal como en otros países».

«No sé cómo creen algunos que a alguien le va a ir mejor atacando a la región capital de España»

A la hora de las preguntas, sobre la financiación autonómica y si también habría que revisar los derechos forales vascos, ha respondido: «Hemos asumido durante muchos años una situación privilegiada para estas dos comunidades, porque así lo recoge la Constitución. Si esta es la tónica para Catalunya, hay que parar esto. Tenemos que mirar hacia adelante y pensar cómo hemos llegado hasta aquí, no podemos seguir siendo una nación presa de nacionalistas que siempre quieren más».

Además, ha vuelto a insistir con una vieja idea de un sector de la derecha españolista para limitar la representación proporcional en el Congreso, aunque sin mencionarlo explícitamente, ya que ha llamado a que haya «reformas legislativas para que los partidos mayoritarios vean expresadas su voluntad» y «quitarle ese poder que nadie les ha dado a los nacionalistas, ahora Junts maneja la política española y tiene en Catalunya menos votos que el PP». Y se ha permitido bromear con las palabras: «España no es una república de estados federales de nada, ni ‘pluri-pluri’ ni plurinacional».

Lo apocalíptico también ha involucrado a la economía, ya que ha avizorado que Moncloa busca «confiscar los impuestos para multiplicar la pobreza mientras persiguen a los que llaman ricos» y hasta ha reivindicado que ella se paga sus viajes de vacaciones, «no como Sánchez».

Réplica del delegado Aguirre: «Sobredosis»

Al concluir e irse a un acto de inicio del ciclo escolar en Alcobendas, ha hecho una breve declaración el delegado del Gobierno español ante los medios para dar una respuesta a Ayuso. Ha dicho que expresaba su «solidaridad con todas las personas agredidas» en un discurso lleno de «barbaridades» y con una «sobredosis de catastrofismo». Aguirre, un hombre del entorno de mayor confianza de Sánchez, ha lamentado que haya habido «un exabrupto todo el tiempo» que la presidenta regional ha hablado.

La baronesa conservadora se ha dado el gusto de ser la iniciadora de la contraofensiva judicial contra la amnistía, piedra nodal del pacto de investidura de Sánchez en noviembre pasado, pero a ella le seguirá la Generalitat valenciana: este lunes por la tarde el Consell de Govern, integrado por el PP en coalición con Vox, aprobará el pedido de presentación de un recurso. El president Mazón, de hecho, ha convocado un pleno extraordinario para este fin.

Igualmente, no son pocos los juristas que aseguran que estos recursos no pueden prosperar porque no se ajustan a derecho al no ser las comunidades autónomas damnificadas directas por la amnistía, un asunto netamente político y que no involucra reparto de fondos ni perjudica competencias.