El Ministerio de Interior español ha deportado a 16 de los solicitantes de asilo saharauis que estaban retenidos en el aeropuerto de Barajas, algunos de ellos desde hace un mes, una vez que han sido denegadas sus solicitudes de protección internacional, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

El retorno se produjo en un vuelo que salió este jueves de Barajas a las 23:50 horas con destino a Marrakesh, por lo que quedan 15 en las salas de asilo, de los cuales algunos de ellos ya tienen su deportación programada para el próximo domingo 6, en un vuelo de las mismas características.

Las fuentes han explicado que, según han relatado las familias de los afectados, dos de ellos han sido detenidos por las autoridades marroquíes a su llegada y están siendo interrogados. Varios de ellos ya habían alertado del riesgo de sufrir detenciones, torturas o cárcel.

Todos ellos contaban con documentación que acreditaban su origen saharaui -expedida por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) o por el Estado español a través del censo realizado en 1974- y con una recomendación favorable de Acnur para que se autorizase su entrada para que pudieran completar su solicitud de apatridia, paralela a la de protección internacional.

En uno de estos informes, al que ha tenido acceso EFE, Acnur defendía que, «dadas las limitaciones de los plazos para el procedimiento de apatridia y no siendo factible que se resuelva en un tiempo razonable durante la estancia del solicitante en el aeropuerto», recomendaba autorizar la entrada del solicitante al Estado español.

Y se apoyaba para ello en una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de apatridia mientras el solicitante se encuentre en un puesto fronterizo tramitando un procedimiento de protección internacional.

Fuentes de Interior consultadas por EFE han negado este viernes poder ofrecer datos sobre este asunto, aunque han recalcado que cada caso «se evalúa individualmente» antes de adoptar una resolución y que se atiene siempre a «los criterios y requisitos establecidos en las legislaciones nacional e internacional en materia de protección internacional».