El «Plan de acción por la Democracia» aprobado este martes por el Consejo de Ministros español plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.

El proyecto, que incluye 31 medidas y que se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la «actualización» de la Ley de Secretos Oficiales, una demanda reiterada en Euskal Herria y especialmente por las víctimas de guerra sucia.

Cabe recordar que la norma vigente es franquista (de 1968) y no establece plazos de prescripción. Y tampoco hay que olvidar que en todos los gobiernos de Pedro Sánchez se ha verbalizado este compromiso, sin llegar a materializarlo pese a los diferentes globos-sonda lanzados (como este que estiraba los plazos de levantamiento de secretos de los GAL hasta 2048). De hecho, hay un proceso de reforma ya en marcha desde febrero.

El objetivo, ha manifestado en la rueda de prensa del Consejo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del «ecosistema informativo»; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Entres las propuestas novedosas, se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate del Estado de la Nación, celebrar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.

Transparencia en los medios

En el área de los medios de comunicación, el Gobierno quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.

Apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, «para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas», y revisará además el marco regulatorio para «garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación».

Entre las reformas previstas en ese área propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y también el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Contra la desinformación

El plan incluye aprobar una «Estrategia Nacional» de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias «falsas o abiertamente tendenciosas», con indemnizaciones y plazos adecuados.

En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.

Junto al programa de cien millones de euros para promover la digitalización de los medios, se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.

Ley Mordaza, artículo 36

En este mismo contexto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha abogado por retomar las negociaciones parlamentarias para «construir el consenso» sobre la reforma de la Ley Mordaza y así poner fin a «anomalías» como las sanciones por informar de actuaciones policiales.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Urtasun ha mencionado concretamente el artículo 36 de esta norma, aprobada por el PP con mayoría absoluta y cuya reforma fracasó en la pasada legislatura por las 'líneas rojas' marcadas por el Ministerio el Interior y el PSOE ante el empeño de ERC y EH Bildu en medidas como eliminar las pelotas de goma como material antidisturbio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Urtasun ha incidido en la necesidad de «acabar con las sanciones que profesionales de la información están recibiendo por hacer su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En Euskal Herria se han producido varios casos.