A finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, el espacio natural de Belagua se convirtió en objeto de deseo por parte de intereses especulativos y de diferente tipo. La oposición popular y vecinal batalló hasta conseguir que un macroproyecto residencial vinculado a la práctica del esquí, impulsado por Bankunión-Etudesa en 1976, se desechase, pero no pudo evitar cinco años después la construcción de un cuartel militar en el paraje de Yeguaceros, en el área de Arrakagoiti.

El Ministerio de Defensa de la época argumentó que no se trataba propiamente de un cuartel, sino de un refugio de montaña, pese a que el edificio planteado ocupaba una superficie de 10.500 metros cuadrados con la idea de acoger a 250 soldados, e invocó a la «defensa nacional» para pasar por encima de la normativa local y autonómica, ante la resistencia de las instituciones locales.

Bajo importantes medidas de seguridad, las obras comenzaron en junio de 1981, pese a la oposición de la Junta de Erronkaribar, el Ayuntamiento de Izaba, asociaciones conservacionistas, todos los grupos de montaña del herrialde y representantes políticos. La Agrupación Orhi-Mendi, mayoritaria en las elecciones autonómicas por la Merindad de Zangoza, y su diputado foral, Jesús Bueno Asín, se posicionaron en contra. El Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro también lo hizo, arguyendo que se ocupaba una zona de protección especial por su alto valor natural.

Juan Mari Feliu, que poco después se convertiría en presidente de la Federación Navarra de Montaña, fue testigo directo de aquellos sucesos, que incluyeron movilizaciones y acampadas de protesta contra el proyecto militar. «En aquella época era un lugar estratégico para el ejército por su cercanía con la muga, pero suponía instalar un edificio enorme que rompía con el equilibrio natural del entorno», denuncia.

Y que tampoco tenía ningún encaje social. Como trágica anécdota, recuerda que aquel destacamento en todo el tiempo que estuvo instalado en Belagua solo ayudó en una ocasión en el rescate de tres montañeros fallecidos en un desgraciado accidente ocurrido en un paraje situado algo más abajo que el cuartel. «No había relación y tampoco la buscábamos», zanja.

Desde su punto de vista, dicho acuartelamiento dejó de tener interés militar debido al cambio climático y el impacto que este tuvo en la zona «por el descenso continuado de la presencia de nieve en los últimos años». Bien por esa razón o por otras que se escapan a la inteligencia civil, lo cierto es que el Ejército decidió abandonar el macroedificio casi un cuarto de siglo después.

Restitución en idéntico estado

En diciembre de 2005, el Estado Mayor decidió declararlo sin interés militar aunque sin concretar la reversión de los terrenos y de la construcción, algo que fue comunicado a la Junta de Erronkaribar, cuyos gestores de entonces declinaron la opción de quedarse con el cuartel, al considerarlo un regalo envenenado por el mal estado de conservación que ya para entonces tenían las instalaciones.

Según se recogía en el convenio de 1980 por el que dicho órgano local cedía los terrenos –aunque estaban en el término municipal de Izaba, la Junta tenía y tiene la competencia al tratarse de suelos comunales–, el Ministerio de Defensa estaba obligado a devolverlos en idéntico estado a como los había recibido, trabajos de reacondicionamiento que nunca inició.

Tras un periodo de inacción que se prolongó durante tres años, Erronkaribar finalmente demandó de manera formal al ejército la restitución de la zona, haciendo oídos sordos al requerimiento, lo que derivó en 2010 en el inicio de un litigio judicial que se fue alargando en el tiempo, aunque ya para 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) realizó un primer pronunciamiento dando la razón a la Junta.

Sin embargo, el Ejército nunca terminó de acatar la sentencia, tampoco cuando en 2018 se puso en comunicación con el Ayuntamiento de Izaba para solicitar las normas vigentes en Nafarroa en materia de derribos, lo que podía apuntar a una próxima demolición del edificio, que tampoco se materializó en aquel momento.

Fue necesario que en una sesión ordinaria de la Junta de Erronkaribar del 24 de agosto de 2021 se aprobase por unanimidad un punto del orden del día para reactivar el proceso, obligando a Defensa no solo a la demolición del edificio, sino también a la descontaminación de dicha área, tal y como recuerda Eneko Egiguren, que fue presidente de la institución local entre ese año y 2023.

En calidad de dicho cargo, llevó a cabo toda una serie de gestiones y contactos con formaciones políticas, el instructor del caso y el propio Ministerio, para las que contó con el apoyo desinteresado del que fuese durante cuatro décadas secretario de la Junta, Marcelino Landa, y del exasesor jurídico de dicho organismo, Josetxo Iruretagoiena.

Auto definitivo

Todo ese discreto trabajo acabó fructificando en un nuevo auto de febrero de 2023 del TSJM, ya sin posibilidad de recurso, que obligaba con carácter definitivo a la restitución del espacio como estaba en 1980. Una actuación que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó un par de meses después en el Congreso español que se iba a llevar a cabo.

«Sin una labor constante, llamadas, movimientos políticos y conciliación entre las partes, los objetivos no se consiguen. Porque está claro que no había una intencionalidad clara de quitar este tipo de estructuras y muchas veces la propia administración local tiene más prisa de lo que podemos. En todo caso, satisfacción porque, al final, se ha conseguido su derribo», refleja Egiguren.

«Lo que había allí era una ruina y un foco de posible contaminación, además del impacto visual que generaba en un paraje natural»

Un derribo por importe de casi medio millón de euros para cuyo inicio ha habido que esperar otro año más y que comenzaron a finales del pasado mes de octubre. En concreto, ya se han llevado a cabo las labores de demolición de las instalaciones, cuyos restos serán trasladados posteriormente, además de acometer tareas de descontaminación y revegetación del terreno, todo ello acotado a un periodo de seis meses, si bien ello dependerá de las condiciones climatológicas, teniendo en cuenta además que se trata de una zona de alta montaña.

De la vigilancia para que todo ello se cumpla se encarga ahora el Ayuntamiento de Izaba, tras haber supervisado y dado el visto bueno al proyecto de demolición y conceder la pertinente licencia municipal. Su alcalde, Carlos Anaut, indica que ha sido la solución más adecuada, porque «lo que había allí era una ruina y un foco de posible contaminación, además del impacto visual que generaba en un paraje natural».

Recuerda que en su momento se le planteó a Defensa la posibilidad de que el edificio estuviese en el casco urbano de la localidad, pues el plan urbanístico no permitía edificar en Belagoa. «De haber sido así, se hubiese podido aprovechar para viviendas u otros usos, pero a sus promotores no les interesaba. Fue un gasto en su momento y va a ser también derribarlo», explica.

Ahora, el área volverá a ser el pastizal de antaño, recuperando el aprovechamiento ganadero de hace cuatro décadas y recobrando una estampa que nunca se debió alterar por el empecinamiento de un capricho militar.