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El Parlamento de Chile ha aprobado este jueves la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric tras varios años de debate en diversas instancias del Congreso y pese a que el proyecto original ha sufrido varias modificaciones estructurales.
La Cámara de Diputados y Diputadas chilena ha respaldado en su tercer trámite las modificaciones del Senado al proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establece beneficios y modificaciones regulatorias.
En la presentación del proyecto, la ministra de Trabajo, Jeanette Jara, ha destacado que beneficiará a más de 1,5 millones de jubilados y que las nuevas ventajas contempladas significarán mejoras en las actuales y futuras pensiones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha asegurado que este proyecto es sostenible y con responsabilidad fiscal.
«Rostro de mujer»
Tras el visto bueno del Poder Legislativo, Boric ha aseverado que esta reforma «es un logro histórico para Chile y un acto de justicia, respeto y profundo cariño» por los chilenos.
«Significará el mayor aumento de las pensiones desde su creación, con especial foco en el reconocimiento de tantas mujeres que han debido trabajar doble jornada, dentro y fuera del hogar, para sacar adelante a sus familias», ha declarado.
«La reforma tiene rostro de mujer y es de toda la nación. Mañana seguiremos trabajando en la ardua tarea de construir una patria donde una vida tranquila, digna y feliz sea una realidad para todas y todos», ha manifestado el mandatario chileno.
El jefe del Estado ha aprovechado la ocasión para recordar los avances de anteriores gobiernos, como los de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022): «No estamos partiendo de cero. Piedra sobre piedra, generación tras generación, construimos un Chile más justo».
Esta medida, presentada en noviembre de 2022 como parte del programa de Boric, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de pensiones, que fue creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El sistema de Pinochet
Instaurado en 1981, en plena dictadura, el sistema chileno fue pionero en la región en instalar la capitalización individual y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile, gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP).
Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que se trata de un sistema abusivo e injusto y que solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los chilenos.
«Este sistema no ha funcionado por la forma como están calculadas las pensiones. Las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el año 2023 tuvieron una tasa de reemplazo de 32,6 %, esto es un tercio de su salario promedio de 10 años», indicó a EFE María José Azócar, de la Fundación Sol.
Gran preocupación ciudadana
Las pensiones llevan años liderando las encuestas sobre las grandes preocupaciones ciudadanas y la ciudadanía había perdido la confianza en la capacidad de la política para mejorarlas.
La refundación del sistema fue, además, una de las principales demandas de las protestas de 2019.
Ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y solo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022.
Los cambios
La reforma, que sufrió modificaciones sustanciales desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en 2022, busca beneficiar a 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %.
También aumenta la pensión básica universal hasta 250.000 (253 dólares); sube de manera gradual la cotización hasta el 17 %, a cargo del empleador; crea un seguro social; incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y endurece la regulación de la industria para hacerla más competitiva.
La reforma ha sido negociada con la coalición de la derecha tradicional Chile Vamos y, aunque está lejos de lo que aspiraba el Gobierno, supone un soplo de aire para Boric, pues fue una de sus grandes promesas de campaña, junto con el pacto tributario que aún no consigue sacar adelante.
La parte más radical de la coalición que integra el Gobierno (Partido Comunista y Frente Amplio) votaron a favor, pese a creer que se hicieron demasiadas concesiones durante el debate parlamentario y que se renunció a eliminar las AFP y a crear un sistema con mayor peso estatal.
«Esta reforma válida y perfecciona el sistema de las AFP. En el largo plazo, irán 6 puntos más a la capitalización individual, cuando en el proyecto original del Gobierno esos 6 puntos iban a un seguro social para que Chile se pusiera al día en el escenario internacional y no siguiese siendo un caso extremo», apuntó Azócar.
Cierto escepticismo
En la calle también reina el escepticismo: según la última encuesta Data Influye, el 64 % de los mayores de 55 años considera que la reforma no solucionará «definitivamente» el problema de las pensiones, frente a un 33 % que considera que solo lo resolverá «en parte» y un 1 % que está muy conforme.
Los únicos que votaron en contra fueron algunos descolgados de Chile Vamos y los diputados de los distintos partidos ultraderechistas que hay en el Parlamento, contrarios a cualquier sistema de reparto.
El líder del ultraderechista Partido Republicano, José Antonio Kast, quien perdió contra Boric en las elecciones de 2021, cargó contra la reforma en X por «quitarle a los trabajadores uno de sus bienes más preciados, el derecho a la propiedad sobre sus ahorros» y avisó de que la derogará si consigue llegar al poder en los comicios de finales de año.
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