El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha censurado que Osakidetza tramitara en 2022 como contratos menores y fraccionara la compra de productos, bienes e inversiones valorados en casi 130 millones de euros cuando debían haber sido gestionados mediante procedimiento abierto.

Este incumplimiento de la legalidad se ha detectado en adquisiciones de medicamentos por 33,5 millones de euros, en otros suministros por 92,8 millones de euros y en inversiones por 2,9 millones de euros, según el informe de fiscalización de las cuentas de 2022 de Osakidetza elaborado el TVCP.

Además ese año en seis organizaciones de servicios se prorrogaron contratos derivados de 94 expedientes (valorados en 75,7 millones) más allá del periodo máximo permitido.

El órgano fiscalizador también afea a Osakidetza no tener contabilizadas en sus cuentas anuales las obligaciones a pagar en ejercicios futuros por complementos de jubilación de determinado personal, una cantidad que a 31 de diciembre de 2022 ascendería 57,5 millones de euros.

A excepción de estas críticas el TVCP considera que las cuentas anuales de Osakidetza y su sociedad Osatek cumplieron «razonablemente» la normativa legal y que sus cuentas «expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2022».

Llueve sobre mojado con ello, porque el TVCP ya hizo hace ahora un año la misma denuncia referida a la gestión de 2021, aunque con una cantidad global menor (117 millones).

Denunciada por LAB

El sindicato LAB ha impulsado la denuncia de estos casos. En enero de este año informó públicamente de que había descubierto en ese 2022 un total de 381 contratos menores por un total de 8 millones de euros. Lo comunicó al TVCP, que ahora eleva la cifra tras su investigación hasta 1130 millones.

En aquella comparecencia, LAB detalló como funciona este sistema y expuso sus «sospechas de corrupción». Puso como ejemplo el caso de una obra cuyo valor estimado es de 70.000 euros pero que se aborda con dos contratos menores de 35.000 cuando deberían sacar un concurso de obras cumpliendo todos los requisitos de publicidad exigidos. Está expresamente prohibido por el artículo 99.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

«Desde el punto de vista económico se evita la competencia entre empresas, con la pérdida que esto supone para los y las contribuyentes vascas y pone de manifiesto cuál es el modelo de gestión de determinados directivos y responsables de Osakidetza. La falta de transparencia, además, deja a Osakidetza bajo la sospecha de corrupción», ha manifestado.

Según establece la ley, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Las variantes de fraccionamiento, según detalló LAB, pasan por trocear la obra y dársela en X contratos a la misma empresa, adjudicar a dos que tienen el mismo dueño, dividir y adjudicar a firmas distintas, contratar con la misma compañía pero desde organizaciones distintas (organización central y una OSI), hacer un contrato de obra por importe menor de 40.000 euros y otro de suministro por valor de menos de 15.000 euros.

Otra manera sutil, pero igualmente ilegal, de fraccionar un contrato de obras es la de separar por ejemplo por gremios la contratación de una obra, ya sea tabiquería, instalación eléctrica o contrato de climatización, expuso LAB.