El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha anulado definitivamente los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y el Reino de Marruecos por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental.

El TJUE ha puesto fin así al litigio sobre el acuerdo pesquero con Marruecos y su protocolo, al desestimar los recursos del Consejo y la Comisión, en línea con la sentencia del Tribunal General de la UE de 2021 y con las conclusiones de la Abogada General Tamara Cápeta.

La sentencia de este viernes constata que el consentimiento saharaui no existe y considera al Frente Polisario como un interlocutor privilegiado en el marco del proceso y que cumple los requisitos para poder impugnar estos acuerdos en interés de su pueblo.

No hace falta consentimiento explícito, pero no hay ventaja

No obstante, el TJUE precisa, al contrario de lo que declaró el Tribunal General, que el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental a los acuerdos controvertidos no debía ser necesariamente explícito, es decir, que puede darse por hecho cuando no se crean obligaciones para ese pueblo y la explotación de sus recursos naturales le reporta algún tipo de ventaja.

Al respecto, el Tribunal de Justicia reconoce que estos acuerdos no crean obligaciones jurídicas que recaigan sobre el pueblo del Sahara Occidental, pero tampoco le confieren ningún derecho ni ventaja sobre la explotación de sus recursos, por lo que el consentimiento no puede presumirse. Le suma que el Frente Polisario, en calidad de representante legítimo de dicho pueblo, se opone a los acuerdos, lo que a juicio del TJUE basta también para cuestionar la existencia del consentimiento.

El TJUE admite que los acuerdos no confieren ningún derecho ni ventaja al Sahara, por lo que no puede advertirse consentimiento implícito siquiera

En base a los mismos principios, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado también sobre una cuestión prejudicial francesa acerca de la problemática del origen de los melones y tomates del Sahara Occidental y dicta que su etiquetado debe indicar únicamente a Sahara como país de origen de esos productos, excluyendo cualquier referencia a Marruecos, para evitar inducir a error al consumidor sobre su verdadero origen.

Antecedentes

El tribunal había estimado en primera instancia, en 2021, los recursos del Frente Polisario contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos que mantuvo preferencias arancelarias comunitarias a los productos de origen marroquí, y contra su acuerdo de colaboración de pesca sostenible.

El Gobierno saharaui alegaba que los acuerdos fomentan la política de ocupación militar de Marruecos. El Frente Polisario invocó distintas violaciones de las obligaciones sobre derecho internacional. En concreto, consideró que la UE y Marruecos eran incompetentes para cerrar «acuerdos que afectan a un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar».

La Abogada General del TJUE (equiparable a la Fiscalía) también había pedido anular este acuerdo, criterio que ha aceptado finalmente el tribunal.

Polisario: «Fruto de la resistencia»

El Frente Polisario ha celebrado como un «triunfo de la resistencia» esta sentencia, ya que considera que atiende a sus principales reivindicaciones: que cualquier pacto de este tipo requiere del consentimiento" de la población saharaui y que se debe respetar el derecho de autodeterminación.

El representante del Polisario en el Estado español, Abdula Arabi, ha recalcado en declaraciones a Europa Press que el Sahara Occidental debe entenderse como «un territorio distinto» a Marruecos, de tal manera que Rabat no puede negociar en su nombre ningún acuerdo con terceros. Aceptar al Gobierno marroquí como representante de la población saharaui, según Arabi, implica «reconocer la ocupación».

El Frente Polisario recuerda que siempre ha habido opción de acuerdos con empresas sobre sus recursos, pero «respetando el Derecho Internacional»

Ahora, espera que los países europeos sean «consecuentes» y acaten la sentencia del TJUE. En este sentido, ha señalado que el Polisario siempre ha estado «a disposición» de las empresas y de los sectores agrícola y pesquero para que estos puedan beneficiarse de los recursos del Sahara Occidental pero «respetando el Derecho Internacional».

Arabi ha apuntado que cualquier futuro diálogo debe por tanto incluir al Frente Polisario y ha recordado que Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ya se sientan en foros como la Unión Africana «como dos Estados» diferenciados, sugiriendo que como tal deberían ser entendidos también desde la Unión Europea.

Marruecos se declara ofendido pero no aludido

El Gobierno de Marruecos ha afirmado que no se considera «aludido de ninguna forma» por este fallo y ha «exigido» a la UE y a sus Estados miembros que «adopten las medidas necesarias para respetar los compromisos» firmados, habida cuenta de la alianza «estratégica» entre ambas partes.

El Ministerio de Exteriores marroquí se queja en un comunicado de que Rabat no ha participado en el proceso judicial, situando a la UE «en una parte» del tablero y, en la otra, al Frente Polisario, de quien partió precisamente el recurso que ha terminado por tumbar los dos acuerdos este viernes.

«Marruecos no ha participado en ninguna de las fases del procedimiento y, por tanto, no se considera aludido de ninguna manera por la decisión» del tribunal europeo, según la nota recogida por la agencia de noticias oficial MAP.

No obstante, sí ha cargado contra el contenido de la sentencia, ya que Rabat entiende que incurre en «errores jurídicos evidentes» y en análisis «sospechosos» y «un sesgo político flagrante».

El Gobierno marroquí, que cree que el TJUE busca «sustituir» a los organismos de la ONU responsables de esta disputa territorial, ha dejado claro que en ningún momento suscribirá acuerdo alguno «que no respete su integridad territorial y su unidad nacional», dentro de la cual sitúa al Sahara.

En su nota, lanza un aviso directo al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a los Estados miembro de la UE, para respetar los compromisos, «preservar los avances del partenariado» común y dotar al reino alauí «de la seguridad jurídica a la que tiene derecho».