La eliminación de la trampa del doble cómputo que ha prorrogado artificialmente los encarcelamientos de decenas y decenas de presos vascos abre en opinión de Sare «otro momento» y refuerza la lucha contra la excepcionalidad. Así lo han manifestado este jueves en Gasteiz los portavoces Bego Atxa y Joseba Azkarraga. Ciertamente, la reforma legal sellada el martes por el Congreso, no repara lo inevitable: que muchas personas ya han tenido que purgar un periodo extra de prisión. Por eso la red insta a no poner más trabas y aplicarla con celeridad. Y estos son sus cálculos en el momento actual, «siempre con las reservas razonables, porque en estos diez últimos años se han producido vicisitudes de todo tipo»:

-52 personas podrán acogerse a la nueva norma, es decir, ver acortado el tiempo de encarcelamiento que se les calculaba hasta ahora sin computar lo cumplido en el Estado francés. De ellas, 48 están en cárceles de Euskal Herria (29 en Zaballa, 12 en Martutene, 5 en Basauri y 2 en Iruñea) y las cuatro restantes en el Estado francés.

-7 de ellas habrán cumplido condena con ello o bien lo harán en lo que queda de este mismo año. Sare añade aquí que en algunos casos ese agotamiento del periodo carcelario debido se habría producido en 2021 ó 2022, con lo que «el perjuicio generado ya no tiene solución alguna. El daño está hecho, al igual que ocurre con quienes ya salieron de prisión a lo largo de estos 10 últimos años» tras un periodo extra impuesto contra el criterio europeo.

Sare matiza que en realidad las afecciones son mayores, porque incluso para quienes no les corresponde todavía la excarcelación el acortamiento de los plazos les habría posibilitado acceder a permisos (teóricamente accesibles con un cuarto de la pena cumplida), tercer grado (con la mitad) y/o libertad condicional (con tres cuartos). «Ese daño tampoco es reparable –insiste–. Son personas que han construido la relación familiar con hijos e hijas en los locutorios y salas de vis a vis en prisión, cuando podrían haber estado con ellos en la calle durante los permisos o en régimen abierto; personas que podrían haber estado con sus padres/madres en los momentos finales de sus vidas y, sin embargo, solo pudieron acudir, esposadas, a un tanatorio; o estados de salud deteriorados en prisión cuando podían haber sido cuidados con una asistencia médica sin las dificultades que genera la estancia en prisión», enumera.

«Es imprescindible que la aplicación de la ley no se vea entorpecida por maniobras torticeras, como viene ocurriendo por ejemplo con la Ley de Amnistía del ‘procés’», alertan

Así las cosas, ahora «resulta imprescindible que se agilicen los procedimientos que conduzcan a la aplicación de la ley, que no se vean entorpecidos por maniobras torticeras, que no se repita la situación a la que estamos asistiendo, por ejemplo, en relación con la Ley de Amnistía aprobada para el procés», subrayan.

Llegados a este punto, constatan sin género de duda que la 7/2014, con que la mayoría del PP trasladó fraudulentamente a la legislación estatal la decisión marco europea, «fue diseñada ad hominem, para que afectara en algunos extremos solamente a determinadas personas. Y difícilmente justificable en las necesidades de la lucha antiterrorista, pues ETA había dejado de actuar en 2010».

«Normalidad jurídica»

En una lectura retrospectiva, para los portavoces de Sare con esta reforma «volvemos a la normalidad o, con más precisión, nos situamos en una normalidad jurídica a la no se accedió hace 10 años». Tras analizar los dos apartados que se incluyeron a última hora en 2014 para afectar específicamente a los presos y presas vascas, y citar también la negativa posterior de los tribunales españoles a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, remarcan que a día de hoy ya casi todo el mundo admite que aquello se hizo «contra natura» y que ha sido mal visto desde Europa.

Aquí han introducido un apunte interesante y desapercibido hasta la fecha, y es que «ya con anterioridad la Audiencia Nacional había procedido a realizar acumulaciones de penas con inclusión de condenas extranjeras, al menos desde el año 2000. Esa era la forma en que se entendía, debían hacerse las cosas». Aquello se hacía «al amparo de lo establecido en el Convenio de Estrasburgo de 1983» pero luego se impuso la obsesión por alargar los encarcelamientos al máximo y así llegó la artimaña de 2014 vigente hasta hoy.

Sare recuerda que en realidad ya había acumulaciones de condenas en la AN tras 2000. Fue luego cuando se impuso la obsesión por alargar encarcelamientos y se llegó a la trampa de 2014

«Lo relevante es que se ha vuelto a la normalidad, y, en este momento, el Estado español dispone de una normativa de transposición correcta, ajustada a la filosofía de las normas europeas. Y debería ser motivo de satisfacción para todo ciudadano con sensibilidad democrática. Si ello acarrea una mejor situación para determinadas personas, es una simple consecuencia de una ley justa», concluye Sare. A quienes esto «duela o moleste» les han hecho ver que en realidad la trampa «debió haberse evitado».

Ahondando en ello, han dicho que «si esta sensación de decepción o traición resulta dolorosa, ¿qué debemos decir de todos los que no han hecho nada durante estos 10 años, siendo conscientes del perjuicio provocado por la aplicación de aquella ley? Muchas personas han pagado años de prisión de manera injusta. El cálculo resulta complejo, porque una redacción adecuada de la ley, hace 10 años, habría permitido que muchas personas salieran inmediatamente de prisión, o lo hicieran antes. En concreto, son 15 las personas que, estando hoy en día en libertad, pudieron haber salido de prisión antes. Y no hay forma jurídica de reparar a estas personas por la parte de libertad que perdieron».

«Las posiciones se aclaran»

Ampliando ya el foco de la cuestión, los portavoces de Sare han expuesto que lo ocurrido estos días en Congreso y Senado «no es irrelevante de cara al futuro. Estamos en otro momento. Las posiciones se aclaran, tenemos otras expectativas, aunque veamos con preocupación que ciertas actitudes no se modifican. El bochornoso espectáculo protagonizado por representaciones de la derecha política en el Congreso español, exhibiendo sin ningún pudor fotografías de diferentes víctimas, demuestra la frivolidad e irresponsabilidad con la que tratan dolor de estas personas. La sensibilidad de la derecha política con las víctimas de ETA aumenta o disminuye exclusivamente en función de la rentabilidad política que le genera. Es hora de dejar de utilizar el comodín de ETA para cualquier cosa».

La red recuerda que también la Administración Penitenciaria de la CAV tendrá que actuar con celeridad y sin trabas, porque aumentarán las peticiones de permisos o terceros grados con el nuevo cálculo

Añaden que «es la hora, también, de la Administración Penitenciaria vasca». Sare le emplaza a «que no se demore en resolver sobre las propuestas de los centros penitenciarios» que se deben suceder a partir de ahora basándose en la reforma legal. «Es importante que se continúe desarrollando el Modelo Penitenciario Vasco, uno de cuyos principales objetivos es abordar el cumplimiento de las penas de prisión en otras modalidades que no sean las de estricto cumplimiento en prisión, entre rejas», indican.

También han lanzado un mensaje de carácter más interno: «Ahora, con fuerzas renovadas por esta nueva situación, a nosotras y nosotros nos toca continuar dando pasos. Porque lo ocurrido con la LO 7/2014 es, también, una demostración de que la movilización social y la actividad política de las fuerzas progresistas pueden cambiar las cosas y poner fin a las injusticias. No podemos dejar de recordar que desde el nacimiento de Sare, ahora hace diez años, nuestro mayor objetivo se ha centrado en poner fin a las excepcionalidades, y lo ocurrido refuerza que lo que reivindicábamos no eran privilegios, sino legalidad y fin de las excepcionalidades».

«Lo ocurrido refuerza que lo que reivindicábamos no eran privilegios, sino legalidad y fin de las excepcionalidades». Y dan prioridad aquí a acabar con la mayor: la 7/2003

Han traído aquí a colación que la 7/2003 del Gobierno de Aznar es «otra de esas leyes de excepción cuya derogación resulta obligada, por tratarse de una ley que, entre otras cosas, condena de por vida a los presos/as, obligándoles al cumplimiento íntegro y efectivo de penas de hasta 40 años. Son muchos los profesionales de la medicina que vienen manifestando que una condena superior a 20 años de privación de libertad conlleva un deterioro físico y psicológico irreversible», añaden.

Y remarcan que, ante esta situación, Sare «volverá a convocar a la sociedad vasca cuantas veces consideremos oportunas para que se movilice. Y el 11 de enero tendrá una oportunidad de oro para que la inmensa mayoría de la sociedad vasca muestre en las calles también que hay que modificar algunas situaciones».

Como colofón, esta consideración de futuro: «Una solución al problema de los presos y presas vascas y una actitud de apoyo, respeto y solidaridad con todas las víctimas de la violencia nos acercarán a la convivencia».