Un edificio en el que se torturaba mientras se comían las uvas en la Nochevieja de Puerta del Sol. Así lo describía, con crudeza y rigor histórico, Pablo Alcántara Pérez en entrevista con NAIZ el año pasado. Es el autor del libro ‘La DGS, el palacio del terror franquista’, un detallado estudio de los usos que ha tenido la Real Casa de Correos a lo largo de su historia.

Desde la década del 80 es sede del Gobierno autonómico madrileño, pero en su subsuelo y primera planta había calabozos y espacios de tortura física y psicológica contra los detenidos políticos de la Dirección General de Seguridad. El dictador Franco quería que allí funcionara, en el epicentro de la capital del Estado, como un panóptico tenebroso. Ahora, el edificio es eje de la nueva disputa entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

Todo comenzó cuando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Torres, anunció a fin de año que para «preservar la memoria de las víctimas» se declaraba en el BOE Lugar de Memoria Histórica al edificio de la Real Casa de Correos, lo que implicaría entre otras cosas la colocación de una placa en su pared. A los pocos días, en la ley ómnibus aprobada antes del receso invernal, la Asamblea de Madrid (con mayoría absoluta del Partido Popular) incluyó un artículo para impedirlo.

La Asamblea madrileña dio a entender que la declaración de Lugar de Memoria «perjudica la neutralidad, imagen y respeto a la verdad» de la sede del Gobierno regional

Con un informe adverso de una letrada de la cámara, la Asamblea aprobó que el Gobierno regional podrá ordenar el «cese inmediato» de las actuaciones que «perjudiquen la neutralidad, la imagen y el respeto a la verdad del uso actual de la Real Casa de Correos», incluyendo la «instalación de ninguna placa o distintivo y la celebración de eventos incompatibles» o que puedan «generar confusión sobre la condición del edificio».

No conforme con ello, el equipo de Ayuso fue a más: los juristas del Ejecutivo madrileño presentaron a mediados de febrero un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del ministro Torres, acusando de invadir sus competencias y obedecer a «un intento de manipulación política», en el marco de la «estrategia de Pedro Sánchez de reescribir la historia con fines partidistas».

Por si acaso no quedaba claro, y para tensar más la cuerda, Ayuso envió una carta al ministro a fines de febrero en la que le trasladaba su «indignación» por la intención de declarar Lugar de Memoria Histórica esta sede de la presidencia madrileña y le recordaba varios lugares «que nunca declaró franquistas» Torres cuando fue presidente de Canarias, como por ejemplo el Parlamento autonómico canario, que fue utilizado para reuniones del Consejo de Guerra del bando golpista y en donde hubo condenas a muerte o a prisión política.

El intercambio epistolar continuó: el ministro le respondió a la presidenta de Madrid explicándole la conveniencia de declarar como Lugar de Memoria la sede del Ejecutivo y aseguraba tener «predisposición a dialogar sobre este asunto». Además, le comenta que el Gobierno central declarará como Lugar de Memoria los sitios canarios que ella refiere y le recuerda que en el edificio del Parlamento del archipiélago ya se instaló una placa de memoria, tras lo que invita a Ayuso a hacer lo mismo en la Real Casa de Correos.

El Gobierno contraataca

Hace pocos días, tanto Torres como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, han anunciado que el Ejecutivo Sánchez recurrirá ante el Constitucional el bloqueo a la memoria democrática aprobado por la Asamblea de Madrid en diciembre.

Pero para este recurso los procedimientos no son tan simples: en estos días, y por pedido del Gobierno, el Consejo de Estado está elaborando un informe sobre la conveniencia y sentido del planteamiento de recurso contra la comunidad autónoma. Una vez recibido el informe (que no es vinculante), el Consejo de Ministros podrá aprobar la solicitud formal de ir al Constitucional para recurrir la ley del PP madrileño. Se espera que todo el proceso acabe antes de fin de mes.

«Consideramos importante hacer la declaración de Lugar de Memoria a la extinta Dirección General de Seguridad, que es actual sede central del Gobierno de Madrid, en primer lugar porque en ella se produjeron violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la dictadura franquista, perpetradas por la policía político social contra los defensores de la República, la democracia y la libertad», comenta en conversación con NAIZ el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

En segundo lugar, señala: «Tras la promulgación de la Ley de Memoria Democrática han sido muchas las asociaciones de memoria y particulares que nos han solicitado que el edificio sea declarada lugar de memoria en homenaje y recuerdo a los miles de demócratas, estudiantes, obreros, periodistas, profesores, artistas, dirigentes vecinales que pasaron por ella y sufrieron las torturas y detenciones».

Fernando Martínez López, secretario de Estado, a NAIZ: «Esa declaración enriquece el valor del edificio y sería un orgullo en cualquier lugar del mundo»

Preguntado por el artículo contra su iniciativa en la ley madrileña de diciembre pasado, opina que es una normativa que «trata de incumplir una ley aprobada por las Cortes Españolas, es netamente inconstitucional, y lo que pretende la presidenta de la Comunidad de Madrid no es otra cosa que intentar que una ley que tiene vigor en todo el territorio nacional no lo tenga para un lugar de Madrid, en este caso un auténtico Lugar de Memoria democrática por el que pasaron tantísimos demócratas madrileños por defender la democracia y la libertad».

«Esta declaración es algo que enriquece el valor del edificio y debería ser un orgullo para el propio Gobierno de Madrid. Lo sería en cualquier país democrático del mundo», lamenta. En ese sentido, asegura que el Ministerio del cual forma parte «ha requerido un diálogo bilateral» con el Gobierno de Ayuso «a través del procedimiento del artículo 33.2 de la LOTC por excluir a la ley de Memoria Democrática», y que «si no rectifica y no se aviene a cumplirla, se recurrirá ante el Tribunal Constitucional».

«De esta manera quedará claro que no hay ningún lugar de España en el que se incumpla la ley, en este caso la Ley de Memoria Democrática», ha recalcado Martínez López, que ha sido senador por Almería en la primera legislatura de Sánchez.

Días pasados, al salir del Congreso de los Diputados, el ministro Torres dijo a los medios presentes algo sobre los contactos con el Gobierno de Díaz Ayuso para solucionar la discrepancia: «Nos han dicho que renuncian [a llegar a un acuerdo] porque la Ley de Memoria Democrática 2022 es inconstitucional. (…) Lo que hará el Gobierno de España es solicitar un informe al Consejo de Estado, llevar ese expediente al Consejo de Ministros y elevarlo al Tribunal Constitucional». Además subrayó que la ley en cuestión «está en vigor y es constitucional» y recordó que «ni siquiera el PP la ha recurrido».
    
Un sitio de terror

El TC ahora deberá resolver dos recursos, uno del Gobierno de Ayuso contra la incoación pedida por Torres, y otro que se presentará próximamente contra la ley de bloqueo del gobierno regional. Otro ejemplo de judicialización de la política y de cómo algunos utilizan la polarización y el conflicto en temas que en otros países no son materia de debate.

El PP de Madrid acostumbra a fingir desmemoria en lo que hace a la memoria histórica. Cabe recordar que el alcalde Martínez-Almeida ha permitido que se dé marcha atrás con los nombres de varias calles que su antecesora Manuela Carmena había cambiado para borrar centenares de huellas del fascismo en el callejero de la capital del Estado.

Pero más allá de la indiferencia, la verdad es una. Como consta en el libro de Alcántara Pérez antes mencionado, la Real Casa de Correos tuvo en cautiverio a miles de detenidos por razones políticas y lo hizo inclusive en la llamada Transición (la DGS cambió de nombre en 1979 y pasó a ser la Dirección General de Policía, funcionando en el mismo edificio hasta 1983).

Joxe Arregi, Julián Grimau... la lista de torturados e incluso muertos es larga, junto al balcón desde el que hace poco saludó Milei

Allí también sufrieron muchos vascos, como Joxe Arregi, que murió en 1981 mientras estaba detenido, a causa de las torturas. «Es que el Estado franquista era centralista y, por ejemplo, el Tribunal de Crímenes Políticos juzgaba en Madrid y los detenidos tenían que pasar varios días en la DGS. Muchos eran interrogados y torturados y por los estados de excepción podían estar detenidos mucho más de tres días. Además de miembros de ETA, había muchos curas, comunistas, cualquier vasco que fuera juzgado por el Tribunal de Orden Público pasaba por allí o por la cárcel de Carabanchel», explicaba el historiador.

En el libro también se recuerda que en los calabozos de la primera planta se sufrían las torturas físicas y en el subsuelo las psicológicas y los interrogatorios salvajes. Incluso a algunos detenidos, como el comunista Julián Grimau, se lo arrojó por la ventana tras torturarlo y luego lo fusilaron, porque sobrevivió la caída. A centímetros de esa ventana está el balcón del que hace poco saludaba durante su visita el presidente ultra, Javier Milei, aupado por Ayuso, ante varios simpatizantes. Como si nada hubiera pasado.