Las grandes energéticas que han acreditado este mismo año récords de beneficios ven aún más fortalecida su posición este jueves con la derogación del impuesto extraordinario a esas ganancias. Se aprobó a finales de 2022 con una vigencia de dos años.

En las últimas semanas, se habían multiplicado los movimientos para prolongarlo al menos un año (acuerdo Gobierno-EH Bildu) y abrir un proceso para intentar convertirlo en permanente (acuerdo Gobierno-Podemos), pero estas hipótesis han sido torpedeadas por PNV y Junts. No solo no se han abierto a sumarse a estas fórmulas, sino que han terminado uniéndose al PP para apoyar una enmienda que de momento conlleva su derogación.

En el proceso de estos últimos meses, las energéticas habían presionado fuerte, sobre todo Repsol (con Josu Jon Imaz como CEO), con la amenaza incluida de retirada de inversiones. Aunque también ha habido quien, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha reconocido entre risas que el impuesto no era tan pernicioso para sus cuentas, como acreditan los balances de resultados.

Los dirigentes del PNV habían mostrado una posición en ocasiones ambigua, intentando desviar el foco en la concertación de los impuestos más que en su trasfondo, y en otra más clara, como cuando Andoni Ortuzar señaló que este tributo iba a «matar la gallina de los huevos de oro». Imanol Pradales también dijo que ese impuesto «no es la manera más adecuada de desarrollar el tejido industrial de un país».

A medida que se acercaba el día tope del 31 de diciembre, el ala izquierda de la mayoría de investidura había arrancado compromisos al Gobierno español para tratar de mantener el impuesto como fuera. Así, este mismo miércoles tarde se anunció un consenso con EH Bildu, ERC y BNG para aprobar su prórroga en Consejo de Ministros antes de fin de año, como vía que luego pudiera validarse en el Congreso.

Este paso volvía a situar la presión sobre PNV y Junts, que este jueves han reaccionado justo en sentido contrario: aprobando una iniciativa del PP para derogar el impuesto. Con ello marcan posición que parece ya inamovible. No obstante las fuerzas de izquierda resaltan que el Gobierno español reactivará el proceso aprobando en el último Consejo de Ministros del año la continuidad del impuesto y que volverá a haber partido.

Enmienda colada por el PP en el Senado

La maniobra que intenta cortocircuitar el impuesto se basa en una enmienda que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con este apoyo de PNV y Junts, un paso que inicialmente ni el partido de Núñez Feijóo parecía esperar. También les ha supuesto alinearse con Vox.

En concreto, la medida establece la derogación del artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de «solidaridad de las grandes fortunas».

Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no apoyan esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética. El grupo jeltzale añade la alegación de la configuración actual de prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla, obviando que este aspecto también estaba a discusión.

El contrapunto

Para equilibrar un tanto la balanza, las fuerzas de izquierdas han salido del Pleno satisfechas con el resultado de otras votaciones. Comenzando por las del resto de impuesto, puesto que sí ha prosperado el mantenimiento del impuesto a la banca en los términos pactados. Esta cuestión suscitaba menos discrepancia que la de las energéticas.

Además, Podemos ha explicado que finalmente ha decidido salvar la aprobación de la Ley de Eficiencia de la Justicia tras haber pactado con el PSOE prorrogar un año la prohibición de desahucios a familias vulnerables, así como extender seis meses más las actuales ayudas al transporte.

EH Bildu: «PNV y Junts han sucumbido a las presiones de las energéticas»

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha valorado que PNV y Junts, al apoyar la derogación del gravamen a las energéticas, «han hecho un flaco favor a las clases populares tanto de Euskal Herria como del Estado español y un gran favor a las élites económicas de este país».

El diputado abertzale ha señalado que «tenían en mente y sabían que podía pasar» que PNV y Junts «hincaran la rodilla ante las presiones de Repsol y de otras empresas», por lo que EH Bildu, ERC y BNG trazaron una estrategia «para blindar un acuerdo con el Gobierno para mantener ese impuesto a partir del 1 de enero».

En ese sentido, ha querido trasladar el mensaje de que «el 1 de enero habrá un decreto que ponga encima de la mesa la posibilidad de seguir gravando a las empresas energéticas, que este año llevan acumulados 7.700 millones de euros, y que posibilitará que sigan pagando». «Se va a garantizar vía real decreto ley que ese escenario siga siendo real», ha asegurado.

Matute también se ha referido a la votación de la proposición no de ley que presentó EH Bildu para elevar las indemnizaciones por despido improcedente, que PNV y Junts también han impedido que salga adelante al abstenerse.

«PNV y Junts nuevamente han impedido la aprobación de nuestra iniciativa para aumentar las indemnizaciones por despido improcedente, apuntalando, manteniendo y sosteniendo así la reforma laboral de Rajoy de 2012, que las calles de EH han rechazado por activa y por pasiva», ha criticado, aunque ha querido dejar claro que «este resultado adverso no va a amilanarnos y no hará que cejemos en nuestro objetivo de recuperar todas las garantías y todos los derechos para los y las trabajadoras vascas».

Para la coalición independentista, la postura que han tenido jeltzales y Junts en estas dos cuestiones supone «un salto cualitativo, por cuanto creemos que son un claro retroceso y una senda de desandar el camino iniciado en el establecimiento de garantía de derechos para los ciudadanos y ciudadanas».