Como había anunciado el pasado mes, EH Bai ha puesto sobre la mesa una completa propuesta de autonomía que plantea un salto en soberanía respecto a la Mancomunidad Vasca surgida en 2017 y llega en un contexto que puede ser propicio tanto en Euskal Herria como en el marco estatal francés. Se concreta en una fórmula que otorgaría capacidad legislativa y fiscal al conjunto de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, con 24 competencias detalladas y un impulso democratizador en general.

De la presentación en Baiona se ha encargado Mathilde Hary y Txomin Casteigts, portavoz y coordinador de EH Bai respectivamente, y también ha intervenido Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, como fuerza con la que EH Bai mantiene un acuerdo estratégico.

Gaur Lapurdin egon gara @EHBai|ko kideekin euren autonomia proposamena elkarbanatzeko.#NazioaGara https://t.co/egzBai2iBz pic.twitter.com/N5YfpOd0qN

— Arnaldo Otegi  (@ArnaldoOtegi) December 14, 2024

Al acto han asistido diversas figuras políticas de Ipar Euskal Herria de ámbitos abertzales y de izquierda, como el diputado del PS Iñaki Echaniz.

No es la primera vez que desde Ipar Euskal Herria se formula una propuesta de autonomía: lo hizo EHAS en 1978, Iparretarrak en 1983 y Autonomia Eraiki en 1994. Ahora es una EH Bai al alza quien toma la iniciativa. Lo define con voluntad de sumar adhesiones y en un contexto en que ya se habla abiertamente de la opción de reactivar Batera, la plataforma plural cuyo impulso fue clave para llegar a la creación de la Mancomunidad Vasca.

El contexto

¿Por qué en este momento? La concreción de la propuesta parte de que se está abriendo «una nueva fase política», tras unos años en que la resolución de las consecuencias del conflicto armado ha acaparado la agenda en Ipar Euskal Herria, foco generador de pasos determinantes en torno al desarme o los presos.

En estos siete años la Mancomunidad Vasca ha delimitado el marco territorial vasco e implantado algunas políticas de desarrollo pero también ha mostrado sus limitaciones y debilidades. EH Bai ha avanzado electoralmente. Y el proceso Bagira ha reordenado y clarificado el espacio abertzale.

Ampliando la foto al conjunto del país, esta nueva fase se plasma en los compromisos de reactivación del proceso de nuevo estatus en el Parlamento de Gasteiz o en los pasos hacia la reforma del Amejoramiento en el de Nafarroa.

Yendo a los estados, si en el español se está ganando terreno hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad, en el francés también resulta evidente la crisis del modelo, como señalan los movimientos en Kanaky o Corsica.

A este respecto, la propuesta recoge la pluralidad de opciones de anclaje legal en el Estado francés: París firmó el principio del derecho de autodeterminación definido por la ONU (1980), incluyó expresamente a Kanaky en la Constitución (1998), reconoció a Corsica como colectividad territorial (2018), aceptó los referendos decisorios de comunidades locales (2003)...

EH Bai remarca en este punto que en realidad el Estado francés es una rara avis en su contexto geográfico, al no tener como base de conformación una estructura autonómica. «En el panorama de Europa, el estatus de autonomía no es ningún anacronismo», apunta recordando los casos del Estado español, el belga, Reino Unido, Alemania o Italia.

Reconocimiento y soberanía

«La autonomía no es la independencia –indica la propuesta en un párrafo que puede servir como resumen de su alcance–. Sin embargo, garantiza un proceso político dinámico, en el que más, que una situación institucional fija, se dejan opciones abiertas al desarrollo del estatus futuro para Ipar Euskal Herria, siempre en función de la libre voluntad de la mayoría ciudadana».

Como base, se plantea un acuerdo «democrático [refrendado por la ciudadanía de los tres herrialdes)] y evolutivo» en el que el Estado francés reconozca al pueblo vasco y que genere un estatuto de autonomía mediante ley orgánica.

Propone incluir en ese acuerdo el «respeto al derecho a decidir de la ciudadanía vasca», la concepción de que Euskal Herria es un país formado por siete herrialdes («Zazpiak Bat») y también la cooficialidad del euskara (cuestión ya regulada en el estatuto de autonomía de Polinesia, recuerda).

Ipar Euskal Herria asumiría 24 competencias que se detallan en el texto. Por citar algunas, salud, enseñanza e investigación, policías locales, igualdad, organización del territorio, urbanismo, desarrollo económico, empleo, vivienda y residencia, agricultura y bosques, turismo, energía, juventud y deporte, cultura... En manos del Estado quedarían las de política y relaciones exteriores, Defensa y seguridad estatal (orden público incluido salvo policías locales), moneda, derechos civiles...

En todas las materias asumidas, la «comunidad autónoma» de Ipar Euskal Herria tendría capacidad legislativa plena cuando culmine el proceso tras el calendario correspondiente.

Parte indisoluble de este plan es la autonomía en material fiscal, a fin de garantizar la financiación de la autonomía, frente al esquema actual en que el Estado ejerce como una especie de «primer donante» de la Mancomunidad Vasca. Ello genera en realidad una relación de sumisión, y más aún cuando la parte vasca no toma decisiones sobre esa fiscalidad.

Así, la recaudación quedaría exclusivamente en manos de la autonomía vasca. Y se articularía un blindaje jurídico para esa soberanía fiscal frente a las posibles modificaciones de París. La propuesta se alimenta aquí, y también en otros pasajes, de las décadas de experiencia acumulada en la CAV y Nafarroa.

Programa político renovado

Junto a esta propuesta de autonomía, EH Bai ha presentado también su renovado programa político: casi 80 páginas con propuestas detalladas sobre economía, salud, educación, feminismo, euskara, metamorfosis ecológica, acogida, agricultura, pesca... No es casualidad que ambas se presenten en paralelo, dada la relación entre estos ámbitos y las competencias que se propone asumir.

Ambos pasos sitúan a la formación abertzale de izquierdas en iniciativa política, tras sus últimos avances electorales e institucionales y con un nuevo ciclo electoral a la vista desde 2026: primero las municipales, con las que se conformará la nueva Mancomunidad Vasca, luego las presidenciales y más tarde las departamentales. Siempre, claro está, que Emmanuel Macron no cambie el guion. 

TRES EJEMPLOS PRÁCTICOS: VIVIENDA, FISCALIDAD VERDE Y CLÚSTER INDUSTRIALES

El texto presentado por EH Bai está jalonado por algunos ejemplos prácticos de lo que supondría esta autonomía. Así, en una cuestión candente como la vivienda se comienza recordando la crítica situación en Ipar Euskal Herria por las subidas de precios, tanto del suelo como de inmuebles. «Una gran parte de ello puede atribuirse a la compraventa por parte de inmobiliarias para segunda vivienda y a la pura actividad especulativa», recuerda.

Frente a esta situación «inaceptable», una capacidad legislativa vía autonomía posibilitaría fijar un estatuto de persona residente como ya se hizo en Corsica en 2014, con los requisitos temporales que se decidan, de modo que los vecinos y vecinas de Lapurdi, Nafarroa Beherea o Zuberoa no se vean expulsados en la práctica dada la imposibilidad de acceder a vivienda. Una medida de este tipo «no es nada inhabitual en Europa», recalca EH Bai aludiendo a los casos de las islas Aland, las Baleares o Trento, tres autonomías diferentes.

La transición ecológica sería otra de las prioridades de la autonomía vasca, dado que en Ipar Euskal Herria hay amplio consenso social al respecto. EH Bai entiende que se facultaría una auténtica «fiscalidad verde» que aúne la transición ecológica y la justicia social, ayude a reequilibrar las diferencias entre costa e interior y garantice la aceptación social de las medidas que se implanten.

Otro ejemplo citado es de los clúster industriales. Recuerda cómo en la CAV se implantaron desde los años 90, en el amenazante contexto de las «reconversiones» y a partir del diagnóstico del economista Michael Porter, y destaca el impacto positivo que han tenido, más allá de las políticas industriales de Lakua. «Si la CAV no hubiera tenido la competencia de planificación económica, no hubiera podido poner en vigor esa medida», constata.