A ocho años del acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, sigue habiendo 90 firmantes de la paz en prisión. A nivel penitenciario, ¿qué cambios han traído los acuerdos de La Habana?

La situación de las cárceles y de los prisioneros políticos en Colombia es bastante compleja, sobre todo porque el acuerdo de paz tenía la vocación de que paulatinamente fueran adquiriendo la libertad, no solo los de las FARC-EP, sino también todo el cúmulo de líderes y lideresas políticas encarcelados y, por qué no, de otras insurgencias.

La idea era abolir esa vieja premisa de la guerra jurídica del Estado contra las organizaciones sociales y populares y dejar de aplicar el derecho penal del enemigo.

Desafortunadamente, la falta de implementación del acuerdo ha implicado que incluso no todos los presos que hicieron parte de las FARC-EP hayan salido en su totalidad, todavía hay alrededor de 90  firmantes de paz presos.

Es cierto que tras la firma, 2.000 miembros de la guerrilla –guerrilleros, milicianos, colaboradores o de las bases sociales– fueron excarcelados, pero a día de hoy, en Colombia, hay cerca de 3.000 presos políticos de otras insurgencias,  del movimiento social y popular, y en los últimos años, de las denominadas ‘primeras líneas’, jóvenes que participaron en el gran paro nacional entre 2021 y 2022.

La situación en las cárceles continúa siendo precaria y aunque con este nuevo Gobierno de Gustavo Petro ha mejorado un poco, el problema sigue siendo estructural.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, excomandante de las FARC-EP, preso desde 2004 en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Estados Unidos. La propia guerrilla lo nombró negociador plenipotenciario en las negociaciones de La Habana e incluyó una silla vacía con su nombre en la mesa.

El proceso de paz no logró su liberación. A sus más de 72 años, Simón no tiene una posibilidad real de salir de la prisión de máxima seguridad.

Más de 400 organizaciones de Colombia y de otras partes de América Latina hemos enviado al presidente colombiano, Gustavo Petro; al estadounidense, Joe Biden, y al secretario general de la ONU, António Guterres, una solicitud para que sea indultado por razones humanitarias, y pueda ser repatriado y contribuir a la paz.

¿Qué simboliza Trinidad?

El propio Simón le ha pedido al Gobierno ser nombrado gestor de paz. Sin su libertad y repatriación no es posible hablar de una implementación completa del acuerdo de La Habana.

En el país existen otras mesas de diálogo con otras insurgencias y grupos armados, y la situación de Simón Trinidad, todavía privado de libertad, hace que no exista confianza en las instituciones ni tampoco en la seguridad jurídica para quienes suscriban futuros acuerdos de paz.

Es un mal mensaje para esos eventuales firmantes de paz.

¿Y por qué sigue en prisión pese a todos los intentos y peticiones que se han hecho?

Porque EEUU sigue considerando a Simón Trinidad un botín de guerra. Hemos demostrado que no fue miembro del Secretariado y mucho menos del Estado Mayor Central de la guerrilla, como sostiene Washington, que no es responsable de la política de secuestro.

«El propio Simón Trinidad le ha pedido al Gobierno ser nombrado gestor de paz. Sin su libertad y repatriación, no es posible hablar de una implementación completa del acuerdo de La Habana»

Él fue extraditado con una equivocada acusación de narcotráfico, cargos que se cayeron. Fue finalmente condenado a 60 años en un proceso totalmente irregular por el secuestro de tres contratistas estadounidenses.

La Jurisdicción Especial para la Paz le ha concedido la amnistía, pero las autoridades de EEUU lo mantienen privado de libertad y en régimen de aislamiento.

¿A qué situación se enfrentan los presos tras ser excarcelados?

Desafortunadamente, en Colombia no existe una política pospenitenciaria que les permita un buen proceso de resocialización, rehabilitar sus derechos civiles y políticos, y el reencuentro con sus familias.

Mientras están presos, muchas veces son alejados a cárceles distantes lo que dificulta las visitas de las familias que, a su vez, temen ser blanco de asesinato o amenazas. Y una vez que salen en libertad, no tienen garantías económicas, de seguridad, de inserción...

¿Persiste aún la concepción del enemigo interno?

Sí, por supuesto. A pesar de que tenemos un Gobierno de corte progresista, democrático y un poco más garantista en cuanto a derechos fundamentales, la política del enemigo interno sigue estando muy afincada en las fuerzas militares, en las policías, en el aparato judicial...

Hoy por hoy esa política se traduce no solo en ver al comunista, al socialista o al de izquierda como un enemigo interno, sino que también se clasifica así a la inmigración, a las pobrerías que, aburridas de su situación económica, salieron a las calles y por eso son judicializadas.

Además de dar asistencia a los presos políticos, Lazos de Dignidad acompaña a víctimas de crímenes de Estado.

Pese al nuevo Gobierno, en la rama judicial no ha habido un cambio de visión respecto a la reparación de las víctimas de crímenes de Estado.

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo aún siguen en manos de personas puestas por el uribismo.

Hasta el próximo año no se cambiará su titularidad y esperamos que, con ese cambio, haya una mayor mirada hacia los derechos de las víctimas, la verdad, justicia, reparación y, por supuesto, no repetición.

¿Cómo puede afectar la vuelta de Trump a la Casa Blanca?

Tanto los demócratas como los republicanos aplican de manera indistinta todo su poderío imperial contra nuestro pueblo, contra las organizaciones y contra las izquierdas.

Para Colombia, no hay mucha diferencia en quién sea el inquilino de la Casa Blanca. Trump tiene unas políticas de corte neoliberal y fascistas que, claramente, de manera directa o indirecta llegarán a Colombia porque las instituciones dependen mucho del apoyo norteamericano. El Plan Colombia sigue vigente.

Volviendo al tema de las cárceles, el sistema penitenciario en Colombia fue diseñado a imagen y semejanza de Estados Unidos, contó con el asesoramiento del buró estadounidense.

«A pesar de que tenemos un Gobierno de corte progresista, democrático y un poco más garantista en cuanto a derechos fundamentales, la política del enemigo interno sigue estando muy afincada»

El regreso de Trump es una continuidad de las políticas contra el pueblo, los derechos humanos, las fuerzas democráticas...

El próximo año hay elecciones en Colombia y en dos estaremos nuevamente ante unas nuevas presidenciales. La ultraderecha se viene preparando para ganarlas y eso nos pondría en una situación complicada.

Lo que está claro es que Trump apoyará al uribismo y eso al movimiento social y popular nos dibuja un escenario más complicado y complejo. El futuro es bastante siniestro. El acompañamiento internacional siempre va a ser una garantía de protección.

¿Qué influencia tienen modelos penitenciarios como el de Najib Bukele en El Salvador?

Hemos venido trabajando en la idea del imperialismo carcelario que exportó EEUU y cuyo laboratorio fue Colombia. Después se empezó a exportar a México y Centroamérica, incluyendo El Salvador. Lo que hace Bukele es coger ese modelo cercenando los derechos fundamentales.

El mundo ha visto la tortura que padecen los presos en El Salvador. Lo peor es que los medios de comunicación están implantando una matriz positiva en el sentido de que eso es lo que se debe hacer en estas sociedades.

Lazos de Dignidad forma parte de la Coordinadora Americana por los Derechos Humanos, que el próximo año acompañará una misión de verificación de las cárceles salvadoreñas con el fin de presentar una denuncia ante la Corte Interamericana.

¿Qué cambios estructurales se requieren en las cárceles colombianas?

El primer cambio estructural que requerimos es una nueva política carcelaria y penitenciaria y, en particular, una política criminal que no se centre en la represión sino en la prevención de la comisión del delito.

Cómo desde la educación, la salud y mejores escenarios económicos y de inclusión podemos generar que a las cárceles llegue la menor cantidad posible de personas.

«Lo que está claro es que Trump apoyará al uribismo y eso al movimiento social y popular nos dibuja un escenario más complicado y complejo. El futuro es bastante siniestro»

En el proceso de La Habana se planteó un modelo alternativo de justicia transicional, en el cual la cárcel no es el fin en sí mismo.

Existen otros mecanismos como la prisión domiciliaria, libertad vigilada, trabajos comunitarios, que nos pueden permitir arreglar la sociedad en vez de hacer bodegas humanas en las que una persona puede estar veinte, treinta o hasta sesenta años, la pena máxima prevista.

Está comprobado que eso no resocializa y que lo único que hace es generar un profundo dolor.

La paz total, esa que no quieren permitir que Petro desarrolle plenamente, es lo que puede aportar un cambio significativo. Hablar de paz total es hablar de una paz que integra a todos los colombianos, que aleja las armas de la política y que, desde la diferencia, garantiza el respeto al opositor político.