Catorce asociaciones de juristas de todo el mundo, entre ellas la vasca Giza Eskubideen Behatokia, han hecho público un comunicado en el que destacan que tras la declaración del líder del PKK, Abdullah Öcalan, del pasado 27 de febrero, «existe una oportunidad histórica para lograr una paz duradera en Turquía y la región», ya que, a su juicio, el llamamiento del líder kurdo encarcelado supone «un paso decisivo para poner fin al prolongado conflicto y la violencia e iniciar un proceso de resolución democrática».

«Este llamamiento no solo tiene un gran potencial para la estabilidad y la protección de los derechos humanos en Turquía, sino también para toda la región», afirman.

En su comunicado, estas asociaciones afirman que la paz «es uno de los valores más fundamentales de la humanidad y está a la vanguardia de los principios universales que forman la base del Derecho Internacional». Por ello, consideran que como Estado, Turquía «debe cumplir con sus responsabilidades para con su propio pueblo, los habitantes de la región, cumplir con sus obligaciones derivadas del Derecho Internacional y adoptar las medidas necesarias para establecer la paz».

En ese sentido, creen que «es de gran importancia crear las condiciones que permitan la participación activa de Abdullah Öcalan en el proceso de paz», ya que en su opinión no solo garantizaría «la protección de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a comunicarse con el mundo exterior y el ‘derecho a la esperanza’ en respuesta a más de 25 años de prisión», sino que también ofrecería «una oportunidad significativa para implementar la democratización y los principios del Estado de Derecho».

Los juristas citan la Declaración sobre el Derecho a la Paz de Naciones Unidas, que señala que «el establecimiento de la paz requiere garantizar la igualdad, la justicia y la supremacía de la ley; requiere construir una sociedad libre de temor y privaciones, y libre de discriminación».

En consecuencia, ven «esencial» que Turquía «revise rápidamente sus leyes penales, sus leyes antiterroristas y regulaciones similares a la luz de las decisiones y recomendaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los mecanismos jurídicos internacionales, y que aplique las reformas necesarias». «Garantizar la independencia judicial debe ser una de las piedras angulares de este proceso», sostienen.

Estas asociaciones subrayan que para lograr la paz social, las autoridades turcas «deben planificar y aplicar las regulaciones necesarias relativas a los presos políticos en las cárceles». Además, abogan por que realicen «ajustes culturales y sociales en consonancia con las necesidades de una sociedad plural, y creen un entorno en el que todos tengan los mismos derechos».

«El Estado de Turquía y el pueblo turco se encuentran ante una oportunidad histórica de paz después de un conflicto que ha durado 50 años. Las autoridades tienen la obligación de garantizar el cese de las armas y de establecer un entorno en el que el pueblo de Turquía pueda disfrutar de la paz y la tranquilidad con igualdad de derechos y libertades», afirman en su declaración.

En ese sentido, las asociaciones de juristas hacen un llamamiento «a Turquía y a todos los actores de la paz para que aprovechen esta oportunidad histórica y adopten las medidas que requiere el proceso de paz».

Se dirigen también a la opinión pública internacional, «para que apoye el llamamiento a la paz y asuma un papel activo» en el proceso.

El texto lo suscriben la Asociación Americana de Juristas, la Asociación para la Democracia y el Derecho Internacional (Maf-Dad), Juristas Democráticos de Italia, la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH), Abogados Europeos Demócratas (AED), Giza Eskubideen Behatokia, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI), Legal Centre Lesvos, Legal Team Italia, La Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL) de Filipinas, la Asociación de Abogados Socialistas de Irlanda, Abogados Demócratas de Suiza, La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y la Asociación Nacional de Abogados Demócratas de Sudáfrica.