El Ministerio del Interior español ha acordado la devolución a Marruecos de al menos diez activistas saharauis que permanecían desde hace días en el aeropuerto de Barajas en Madrid tras solicitar asilo y ser denegado, motivo por el que este pasado fin de semana decidieron emprender una huelga de hambre para denunciar las «condiciones de insalubridad» en las que permanecen allí y pedir al Gobierno español que cumpla con su «deber» de asilo político y les conceda la libertad.

Según indica Europa Press, que cita fuentes del Ministerio del Interior, en la sala de asilo del aeropuerto madrileño hay en la actualidad 57 activistas saharauis, de los que diez habían comunicado su decisión de ponerse en huelga de hambre, aunque solo cinco han rechazado la comida a primera hora del día. De acuerdo con la abogada Fátima Fadel, sin embargo, son una treintena los activistas que están secundando la huelga de hambre.

Esta abogada ha afirmado que sus defendidos «alegan y prueban» que son «activistas saharauis perseguidos». «Algunos han estado en prisión y han sido torturados. Estamos ante hechos probados para solicitar protección internacional, porque corren peligro si vuelven a su país», ha asegurado, al tiempo que ha denunciado que hay personas retenidas desde hace varias semanas.

Interior señala que el personal sanitario «sigue permanentemente» su situación, «por si fuera necesaria asistencia específica, que no ha sido requerida hasta este momento».

Hace días los diez activistas saharauis solicitaron asilo, pero el Gobierno español decidió denegárselo, si bien alegando protección de datos la Oficina de Asilo y Refugio no facilita detalles de por qué ha rechazado otorgarles protección.

Desde Interior explican que «de acuerdo con la legislación» serán devueltos a Marruecos.

El sábado, familiares de los solicitantes de asilo se manifestaron frente a la sede del Ministerio del Interior para denunciar las condiciones infrahumanas que están teniendo sus familiares durante su estancia en Barajas, por la falta de higiene y las picaduras de chinches, sin acceso a luz solar y con la misma comida desde hace veinte días.

Podemos denuncia la situación

Una delegación de Podemos ha acudido este lunes al aeropuerto de Madrid-Barajas donde están los saharauis retenidos, aunque sin poder acceder a la sala de asilo. La secretaria general de este partido, Ione Belarra, ha denunciado las «condiciones inhumanas» que padecen y ha dicho que sospecha que el Gobierno no acepta las peticiones de acogida para «no molestar» a Marruecos.

Así, Belarra ha alertado de la situación de una niña de año y medio que, según le transmiten abogados y colectivos sociales, no ha recibido atención médica pese a encontrarse enferma. También ha criticado del estado de su madre, que abortó hace días.

«Creo que un país que se vanagloria y que se jacta de que nuestra sanidad pública atiende a todo el mundo independientemente del dinero que tenga la cuenta corriente es absolutamente inaceptable. Es una vergüenza democrática que estas dos personas no estén recibiendo atención médica, al igual que ese activista sordo que tiene un cáncer como hemos podido saber también», ha enfatizado.

Belarra ha insistido que las condiciones de estas personas en la sala de asilo de Barajas son deplorables y que Cruz Roja ya abandonó el servicio de atención hace meses para denunciar la situación «insalubre» en estas dependencias.

«Flagrante violación de los derechos humanos»

Por su parte, la delegada del Frente Polisario en la CAV, Jadiyetu El Mohtar, ha señalado a NAIZ que «estos saharauis están llegando a España porque Marruecos está facilitando su salida, porque hay una política de vaciar el territorio de los saharauis autóctonos».

Y que, además, Rabat lo hace para «provocar a España enviando a activistas que son defensores de los derechos humanos para que lleguen a los aeropuertos y que haya polémica, porque España quiere devolverlos a Marruecos cuando eso no es posible, porque son activistas reconocidos, algunos han estado encarcelados, otros perseguidos, apaleados... Un activista con ese historial no puede ser devuelto a Marruecos, donde su vida corre peligro. Es una flagrante violación de los derechos humanos».