Casi una década después de su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy y tras una aplicación que se ha traducido en centenares de miles de sanciones, entre otras cosas, la Ley Mordaza está muy cerca de su fin. El paso inicial lo da el acuerdo anunciado este jueves por EH Bildu con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los dos partidos que lo conforman (PSOE y Sumar), por el que cuatro cuestiones nucleares de esta Ley de Seguridad Ciudadana quedan corregidas. Ahora se tendrán que posicionar el resto de fuerzas del Congreso, aunque el grupo soberanista de izquierdas ya avanza que les ha trasladado este consenso y advierte «predisposición para una tramitación satisfactoria».

Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu han anunciado en concreto que acuerdan resolver las sanciones por «faltas de respeto» y «desobediencia» a la autoridad, el uso de las pelotas de goma y las devoluciones en frontera. Remarcan que con ello «se acaba con todos los aspectos lesivos» de la polémica norma del Gobierno del PP, y que todo ello quedará recogido además en una nueva norma que sustituirá a la actual. Su denominación sería Ley Orgánica de Libertades y Seguridad Ciudadana, introduciendo, por tanto, una primera definición clarificadora.

Sanciones, pelotas y devoluciones

Los dos electos de EH Bildu han concretado los compromisos alcanzados en estos términos. Sobre la primera cuestión, «se acaba con la discrecionalidad que existe en las sanciones por falta de respeto a la autoridad y desobediencia». Se trata de los artículos que más sanciones generan (en Euskal Herria han sumado cientos de miles desde 2015). «A partir de ahora estas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad y blindando el derecho a la libre expresión», han concretado. Junto a ello, las sanciones por «faltas de respeto» serán «canceladas en caso de que la persona sancionada se retracte» mientras que las faltas por «desobediencia» pasarán de tener carácter grave a leve.

Las sanciones tendrán que ser objetivables y justificadas; las pelotas de goma darán paso a otros métodos «menos lesivos»; y se evaluarán las solicitudes de protección de migrantes antes de la expulsión.

Profundizando en la cuestión, Iñarritu ha recordado que hay muchas personas que han sido sancionadas por llevar una camiseta o un pin, e incluso «por una mirada o un tono de voz» puesto que ha bastado la palabra del policía de turno para multarle.

EH Bildu otorga gran valor a la segunda cuestión: «Se acaba con el uso de las pelotas de goma», que serán sustituidas por «medios menos lesivos». Iñarritu y Aizpurua han incidido en que se cumple con ello una de las reivindicaciones más demandadas por la ciudadanía vasca. El diputado vasco ha recordado que 23 personas han fallecido en el Estado español por pelotazos policiales (ha citado expresamente a Iñigo Cabacas) y que cientos han quedado mutiladas.

El Ejecutivo español se encargará de elaborar un calendario para la progresiva sustitución del material.

Junto a ello se ha acordado con el Gobierno de Pedro Sánchez «que se aborde la problemática de las devoluciones en fronteras desde una perspectiva humanitaria y garantista con los derechos humanos y el derecho internacional». A tal efecto, se incluirá en la ley una disposición adicional que establecerá que en un plazo máximo de seis meses se modificará la Ley de Extranjería para establecer el «acceso y evaluación a las solicitudes de protección previamente al proceso de posible expulsión».

Intento anterior frustrado y efectos

La reforma de la Ley Mordaza era una cuestión pendiente desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno español hace ya seis años. El intento más serio hasta la fecha fue en 2023, aunque finalmente EH Bildu y ERC consideraron insuficiente lo planteado, puesto que entre otras cosas no se eliminaban las pelotas de goma ni se limitaba la autoridad de los agentes policiales. «No caeremos en el falso dilema del mal menor», resumió Jon Iñarritu desde la formación vasca, mientras ERC remarcaba que solo se proponía «un maquillaje».

La Ley Mordaza ha condicionado la movilización política, social y sindical desde 2015. Ha sido utilizada para ahogar económicamente diferentes protestas, como recogía este reportaje de Aritz Intxusta el pasado julio.

La Ertzaintza ha sido uno de los cuerpos policiales que ha hecho uso y abuso de la norma. Y todo ello, pese a que el Parlamento de Gasteiz aprobó ya en 2016 una declaración firmada por PNV, EH Bildu y PSE en la que se exponía que «estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique». Las sanciones de 290.500 euros impuestas a Ernai han sido el último gran escándalo derivado de la norma de Rajoy y de la práctica del Departamento de Seguridad de Lakua.

«Logro colectivo» y predisposición

El acuerdo gestado por EH Bildu desbloquea, por tanto, esta cuestión. Aizpurua e Iñarritu han expresado, de hecho, que esperan que la nueva ley se presente «en las próximas horas» y que tenga como firmantes y partícipes al resto de grupos que forman la llamada mayoría de investidura. «El texto ya está en sus manos y creemos que cuenta con la predisposición necesaria para una tramitación satisfactoria», han avanzado.

Al respecto, han apuntado que «queremos reconocer y agradecer el trabajo de todos los grupos que han participado en este proceso: BNG, PNV, Junts, ERC, Podemos, Sumar y PSOE, por haber hecho posible llegar hasta aquí con todos estos nuevos avances. Este logro es colectivo».

El texto ya está en manos del resto de socios y «cuenta con la predisposición para una tramitación satisfactoria».

Por su parte, EH Bildu valora especialmente que «cumplimos así con el compromiso de trabajar todo lo que hiciese falta para lograr recuperar los derechos y libertades que el PP recortó y cercenó».

Otorga, además, a este acuerdo un impacto mayor que el de la propia reforma: «Dijimos que apostaríamos por mantener abierta la ventana de oportunidad que la mayoría plurinacional ofrece en esta legislatura para lograr avances en derechos y libertades para la ciudadanía vasca y la mayoría social y trabajadora de este Estado y sus pueblos. Esta buena noticia es uno de los avances que esperamos que preceda a nuevos pasos y conquistas sociales compartidas. Trabajaremos sin descanso en este camino».

Desde el Gobierno español, el ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, ha incidido en que el acuerdo era una «prioridad absoluta» para su formación y ha advertido de que lo que queda ahora es «no olvidarse» de otras medidas dentro del plan de regeneración del Ejecutivo entre las que está la modificación del Código Penal para los delitos de libertad de expresión.

Posicionamientos

El PNV ha anunciado su apoyo a esta reforma en una comparecencia en Bilbo de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Ha dicho que firmará el texto que se registre aunque presentará enmiendas para «modular el principio de autoridad». Y ha dejado claro que «nos alegramos» del consenso alcanzado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado sin embargo recelos porque cree que algunas cuestiones deben quedar expresadas de forma más tajante, como la erradicación de las pelotas de gomas y las devoluciones en caliente. Ha dicho temer que se quede en un «retoque estético».

En cuanto a Junts, Miriam Nogueras no ha marcado posición argumentando que «nosotros negociamos, no hacemos adhesiones»

El sindicato policial Jupol no ha tardado en poner el grito en el cielo. Ha dicho que se «dinamita el principio de autoridad, se «pone en riesgo la seguridad de los policías» y con ello «son los herederos de ETA los que fijan las líneas de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad ciudadana y orden público».