Grupos civiles se preparan para intensificar la batalla contra el multimillonario negocio de los centros de detención de migrantes -plagados de denuncias por las malas condiciones en las que operan-, que tendrán que expandir drásticamente su capacidad para facilitar el plan de deportaciones masivas del presidente electo de EEUU, Donald Trump.

La nueva administración, que asume en enero próximo, ya ha comenzado a hablar con las compañías privadas que administran los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para ampliar su capacidad, según reportaron fuentes familiarizadas con la planificación al canal NBC.

La idea inicial es duplicar las 41.000 camas habilitadas actualmente por el Congreso para mantener bajo custodia a los migrantes que están en proceso de deportación.

«Todo ese plan de ampliar las cárceles solo va a causar más muertes, enfermedades y daño psicológico entre los inmigrantes», dijo a la agencia Efe Rufina Reyes, portavoz de La Resistencia, organización que ha liderado los pedidos de cierre del Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma (Washington), donde el mes pasado murió el mexicano José Manuel Sánchez Castro.

Precisamente esta es la mayor preocupación de los activistas y grupos civiles que por años han denunciado las malas condiciones de estos centros de detención civil, que en su mayoría (158) son propiedad de las corporaciones CoreCivic y Geo Group.

Las dos compañías en conjunto tuvieron el año pasado ingresos por 7.400 millones de dólares, incluido el ahorro en mantenimiento de sus instalaciones, para el que pagan a los detenidos en promedio 1 dólar por día.

Las dos compañías en conjunto tuvieron el año pasado ingresos por 7.400 millones de dólares

Las ganancias de estos centros de detención se vieron afectadas por la pandemia de la covid-19 al tener que dejar en libertad supervisada a un buen número de inmigrantes, en muchos casos por órdenes judiciales.

39.000 migrantes indocumentados,

Sin embargo, hasta el pasado 3 de noviembre los centros de detención de ICE tenían en su custodia a cerca de 39.000 migrantes indocumentados, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

Para ampliar la capacidad de ICE, el estado de Texas ofreció esta semana a Trump más de 500 hectáreas cerca a la frontera con México para un gran centro de detención de migrantes indocumentados.

El plan de Trump también incluiría la apertura de centros en ciudades o regiones declarados santuario de migrantes y centros para detener a padres con sus hijos menores de edad.

Biden, el último recurso de defensa

El último centro de detención que albergó familias en EEUU estaba ubicado en Dilley (Texas) y cerró a mediados de este año para ahorrar costos, según dijo ICE. Esta cárcel, operada por CoreCivic, le generó 156,6 millones de dólares en ingresos en 2023 a esa compañía, de acuerdo con el índice Dow Jones.

Su cierre fue aplaudido por los activistas y grupos civiles, que también han destapado escándalos como el del Centro de Detención del condado Irwin, en Georgia, donde migrantes fueron sometidas a la extirpación del útero sin haberlo solicitado o sin entender de qué se trataba.

«El sistema de detención de migrantes es inhumano (...) y no necesitamos preparar el terreno para que la Administración de Trump ponga en marcha esta maquinaria de detenciones y deportaciones masivas»

Esta semana los activistas acudieron al Gobierno del presidente Joe Biden para frenar los planes de la nueva administración de ampliar los centros de detención de migrantes.

La principal organización de derechos civiles de EEUU, la ACLU, propuso al gobierno demócrata que diera marcha atrás a un plan para abrir centros de detención en estados como Kansas, Wyoming o Misuri. ACLU pidió también que se detuvieran los planes de ampliación de centros de Nueva Jersey.

«Sistema inhumano»

«El sistema de detención de migrantes es inhumano (...) y no necesitamos preparar el terreno para que la Administración de Trump ponga en marcha esta maquinaria de detenciones y deportaciones masivas», dijo a la prensa Eunice Cho, abogada de ACLU. En este sentido, Reyes dijo que no se ha detenido la presión sobre el Gobierno Biden, ICE y las compañías dueñas de las cárceles.

La activista se refirió a la huelga de hambre que iniciaron este viernes 10 detenidos en el NWDC para denunciar maltratos. Estas protestas se han extendido a centros de detención como el de Mesa Verde, en California.

«Las protestas siguen dándose tanto fuera como dentro de los centros, y no vamos a rendirnos hasta lograr que cierren estos centros de horror», aseguró Reyes.