El concierto para renovar la asistencia pública de funcionarios del Estado quedó desierto el pasado 5 de noviembre, después de que ninguna de las empresas del oligopolio de asegurador (DKV, Asisa y Adeslas) se presentaran a la licitación. Argumentaron que la prima establecida por persona asistida –el incremento de lo que iba a pagar la Administración en la nueva licitación– no era suficiente, que están perdiendo dinero. El concierto había salido con un incremento del 17,2% con respecto al anterior, pero las compañías aseguradoras reclaman que suba en torno al 40%.

Al quedar desierto y evidenciarse semejante diferencia, queda en el aire cómo asistir al colectivo de 1,5 millones de funcionarios del estado (de los que un 65% son profesores). Hego Euskal Herria no es uno de los territorios más afectados, dado que el peso cuerpo funcionarial estatal es menor y que a estos funcionarios se les abre la opción de cambiarse al sistema público cada año y muchos de ellos prefieren cambiar.

Nafarroa es, de largo, donde menos funcionarios se acogen al sistema privado (el 55,5% eligen Osasunbidea). En la CAV solo el 32,5% de este colectivo escogió ser asistido por Osakidetza (38,1%, en Araba; 36,5% Gipuzkoa; y 28,9% Bizkaia). Aun así, todos los territorios están por encima de la media estatal (26,8%). En total, el colectivo de funcionarios adscritos a la sanidad privada a través de Muface en los cuatro territorios es de algo más de 34.500 personas.

Con ánimo de tranquilizar en esta nueva fase inédita, el Ministerio de Sanidad español aseguró que en ningún caso estas personas quedarán desatendidas. El debate viene de atrás, la ministra Mónica García, al poco de tomar el mandato, aseguró que integrar a los mutualistas de Muface dentro del sistema público sería uno de sus legados, pero luego se desdijo.

En ese momento, se atribuyó el paso atrás a un desacuerdo entre los partidos que conforman el Gobierno español. El PSOE defiende el modelo actual y Sumar, al que pertenece García, la integración.

Camino hacia la integración

García, con ocasión que le brinda el boicot de las aseguradoras al concurso, difundió un informe interno de su Ministerio al que ha tenido acceso NAIZ para retomar la integración que prometió (y que luego dejó de ser una «prioridad» por los motivos que fueran).

Este informe desglosa por CCAA el impacto que tendría la asunción de los funcionarios. Indica que Baleares, Catalunya, la CAV (0,65% de incremento) y Nafarroa (1% de incremento) serían los territorios donde el impacto sería menor.

Sí que menciona la salvedad de que la CAV «presenta un 35,6% de la población mutualista con sanidad privada mayor de 65 años», lo que constituye una cifra relativamente alta, por lo que la sobrecarga de Osakidetza en ese grupo de edad (el que tiene mayores necesidades de atención) se elevaría al 1,63%.

En su análisis, Sanidad plantea la encrucijada tal cual es: o el Estado se aviene a contentar a las aseguradoras, elevando el 40% la prima por persona atendida o empieza a atender ordenadamente a este 1,5 millones de personas. Para esta segunda opción, Sanidad propone un intervalo de nueve meses para efectuar la transición de un modelo a otro y acabar con esa inequidad. En ese tiempo se transmitirían los historiales clínicos, se resolvería la problemática derivada, las intervenciones y citas ya calendarizadas, etc. Y se resolvería el problema de cómo pagarlo, que fue el germen de todo esto.

El motivo que explica que los funcionarios del Estado no sean atendidos en la Sanidad pública es que, cuando se desguazó el sistema mutualista que existía en el franquismo para pasar modelo de sanidad pública, es económico. Resultó logísticamente más fácil que la Seguridad Social asumiera la carga de la atención sanitaria del colectivo funcionarial. 

La propia ley de 1986 ya contemplaba la vía para, a futuro, normalizar la situación e incorporar a estos funcionarios –así como los otros que tienen sus mutuas propias como los funcionarios de justicia (Mugeju) y las Fuerzas Armadas (Isfas)– al sistema sanitario para toda la población. Pero esta incorporación se fue postergando y finalmente no se ejecutó.

Frente al 2,12% de aumento de la carga asistencial que supone el colectivo de funcionaros adscritos a Muface en todo el Estado, en la CAV suponen un 0,65% y, en Nafarroa, el 1%.

De esta manera, el costo de la atención sanitaria de los funcionarios adscritos a Muface lo asume la Seguridad Social mediante licitaciones a aseguradoras privadas. Por lo que, en caso de que el sistema sanitario público asumiera ese 2,12% de pacientes, lo lógico es que se buscara un modo para dotarlo también de medios económicos.

Ahora bien, desviar fondos de la Seguridad Social a la Sanidad Pública puede resultar administrativamente complejo, al menos, en el caso de Euskal Herria.

GARA elevó a principios de semana una consulta al Departamento de Hacienda de Nafarroa sobre esta cuestión. La aportación que las haciendas forales realizan a la seguridad social para atender los gastos sanitarios de los funcionarios se ejecuta a través del Convenio (y de manera análoga en el Concierto).

Nafarroa está asumiendo de forma directa el 11,88% y aporta 'sensu contrario' el 88,12%. Aplicando estas proporciones al monto total destinado al Muface, la Hacienda Foral «está contribuyendo a las cargas no asumidas por cuotas de Muface de sus funionoarios 20.975.442,7 euros», según ha transmitido los técnicos del organismo público.

En caso de que el plan diseñado por el Ministerio se llevara a la práctica, obligaría, por tanto, a una modificación de la aportación a través del Convenio y el Concierto, mientras que en otras CCAA se articularía de un modo diferente, que también recoge Sanidad en su informe.

Las dudas persisten en el ejecutivo

Ahora bien, el Gobierno español parece remar en dos direcciones contrarias. Mientras que la ministra de Sumar aprovecha la ocasión para retomar su plan de integración, el ministro de Seguridad Social, Óscar Puente (PSOE), ha dado un plazo de dos semanas a las aseguradoras para tentarlas a formular una cifra por la cual sí que estarían dispuestas a presentarse al concurso público, pero que no fuera tan alta como el 40% que habían solicitado.

El oligopolio asegurador sostiene que en el último concierto entraron en pérdidas, debido al paulatino envejecimiento de sus asegurados, que hace que su factura médica se eleve.

Concretamente, la edad media del mutualista era de 54,2 años en 2013 y ha pasado a 57,8 en la actualidad. Esta tasa de envejecimiento responde a que los nuevos funcionarios optan mayoritariamente por lo público.

Nafarroa rompió un contrato con la Universidad de Navarra para eliminar la asistencia privada de 7.128 personas sin que el sistema colapsara. Los adscritos al Muface son 7.550 en ese territorio.

El PP, por su parte, sostiene que la asunción de esos 1,5 millones de usuarios más por parte del sistema sanitario público conllevará el colapso, pues ya está sobresaturado, obviando la posibilidad de que se generara un refuerzo económico. Hay pocos precedentes de un movimiento así, pero los hay.

El más cercano tuvo lugar en Nafarroa en el año 2015, cuando el Gobierno de Uxue Barkos rompió el modelo que, de modo excepcional, se había establecido para la Universidad de Navarra (del Opus Dei) mediante el cual los trabajadores y sus familias no eran atendidos por Osasunbidea, sino que su sanidad quedaba en manos de la Clínica Universitaria, que forma parte del complejo.

En contraprestación, el Gobierno navarro les abonaba una cuantía anual (que en el último ejercicio vigente, el de 2014, fue de 5,1 millones).

La ejecución del cambio fue polémico y hubo guerra de cifras. UPN y la Universidad, defensores del régimen de excepcionalidad, sostenían que el pago por persona atendida (719 euros) era más barato que el coste medio de usuario de Osasunbidea (cerca de 1.300 euros).

El Gobierno foral replicó que había que tener en cuenta la edad –eran trabajadores activos y familias, por lo que su edad media era más baja– y que su atención no conllevaba los sobrecostes de una población dispersa por todo el territorio, dado que estaban su mayoría radicados en Iruñea. A ello se sumaba que el coste farmacéutico (1,2 millones) lo asume la Administración.

Con todas estas variables en cuenta, el Ejecutivo sostuvo que, cada año, la Sanidad Pública perdía casi dos millones de euros de los 5,1 que abonaba anualmente. El consejero Fernando Domínguez estimó en 14 millones lo perdido entre 2009 y 2015, cuando se extinguió el convenio.

En lo que respecta a la sobresaturación, el colapso no llegó a producirse (si bien es cierto que hoy, como en el resto de territorios, las cifras de espera son más altas que nunca). El número de trabajadores que pasaron de estar atendidos por la Universidad en la que trabajaban a Osasunbidea fue de 7.128. Los funcionarios adscritos al Muface que eventualmente pasarían de aseguradoras privadas a Osasunbidea se ha cifrado en 7.550.