«Tengo la espalda llena de cicatrices por las miradas», ha citado Uge Sangil. Es la frase de una activista que dijo conocer y que le pareció oportuna para mencionar mientras daba unas palabras para inaugurar la II Jornada de Innovación en Intervención contra delitos de odio, organizadas por la Federación Estatal LGBTI, la Fundación ONCE y subvencionadas por el Ministerio español de Sanidad, en Madrid, con la participación de juristas, de funcionarios de Interior y de la Fiscalía General y de activistas.

Sangil, presidenta de la FELGBTi, ha recalcado la importancia de sostener una instancia de debate como esta y ha llamado a «seguir creando alianzas para compartir la lucha contra los delitos de odio», en tiempos en que la «intención es dividir» a los colectivos.

«Le quiero dar especial relevancia al discurso de odio, que es la antesala que nos lleva al delito. No hablamos solo del colectivo LGTB, sino de las personas migrantes y de todos los estigmatizados. El discurso de odio es la antesala del delito y hay que combatirlo», ha subrayado, y también recordó que desde 2023 su federación impulsa un Pacto de Estado contra esos discursos, cuya creación actualmente está en período de comparecencias en una subcomisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

«La subcomisión fue apoyada por el Partido Popular, que sabemos que es LGBTIfóbico y tiene un discurso de odio contra los migrantes. Esperemos que este pacto se firme y no sea un ‘quedabien’», ha añadido.

Infradenuncia e infradetección

Una de las ponentes fue María Jesús Raimundo Rodríguez, fiscal adscrita a la unidad contra los delitos de odio de la Fiscalía General, quien ha explicado que en 2023 han recibido el triple de denuncias con respecto al año anterior, algo que puede explicarse en el alto «nivel de infradenuncia del que se viene», y ha dicho que en su unidad se está «poniendo especial intensidad en intentar detectar en el minuto uno el delito de odio» para contrarrestar la infradetección.

«Todo discurso de odio es delito, porque incita a que otras personas odien a un colectivo y lesionan su dignidad», ha señalado, y dijo que están velando porque los insultos en la calle sean considerados discurso de odio por su consecuencia en la vejación y humillación pública de la persona.

Un dato que ha aportado es la innovación en la causa del caso de delito de odio en el McDonalds que fue viral, cuya sentencia se conoció este verano (de un joven al cual un padre de unos chicos lo insultaba por su vestimenta y que le dijo que lo iba a convertir en heterosexual «a hostias»), y en la que también la Fiscalía acusó al vigilante de seguridad «por delito de omisión de lesión a la dignidad, porque estaba cruzado de brazos y no hizo nada en su rol para detenerlo, y esto fue innovador».

También ha abogado por la «especialización y sensibilización» de los funcionarios judiciales, algo que ha tachado de «imprescindible» y ha lamentado la «dispersión normativa entre leyes autonómicas y ley estatal», que obstruye la «fluidez» en lo legislativo para «evitar que algo quede impune». También ha pedido más recursos para más y mejor formación y para «acabar con la infradenuncia, infradetección e infraconfianza».

Por su parte, Ignacio Paredero, secretario de Organización de la FELGBTI, ha expuesto los datos recogidos de la última encuesta encargada por la federación, en la que se concluye que un 40% de los encuestados del colectivo ha sufrido acoso, discriminación o agresión en el último quinquenio, y un 8,13% ha sufrido los tres.

«Quienes más reciben acoso y discriminación son las personas trans, y sorpresivamente, en segundo caso las personas que se reconocen como lesbianas, algo que en los registrales oficiales no aparece. Al analizar por edad, cuanto más joven se es, más agresiones se padecen, ha explicado. El 84% de los hechos no se denuncia, y de las ocasiones denunciadas, el 25,4% de los casos fueron minimizados por la Policía, y en un 20% fueron desanimados a continuar la denuncia.

Paredero ha denunciado «un descuadre enorme» entre los datos de Interior y su encuesta y la de la Comisión Europea: los primeros aseveran haber recibido solo 1.739 denuncias por delitos de odio mientras que la federación y la CE asegura que hubo entre 57.000 y 59.000 denuncias. Peor aún: las cifras oficiales indican que en los últimos cinco años hubo solamente 29 sentencias de los casos totales. «Tenemos un problema tremendo entre la cantidad de agresiones (que la federación sitúa en torno a las 380.000 en cinco caños) y las sentencias conseguidas», enfatiza.

Además, ha alertado por la «involución» que está ocurriendo. «Históricamente las nuevas generaciones eran más tolerantes a la diversidad sexual y ahora no. Un problema gravísimo porque cada vez más jóvenes dicen ser LGTBI y cada vez más hombres jóvenes de la generación Z expresan menos tolerancia a la diversidad sexual», ha lamentado.

En tanto, el jefe de la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio de Interior, Tomás Fernández Villazala, ha informado de la labor para combatir el flagelo y aseguró que «después del racismo, el segundo delito de odio más frecuente es contra el colectivo LGBTI» y ha dicho que aumenta de forma continua desde 2021.

El rol de las redes sociales

También estuvo presente una representante de la plataforma TikTok, que ha hablado de los avances que según ella hace la empresa para controlar los discursos de odio y dijo que para los 150 millones de usuarios de Europa controlan los contenidos con IA y con 5.000 moderadores. Tuvo un contrapunto inmediato, ya que la ponente siguiente fue la jurista especializada en delitos de odio, Laia Serra, quien ha apuntado contra las grandes high tech.

«La tecnología no es neutra, reproduce valores, jerarquías y discriminaciones. Las plataformas tienen un modelo de negocios determinado y compatibilizar este modelo con la diversidad y la protección de derechos, a priori, es una contradicción. Se hace poca crítica sobre la arquitectura (del ecosistema digital), y a pesar de los esfuerzos desplegados por algunas, es importante saber que no estamos navegando en neutralidad», ha recalcado.

Sobre la moderación de contenidos mediante IA y herramientas automatizadas, se ha preguntado si «alguien está investigando el impacto que tienen» y ha llamado a analizar «la correlación entre inversión en seguridad y las ganancias obtenidas por las plataformas, a ver cómo es», ya que quizás hagan falta bastantes más moderadores humanos para asegurar criterios de contenidos que no divulguen discurso de odio.

Sobre las denuncias a políticos o entidades que difundan discurso de odio, ha aseverado: «¿Es estratégico judicializar estos comentarios? Por ejemplo, el autobús de Hazte Oír. Tenemos tribunales a los que le falta mucha perspectiva de derechos, hay mucho desconocimiento y reduccionismo en los recursos. En el campo legal siempre hay más números para una respuesta conservadora. La clave creo que es la estrategia. ¿No hay otro mecanismo de contradiscurso y señalamiento que tengan un efecto democrático más efectivo? Debemos dejar de ver solo las herramientas jurídicas y tener estrategia».

Por último, el doctor en Arqueología y divulgador LGBTI, Mikel Herrán, ha puesto el énfasis en que «el panorama digital está enteramente privatizado y se depende de normas de conducta del dueño de las plataformas, y el caso más flagrante es Twitter con Elon Musk».

También ha citado como ejemplo de cuando las redes sociales «convierten un hecho en un tema» de discurso de odio cuando resaltaron la queja de un padre de una escuela de Alcorcón (Madrid) que hizo un «cuentacuentos drag» y esa imagen de un drag contando a niños en una escuela se viralizó en medio de las quejas de un solo padre, lo que provocó que se involucraran Abogados Cristianos, Vox y Alvise Pérez. «Usan como silbatos de perro, traen temas que aunque no pronuncien palabras clave, en el contexto adquieren tintes de discurso de odio», ha apuntado.

La jornada se realiza el día después en que la Comisión Europea haya publicado un informe en el que se constata que se han disparado en los últimos años los casos de acoso escolar a personas LGTBI: del 37% en 2019 ahora se registra en el 55%, un incremento de 18 puntos en cuatro años.