Los colectivos Berri-Otxoak, Kakitzat y AHT Gelditu se han concentrado este jueves en pañales ante la delegación del Ejecutivo de Lakua en Bilbo para protestar contra los recortes sociales incluidos en los presupuestos para 2025 y denunciar «el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas» con dinero público.

Varios de los concentrados, que solo llevaban puestos unos pañales, han portado carteles con sus reivindicaciones y la protesta se ha desarrollado bajo el lema ‘Así nos dejan los recortes’.

Mediante esta movilización, han querido criticar «las insuficientes partidas presupuestarias dedicadas a revertir los recortes en sanidad, vivienda, prestaciones sociales y educación, en un contexto de crisis económica y socio-sanitaria e incrementos alarmantes del coste de la vida».

Los activistas han denunciado que los presupuestos aprobados para 2025 en la CAV «suponen recortes sociales mientras, al mismo tiempo, se despilfarran cientos de millones de euros en obras faraónicas y gasto militar».

Fuera de contexto

La iniciativa ha unido a activistas contrarios al Tren de Alta Velocidad, antimilitaristas y defensores de los derechos sociales, para manifestar que los presupuestos «no contemplan el contexto de alarmante inflación, crisis económica y socio-sanitaria que atraviesa la ciudadanía».

En su lugar, han subrayado, «contienen múltiples recortes en las partidas destinadas al gasto social, como sanidad, vivienda, prestaciones sociales o educación», cuando «garantizar una vivienda, sanidad y educación universales y de calidad, y acabar con la pobreza existente en nuestra sociedad, debería ser una opción política y presupuestaria».

Estos recortes contrastan para estos colectivos con los datos reflejados en la última encuesta de pobreza y desigualdades, que señala que «un tercio de la población se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes», han recordado.

A su juicio, el Gobierno de Lakua aplica recortes al acceso a una vivienda o prestaciones sociales dignas suficientes pese a que el 7,6% de hombres (80.000) y el 12,3% de las mujeres en la CAV (139.000), es decir, 219.000 personas se encuentran «en situación o riesgo de pobreza». Al tiempo, subrayan que el 62% de las personas con serias dificultades para llegar a fin de mes en la CAV, en total 304.000 personas, son mujeres (187.000).

En cuanto a la pobreza infantil, han señalado que crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años, lo que permite estimar que 92.000 niños y niñas están en la CAV «en peligro de pobreza o exclusión social, principalmente en hogares encabezados por mujeres».

Estos recortes, han criticado, «se producen cuando se vulnera el derecho a una vivienda digna; y cuando a las familias en proceso de desahucio no se les garantiza una alternativa habitacional como obliga la Ley de Vivienda del Gobierno Vasco y los protocolos de actuación suscritos entre las diferentes administraciones vascas».

Estos colectivos de antimilitaristas, activistas contra el TAV y de defensores de los derechos sociales han subrayado que «mientras se recortan las partidas dirigidas a gasto social, se destinan al conjunto de las obras del Tren de Alta Velocidad 67 millones de euros y 18 millones más para la Variante Sur Ferroviaria».

Además, han proseguido, «el Gobierno español ha consignado, a través de Adif-Alta Velocidad, 181 millones de euros y sigue consignando 100 millones de euros en subvenciones a la industria militar vasca».

Esta, a su entender, «dilapidación de recursos» destinados al TAV y gasto militar «no compensa necesidad alguna de la sociedad, pero sí supone un derroche cuando se necesitan más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o prestaciones para las familias en situación de precariedad y pobreza, en un contexto de crisis e incremento de los precios de recursos básicos como alimentos, energía, alquileres e hipotecas».