El Parlamento de Gasteiz acordó el pasado 31 de octubre pedir al Gobierno de Lakua que formalice este mismo año provisionalmente el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables y que lo apruebe de forma definitiva durante los primeros seis meses de 2025. La petición, presentada por EH Bildu, fue aprobada con los votos de los socios de Gobierno, PNV y PSE, lo que debería equivaler a un compromiso por parte del Ejecutivo, pero lo cierto es que la larga tramitación de este PTS invita a cierto escepticismo.

Este Plan Territorial Sectorial, imprescindible para un despliegue mínimamente ordenado de las infraestructuras de captación de energía renovable, debía estar aprobado para el año 2021, según la Ley de Sostenibilidad Energética aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 2019.

No tener a punto ese PTS significa que los más de 100 proyectos de energías renovables que en los últimos años se han propuesto, con mucha contestación, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, lo han hecho de forma desordenada, sin un mapa establecido de dónde pueden ir y donde no. Un PTS no garantiza por sí solo un despliegue racional y adecuado, pero supone un primer filtro imprescindible para establecer un reparto justo y equitativo de estas instalaciones que nadie quiere en su vecindario, pero todos coinciden en señalar que son imprescindibles.

Con un gran retraso, Lakua publicó finalmente un primer proyecto de PTS en mayo de 2023, en el cual se definieron 110 ubicaciones para instalaciones de captación de energía renovable. Fue un documento político polémico que recibió, en el mes y medio abierto para ello, 170 informes de las diferentes administraciones afectadas, y 4.217 alegaciones de asociaciones y grupos ecologistas, partidos, empresas y, sobre todo, particulares.

El misterio de un documento desaparecido

El siguiente paso era publicar un informe con las respuestas de la Administración a las alegaciones presentadas a la primera versión del PTS, algo que el Gobierno de Lakua hizo en enero, durante un breve periodo de tiempo. Se trata de un pdf con fecha de octubre de 2023, en el que se rechazan el grueso de los recursos presentados. Es decir, tardó cerca de cuatro meses en preparar el informe de cerca 420 páginas. Pero sin previo aviso ni explicación alguna, retiró el documento.

En Eldiario.es, donde también han seguido la noticia, apuntan que Lakua alegó que su publicación fue un error, al tratarse de un documento incompleto.

La siguiente noticia ha llegado ahora, cuando este pasado 31 de octubre, el mismo día en el que el Parlamento de Gasteiz instaba a Lakua a «agilizar los plazos de tramitación» del PTS, el Gobierno publicó, de nuevo, el informe de respuesta a las alegaciones, que igualmente rechaza en su inmensa mayoría.

Cabía pensar que, tras un año desaparecido, este nuevo informe de alegaciones sería un documento notablemente diferente y más elaborado respecto al publicado en 2023, el cual es fácil de encontrar con una rápida búsqueda en la red. Una comparación de ambos documentos, sin embargo, permite concluir que los cambios han sido mínimos.

Básicamente, se han corregido numerosos errores ortográficos, se han sustituido los nombres completos de los alegantes por sus iniciales, se han añadido las respuestas a algunas alegaciones que quedaron sin contestar en la primera versión –por ejemplo, las de Orexa, Orduña, Berastegi, Amurrio o Elgoibar, entre otros– y se han sumado algunas argumentaciones más específicas para rechazar algunas alegaciones que pedían mayor protección para especies como los alimoches. El documento tiene 460 páginas.

En cualquier caso, son pequeños cambios que no justifican un año de parálisis, teniendo en cuanta que hablamos de un largo documento de más de 400 páginas elaborado, originalmente, en cuatro meses.

El documento recién publicado en octubre sigue hablando de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático como «en proceso de tramitación», cuando fue aprobada el 8 de febrero de este año.

Hay, además, un detalle que delata mejor que ningún otro la falta de diferencias profundas entre ambos documentos. En el publicado hace una semana se sigue hablando, igual que en el de hace un año, de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático «todavía en proceso de tramitación en la actualidad». Lo cierto, sin embargo, es que esta norma fue aprobada el 8 de febrero de 2024.

La pregunta sin responder, por tanto, es por qué el Gobierno de Iñigo Urkullu y la consejería de Arantza Tapia guardaron el documento original en vísperas de un año electoral, retrasando así en un año la tramitación de un PTS fundamental para un despliegue mínimamente ordenado de las energías renovables.