Conceptos como 100.2, tercer grado, permisos o incluso libertad condicional eran ajenos a los presos y presas vascas cuando Harrera empezó su labor en 2012. Los que predominaban eran otros bien distintos: alejamiento, primer grado, aislamiento... La asociación ayudaba inicialmente a quienes salían de prisión de un día para otro con la condena cumplida hasta el final o lograban volver del exilio. Su espacio de acción ha ido incrementándose en esta década larga para atender nuevas necesidades y ahora se intenta potenciar con un plan para cuatro años, aprobado el pasado fin de semana en una asamblea extraordinaria en Andoain. Idoia Martinez, coordinadora del equipo; Eba Ferreira, presidenta: y Carlos Askunze, vicepresidente, lo explican.

Una hoja de ruta renovada y para cuatro años. ¿A qué nuevas necesidades responde?

Idoia MARTINEZ: Cada vez son más los presos y presas de motivación política que, siguiendo el itinerario penitenciario, están accediendo a progresiones de grado. Ahora hay 58 personas que por diferentes modos salen de prisión cada día, lo que supone renovar documentación, inscribirse en Lanbide, consultas médicas, desplazamientos para ir y volver a prisión, necesidad de asistencia económica…

La búsqueda de trabajo es un problema importante; aun tratándose de personas con estudios universitarios en muchos casos, carecen de experiencia. Junto a ello, han sido muchos años de prisión y salen cada vez con edades más avanzadas. Ello genera problemas de salud, en algunos casos deteriorada porque largos años con una asistencia médica no adecuada tienen sus efectos. Y también otro: muchos salen en edad de jubilación o casi, pero sin años cotizados para poder cobrarla.

Carlos ASKUNZE: Se trata de fortalecer el trabajo que ya se estaba haciendo y adecuarlo a esas nuevas necesidades. Requieren más recursos, mayor interlocución con agentes y con instituciones, fortalecer también la base de apoyo...

Libertades condicionales, terceros grados, 100.2, permisos… Para los profanos en la materia es difícil seguir este esquema. ¿De qué situación diaria concreta estamos hablando?

I.M: Los datos que manejamos hoy día son de 121 personas en las cárceles de Euskal Herria y 4 en el Estado francés. De esas 121, 58 están saliendo a diario: 13 en tercer grado, 26 con control telemático y 19 en 100.2, que es una flexibilización del segundo grado en la que pueden salir unas horas entre semana para hacer voluntariado o trabajar. De los 63 que quedan, 8 salen con permisos.

Idoia Martinez: «Hay 13 personas en tercer grado, 26 con control telemático y 19 con 100.2... Es un cuadro nuevo»

Este cuadro es nuevo. Los primeros terceros grados se produjeron en la época de la pandemia y aun así Harrera intentó y logró acompañar a cada persona que iba saliendo. Ello precisa de conocimiento previo de las necesidades de cada una, organización de voluntarios para desplazamientos...

El empleo es una necesidad evidente en ese itinerario de salida. ¿No existen para ello herramientas públicas, como Aukerak?

C.A: Programas como Aukerak los vemos con buenos ojos porque responden a una necesidad muy real. Lo que sucede es que todavía están siendo pasos incipientes. Las prisiones no siempre están preparadas para este tipo de proyectos. Hay planes-piloto pero queda mucho que hacer. Mientras tanto, Harrera tiene que dar una solución, y eso pasa por buscar, tener un contacto continuo con instituciones públicas para ver oportunidades e itinerarios, pero también con entidades sociales que ya están trabajando en prisión, o con ámbitos cercanos, encuadrados en la economía social o solidaria, entidades que ofrecen espacios de voluntariado...

¿Y la vivienda? Aquí el problema es general. Habrá quien cuestione que se trabaje específicamente para estas personas, ¿qué les responden?

C.A: Que efectivamente es una preocupación máxima en la sociedad, pero especialmente para aquellos grupos de población que están más fragilizados o son más vulnerables: jóvenes, familiares monoparentales… y también expresos y expresas. Hay agentes que están trabajando esos espacios específicos y Harrera es un agente más para este ámbito concreto. Afortunadamente existe cada vez una conciencia mayor de que hay que responder a las situaciones de fragilidad.

¿Todo esto no tendría que corresponder a las instituciones? ¿Cómo valoran su implicación?

I.M. Salvo honrosas excepciones, han sido las redes familiares de estas personas y Harrera quienes han afrontado este trabajo en solitario. Más allá del altruismo, no existen recursos suficientes. La ONU define la reintegración de las personas presas como un proceso social y económico, que tiene que ver con el desarrollo general de los países. Por lo tanto, entendemos que precisa la responsabilización de todo un país, y que eso es positivo para la paz y para la convivencia.

Carlos Askunze: «La política penitenciaria española nunca ha estado unida a políticas de empleo o asistenciales. Con la transferencia hay una oportunidad para otro modelo»

C.A: Añado una reflexión: todos los pasos que se han ido dando en estos años lo han sido por esta implicación multiagente. En este proceso concreto también hay que buscar esos consensos porque todavía queda más camino que recorrer.

Por otro lado, en el Estado español Instituciones Penitenciarias no siempre ha puesto el foco en la reintegración de las personas. La política penitenciaria casi nunca ha estado unida a otras políticas, como las de empleo, asistenciales… Que las políticas estén ahora en el Gobierno Vasco es una oportunidad para impulsar un modelo más abierto, diferente. Los sindicatos o las entidades sociales también pueden participar en ello e impulsarlo.

Vamos a lo concreto. Harrera tiene un piso en Donostia a disposición de estas personas, ¿cómo funciona? ¿Y se hará lo mismo en otras ciudades?

I.M: Lo utilizan cuatro presos que cumplen condena en Martutene. Dos de ellos están con control telemático centralizado en el piso asistencial, por lo que de lunes a jueves duermen en el piso y el resto de días lo hacen en el domicilio familiar. Los otros dos están en tercer grado; de lunes a jueves duermen en la cárcel y el piso lo utilizan en las horas de salida que les quedan. Se trata de personas que no tienen un espacio habitacional cerca de la cárcel porque son originarias de otros herrialdes. Y sí, en los demás herrialdes también va a ser necesario e intentaremos hacerlo lo antes posible, pero no es fácil y sobre todo no es barato, necesitamos ayuda para ello.

Harrera lleva años alertando de la cuestión de las pensiones. Son personas que salen de la cárcel habiendo cotizado muy poco o nada. ¿Cómo se puede afrontar?

I.M: Nos preocupa muy especialmente. Con ayuda jurídica estamos explorando caminos novedosos, hay que perseverar para encontrar una solución. Creemos que son problemas consecuencia de la situación vivida en Euskal Herria durante muchos años. Y tenemos disposición absoluta a trabajar codo con codo para buscar soluciones.

¿Qué tipo de ayuda médica y de otro tipo presta Harrera?

I:M: Oftalmológica, dentistas, sicólogos… Se cuenta con una red de personas profesionales que pueden echar un cable, pero hará falta más. Se les ayuda a sacar el carnet de conducir, o a gestionar ante la Administración solicitudes de RGI... Y también hay asistencia económica, les hace falta.

En estos años hemos ido incorporando personas que conocen la situación, kides. Para ofrecer un acompañamiento integral hace falta ese conocimiento en primer persona del recorrido penitenciario pero también hace falta un perfil técnico, por ejemplo de personas que puedan contribuir en la asistencia sociolaboral. Así que nos vamos readaptando a partir de la experiencia de estos doce años desde que se creó Harrera, que ha sido muy positiva.

¿Cuántos socios tiene Harrera y cuántos necesitaría?

Eba FERREIRA: En la actualidad contamos con 3.266. Necesitaríamos duplicarlo teniendo en cuenta todo lo dicho: que cada vez hay más gente que necesita ayuda. Luego están las donaciones, que suelen ser puntuales pero tienen un carácter mayor económicamente: hay personas muy generosas que han dejado sus herencias a Harrera, o personas que han recibido indemnizaciones por haber sido víctimas del Estado y se lan dado a Harrera. Merecen un eskerrik asko enorme por ser tan solidarias y solidarios.

Eba Ferreira: «Hay personas que han recibido indemnizaciones como víctimas del Estado y se las han dado a Harrera, merecen un ‘eskerrik asko’ enorme»

C.A: La vía de financiación principal son los socios, pero intentaremos también tener aportaciones de instituciones y empresas, creemos que podemos acceder a determinadas ayudas públicas como el resto de asociaciones. Sin olvidar actividades solidarias que se han hecho históricamente y se seguirán haciendo: actos sociales o culturales en los pueblos...

¿El trabajo de Harrera es suficientemente conocido?

C.A: Es uno de los puntos importantes del plan: queremos dotarnos de nuevas herramientas de comunicación, por ejemplo un libro-guía que explique el trabajo que hacemos, una web más dinámica que permita informar de cómo hacerse bazkide o cómo colaborar… Charlas en pueblos, barrios, conferencias… Y un trabajo con los medios de comunicación también, no por presentar Harrera en sí misma, sino para dar cuenta de la situación de estas personas

E.F: Que la gente se acerque y nos conozca, y que se anime a ser laguntzaile. Queremos que vean que este es un trabajo bueno para la construcción de la paz y la convivencia, un trabajo que se debe poner en valor.