Los salarios del personal docente y educativo de los centros privados concertados de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se equipararán a los de los trabajadores de la red pública, unas retribuciones que se abonarán con carácter retroactivo al año 2023.

Así lo ha explicado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno de Lakua, que este martes ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley de Presupuestos para hacer posible esta equiparación, que será remitido al Parlamento de Gasteiz para su tramitación.

Esa ampliación de crédito para poder pagar la parte de los sueldos en la concertada para llegar a la equiparación de los salarios públicos correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024 supondrá un desembolso de casi 67 millones de euros.

La consejera ha explicado que sus previsiones es que antes del 31 de diciembre la ley esté aprobada y posteriormente el Departamento de Hacienda habilitará los fondos para poder afrontar estos pagos.

Este proceso responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación de 2006 y de la Ley de Educación de 2023 y cuenta con el consenso de representantes «de todos» los centros escolares concertados de la CAV, de los de Iniciativa Social y de las ikastolas, así como de los sindicatos mayoritarios, ha señalado.

«Pasos hacia la gratuidad»

Además, esta equiparación salarial permite «seguir dando pasos hacia la gratuidad» de la enseñanza en los centros ya que «evitará que los centros concertados tengan que reflejar las consecuencias de incrementos salariales a través de sus cuotas».

En este sentido, Pedrosa ha explicado que cuando se habla de gratuidad es en el «servicio educativo», no en otros complementarios como comedor o transportes en los que existen determinadas becas.

«Con este paso en la equiparación nos adecuamos a esa gratuidad poco a poco», ha añadido tras señalar que se está haciendo un análisis exhaustivo de qué tipo de copagos existen en los centros.