La Cámara de Gasteiz ha instado este miércoles a las «instituciones responsables» a que actúen en defensa de cuatro atuneros vascos retenidos en el puerto de Dakar. En concreto, ha exigido la adopción de «las medidas y ayudas necesarias para corregir las consecuencias derivadas de la falta de acuerdo entre el Gobierno de Senegal y la Unión Europea».

Además, ha pedido al Gobierno de Gasteiz que apoye la localización de nuevas zona de pesca para los atuneros cañeros de la asociación Dakartuna; y ha solicitado al Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación que estudie, en colaboración con las autoridades de Lakua, «distintas alternativas, [...] valorando las distintas vías que permita la normativa comunitaria».

Así lo recoge una enmienda transaccional firmada por PNV, EH Bildu y PSE, que ha contado también con el voto favorable del PP.

La iniciativa ha partido de una proposición no de ley presentada por EH Bildu, que, por boca de Naiara Fernández Madariaga, ha alertado de la situación «crítica» en la que se encuentran los buques vascos, con perdidas de 150.000 euros mensuales. «Es insostenible», ha manifestado, y ha recordado que las peticiones de Dakartuna pasan por aprobar primas de desguace, la búsqueda de nuevos caladeros y la implementación de ayudas económicas por paradas de actividad.

«Se encuentran en un momento de crisis y la ayuda es necesaria», ha manifestado la parlamentaria soberanista, que ha incidido en que se trata de una parada «obligada» por la no renovación del acuerdo y por la dificultad para encontrar cebo vivo en otras zonas como Cabo Verde o Mauritania.

En este sentido, la parlamentaria del PSE Estíbaliz Cantó ha recordado que el ministerio español ha iniciado «gestiones» para que la flota atunera pueda faenar en Costa Rica o Panamá, y ha aseverado que se están estudiando ayudas que no requieren del visto bueno de la UE.

Desde el PNV, Aritz Abaroa también ha hablado de las ayudas económicas planteadas por Lakua. Unas ayudas de «mínimos» de hasta 40.000 euros por embarcación. «Es el máximo que la normativa permite para este tipo de ayudas», ha subrayado, y ha censurado la actuación del Gobierno español, advirtiendo de que durante los últimos seis años no ha permitido el desguace subvencionado.

Por su parte, Muriel Larrea, del PP, ha puesto el foco en la situación de los pescadores y de los responsables de los cuatro barcos –Pilar Torre y Corona del Mar, de Bermeo, Iribar-Zulaika, de Getaria, y Berriz San Francisco, de Hondarribia–, que «han tenido que solicitar préstamos para mantener los buques». «Alegan que sienten soledad, y el ministerio no les da soluciones», ha señalado.

«Desesperados»

El pasado mes de enero, en una entrevista concedida a la cadena Cope, Miguel Ángel Solana, armador del atunero Pilar Torre y presidente de Dakartuna, aseveró que están «desesperados».

Según indicó, las alternativas pasan por «desguazar los barcos, una opción no viable para todos los barcos o buscar caladeros alternativos como Costa Rica, Panamá o Ecuador, pero para todo eso hace falta dinero, hacen falta ayudas». 

Reclamó subvenciones «inmediatas», y advirtió de que las ayudas de 250.000 euros aprobadas por la UE en 2022, en la anterior disputa pesquera con el Gobierno de Senegal, las recibieron en 2024.