Empecemos por hacer balance del año. ¿Qué destaca positiva y negativamente?

Sin duda hemos avanzado mucho en los dos o tres últimos años. Parece un tiempo lejano ya cuando dejamos atrás la política de alejamiento con el alto coste humano que ha tenido, o las crueles celdas de aislamiento, o el cumplimiento en primer grado hasta el último día de las condenas. Pero vamos más lentos de lo que se debería.

La supresión del doble cómputo es la gran novedad de los últimos meses, ¿qué valor tiene?

Ha permitido restablecer la normalidad vulnerada por las Cortes Generales, pero por el camino se han cometido muchas injusticias. ¿Quién compensa a más de quince personas que cumplieron condena durante estos diez últimos años [desde 2014] por encima de los límites de cumplimiento debidos? Y a día de hoy 52 de estos presos y presas se encuentran en la cárcel en fases iniciales de cumplimiento, sin derecho a permisos o al tercer grado, porque las condenas impuestas en Francia no se han contabilizado, cuando muchos de ellos llevan en prisión de manera ininterrumpida desde los primeros años de este siglo.

La reforma se intentó sabotear en el último momento y ahí el PSOE se vio abocado a reconocer que se trataba de una excepcionalidad flagrante...

Es que es así, se ha recompuesto una normativa europea. Y hay que subrayar aquí que con esta modificación a los presos no se les regala nada. No se les reducen las condenas. Solo se hace algo tan lógico como evitar que cumplan privación de libertad por encima del límite marcado en el artículo 76 del Código Penal sobre criterios de acumulación.

Pidieron agilidad en la aplicación de esta reforma. ¿Estamos en plazo o hay que empezar a preocuparse?

Con la Audiencia Nacional siempre hay que preocuparse. La aplicación corresponde a diferentes secciones de la Sala de lo Penal. Pedimos que no se retrase arteramente la aplicación, porque la ley de 2014 generó daños y perjuicios que no se deben repetir y porque cada día que pasa sin que se enmiende aquel error es un día en que el daño se prorroga. Desgraciadamente, parece que hay que recordar continuamente a determinados órganos judiciales y a ciertos sectores de la judicatura que las leyes aprobadas en los parlamentos son de obligado cumplimiento. Este es un motivo más para llenar las calles de Bilbo el día 11, llenarlas de esperanza y de reivindicación. Estamos hablando de derechos, de derechos humanos.

También Lakua tiene deberes con esta reforma…

Sí. Estos 52 presos y presas van a ver su posición jurídico-penitenciaria claramente mejorada, muchos de ellos se situarán en niveles de cumplimiento que les permitan acceder al tercer grado o incluso la libertad condicional. Lo que harán en realidad es recuperar la situación que les hubiera correspondido hace diez años y que se les hurtó con aquella enmienda del PP en el Senado contra la directiva europea. En ese contexto la Administración penitenciaria vasca, en sus diferentes niveles, de Juntas de Tratamiento a Viceconsejería de Justicia, debe entender que la trayectoria penitenciaria hacia la libertad estaba retrasada de modo adulterado. Toca tomar decisiones claras y urgentes. Se frenó su camino hacia la vuelta a casa y ahora, una vez corregida la injusticia, toca acelerarlo.

¿Este logro debería abrir paso al debate sobre la principal ley de excepción, la 7/2003?

Tiene que ser un objetivo, porque además son ya muchos años de aplicación. Es una aberración que se mantengan leyes de excepción aprobadas en momentos que nada tienen que ver con los que hace años vive la sociedad vasca. Esta ley de 2003 obliga a cumplir condenas durante 40 años, supone una cadena perpetua encubierta y causa estragos en la salud física y síquica de la persona que lo padece. Los especialistas médicos están alertando de ello: una privación de libertad por encima de 20 años es irreversible en términos de salud.

El Departamento de Justicia de Lakua, y con ello la gestión penitenciaria, ha cambiado de manos también este año, del PNV al PSE. El nuevo discurso pone más énfasis en el arrepentimiento, ¿en la práctica también hay cambios?

Desde que el PSE administra las cárceles de la CAV se han aprobado once progresiones a tercer grado. Ninguna ha sido recurrida por la Fiscalía. Salvo que se considere que la Fiscalía y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria están traicionando a las víctimas, a la unidad de España o cualquier otra mandanga por el estilo, este hecho refuerza la idea de que son decisiones conforme a Derecho. Y de paso descalifica las posiciones intransigentes.

En general, a los nuevos responsables les pedimos que tengan como norte el Modelo Penitenciario Vasco, un modelo aprobado por el Parlamento de Gasteiz, que apuesta por cumplir las penas de prisión en régimen de semilibertad y en consecuencia por facilitar la resocialización. Esta forma de cumplimiento no solo es beneficiosa para las personas presas sino para el conjunto de la sociedad.

En el último balance que hicieron en verano, destacaron los avances en progresiones pero constataron que era aún un porcentaje pequeño porque cerca de un centenar debería estar pisando la calle de uno o otro modo. ¿Cuál es la fotografía actual, tienen datos?

Sí. A día de hoy 39 presos y presas (37 en la CAV y dos en Nafarroa) estarían en condiciones de ser propuestos para progresión a tercer grado por haber cumplido la mitad de condena. Si le sumamos los que se verán afectados positivamente por la modificación de la ley 7/2014 [doble cómputo] serían 10 más. O sea, 49 en total. De ellos, además, 25 han cumplido dos tercios o tres cuartos de condena, por lo que les correspondería la libertad condicional. Insisto por tanto en que la Administración penitenciaria vasca tiene asignaturas pendientes importantes que tienen que ver con el Modelo Penitenciario Vasco. Si actúan de esta forma, apoyaremos esa gestión. Si no lo hacen, lo denunciaremos.

La cuestión de las víctimas siempre ha estado en la filosofía de las movilizaciones de Sare, algunas de ellas participan en las manifestaciones. Al resto, a los colectivos contrarios, les dijeron en agosto que «no puede haber satisfacción para las víctimas fuera del Derecho»…

Es que la aplicación de las leyes no puede condicionarse a circunstancias externas: ni a estas presiones, ni a las de medios de comunicación, ni a intereses partidistas… ¿En qué se traduce esto? En que si la ley dice que los permisos son posibles desde un cuarto de la condena cumplida, no es de recibo que se atrasen casi hasta el final. No es de recibo posponer el acceso a tercer grado, que cabe con la mitad de condena cumplida. O la libertad condicional, con tres cuartos. Exigir cumplimientos mayores a los previstos por la ley es contrario a cualquier principio legal básico y lesiona derechos de las personas presas.

Dicho esto, nuestro apoyo y respeto a todas las víctimas de todas las violencias vividas en este país es total. Para todas. No tiene por qué ser más doloroso para una madre la muerte de un hijo víctima de ETA que para otra la muerte de un hijo víctima del GAL o de la Guardia Civil. Sigue habiendo varas de medir diferentes en ello. Autocrítica, toda la haga falta. Pero todos. Si no, estaremos cerrando en falso un capítulo terrible de nuestra Historia.

¿Desde Sare tienen algo que decirles a las personas presas?

No, desde 2011 han dado más pasos en favor de la paz y la convivencia que la derecha política y la judicatura española juntas. Es verdad que a veces se plantea la exigencia de arrepentimiento para acceder a progresiones, pero desde Sare lo tenemos que decir con mucha claridad: eso no está recogido en las leyes y por tanto exigirlo quebranta el principio de legalidad. Y otra cosa: esos agentes contrarios no están legitimados para dudar de la sinceridad o veracidad de la voluntad manifestada por los presos de dar pasos a favor de la convivencia. ¿Es que tienen algún título universitario de evaluadores de conciencias ajenas? El Derecho no hizo para salvar almas, sino para ordenar la convivencia.

El hecho de que el número de presos vaya bajando y algunas situaciones se encarrilen, ¿diluye inevitablemente el ánimo movilizador? ¿Qué les dice a quienes piensen que igual este año no ven tan importante acudir a Bilbo?

Les recordaría que estamos hablando de la libertad de las personas. De hombres y mujeres que llevan muchos años privados de ella. Como decía recientemente el magistrado emérito Martín Pallín, «ya está bien, han cumplido suficiente». La edad media de estos presos está en unos 50 años. La inmensa mayoría lleva cumplidos más de 20, algunos han pasado de 30… Por tanto, a muchos se les pueden aplicar otros modelos de cumplimiento de penas, ¿a qué están esperando? ¿Por qué seguir dilatando esto?

‘Behin betiko’ es el lema. ¿Qué acogida ha tenido? ¿Engancha con un deseo general de solucionar esta cuestión?

Sí. Es que ya está bien, ya han cumplido lo suficiente, hay que cerrar este conflicto, hay que sellar sus consecuencias: la situación de los presos y la situación de las víctimas. Es necesario poner fin a una vulneración de derechos, la mayoría llevan más de 20 años de privación de libertad y hoy no tendrían por qué estar cumpliendo la condena dentro de una celda sino que podrían hacerlo con otros modelos de cumplimiento. Y esto es bueno no solo para los presos y sus familias, sino también para la propia sociedad vasca.

Lasterbidean o Hatortxu cierran sus ciclos. Sare acaba de cumplir diez años, ¿con qué ánimo y voluntad?

Es cierto que se han cumplido capítulos finales en vulneraciones de derechos, pero hasta que no salga el último preso tendremos este conflicto abierto y se perjudicará la convivencia ciudadana. Ojalá todo esto tuviera fecha de caducidad cercana, nos encantaría que fuera en 2025, pero para seguir avanzando la única receta es insistir. Y los avances dependerán de la capacidad de movilización, que siempre genera cosas.