Rubén tiene 7 años y la mirada ingenua de quien disfruta jugando. Pero ahora su amiga es la escuela. Escucha a su educadora con una concentración férrea, como de ajedrecista. Con sus ojos negros clavados en un folio en blanco anota un deseo, serio y solemne: «No quiero que nos quiten la casa porque nos han subido el alquiler». Y lo hace con la firmeza de un notario ante un futuro incierto. Los destinatarios son los funcionarios judiciales que notificaron a su madre que debía de abandonar el piso si rechazaba las leoninas condiciones impuestas por el nuevo propietario. El crío frunce el ceño. Su madre cierra los puños. Desde noviembre, están sometidos a un escrutinio implacable de los abogados y a la amenaza de vigilantes de paisano que suelen hablarles con violenta chulería. «Nos han avisado de que nos vayamos voluntariamente. Pero no lo haremos. Confiamos en la gente del barrio, que se está movilizando», afirma la angustiada mujer, trabajadora social, divorciada con un hijo a su cargo: 1.200 euros de sueldo al mes.

En las calles, hay infinidad de casos iguales. E incluso peores. Los escasos estudios que se han realizado sobre esta problemática apuntan a que el mercado privado de alquiler es hoy el principal motor de la desigualdad y del empobrecimiento social en el Estado español. Así lo corroboran cuatro especialistas del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) en un detallado informe sobre la evolución del modelo inmobiliario y los gigantescos beneficios que reporta a una minoría de rentistas. Su conclusión no admite dudas: la vivienda funciona como un agujero negro que succiona las rentas de miles de ciudadanos y les impide mejorar su nivel de vida pese a la subida de los salarios. «En la última década, los precios de los alquileres han subido un 77% de media mientras que las rentas disponibles de los hogares solo se han incrementado un 33%, es decir, un 2,3 veces menos», desvela. Para entender esta evolución desquiciada hay que remontarse a la crisis de 2008 y a la forma en la que se repartió el millón largo de desahucios para reflotar el suculento negocio.

Un filón especulativo inmenso e inagotable

Más de 700 empresas, entre bancos y fondos de inversión como Blackstone, Lone Star o Cerberus, pero sobre todo propietarios particulares que hoy acaparan el 85% del parque viviendas en alquiler, encontraron en aquel botín un filón especulativo inmenso e inagotable. La consecuencia salta a la vista: dos de cada tres alquileres exigen un sobreesfuerzo mayúsculo al inquilino cuyo nivel de ingresos no supere los 30.000 euros anuales. Pero el mayor problema se concentra en el 20% de la población, en los migrantes, en los jóvenes y los mayores de 65 años con rentas bajas que no pueden hipotecarse ni asumir las condiciones exorbitantes de un arrendamiento. Su destino es la infravivienda o el alquiler de habitaciones.

Más de 700 empresas, entre bancos y fondos de inversión como Blackstone, Lone Star o Cerberus, pero sobre todo propietarios particulares que hoy acaparan el 85% del parque viviendas en alquiler

La Ley de Vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante con la promesa de aliviar la tensión del mercado del alquiler no ha cambiado las cosas. Sigue habiendo más de 400.000 personas en listas de espera mientras 3,8 millones de pisos vacíos son pasto de la especulación y otro medio millón ha entrado en la rueda turística que reporta altísimos beneficios a sus propietarios. «Las políticas públicas sobre vivienda siguen basadas en la redistribución de la propiedad. Y han llegado a su bancarrota. Pueden forzar pequeñas moderaciones de precios, pueden favorecer a los propietarios con pequeños incentivos para que bajen los alquileres o pueden anunciar enormes subvenciones para la construcción de un exiguo número de vivienda. Pero no solucionan la dimensión de un problema que es monumental», afirma Pablo Carmona, activista de PAH Vallekas y ex concejal en el Ayuntamiento de Madrid por la plataforma municipalista que se opuso a la mayor operación especulativa promovida en la ciudad durante el mandato de Manuela Carmena.

La intervención del mercado sigue siendo un tema tabú para un Gobierno que confía ciegamente en los efectos a medio plazo de sus políticas correctoras. Mientras tanto, los propietarios siguen haciendo excelentes negocios. Los precios se revalorizan semana tras semana.

«Queda la movilización social, la autoorganización, el señalamiento de los especuladores y la construcción de alternativas habitacionales más democráticas», afirma Carme Arcarazo, una de las portavoces del Sindicat de Llogateres y Llogaters que acaba de evitar el desahucio de la Casa Orsola, una comunidad entera de vecinos en el Eixample de Barcelona. «Lo sucedido en Casa Orsola ha sido una victoria clarísima», remata Arcarazo.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo. En cierto modo, el propietario del inmueble, el fondo Lioness Inversiones SL, logró lo que buscaba después de años de litigios con los vecinos que quería expulsar para construir pisos turísticos. El Ayuntamiento y la Fundación Hàbitat 3, una organización creada hace diez años para promover viviendas destinadas a familias vulnerables, pagaron 9,2 millones de euros por una finca que le costó 6,5 millones en 2021.

«Esa transacción les ha garantizado un ciclo rápido de especulación, algo inasumible. Hay muchas ‘casas orsolas’ en Barcelona y en otras partes del Estado español. Nos han vendido la operación como un ejemplo de colaboración público-privada, es decir, que hay un neoliberalismo bueno y otro malo cuando ambos tienen el mismo objetivo: transferir dinero público a manos privadas para que se haga negocio», replica un miembro del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid que prefiereel anonimato.

Lo más extraordinario que ha provocado la movilización en Casa Orsola no ha sido el sorprendente desenlace, sino la toma de conciencia sobre un grave problema especulativo que la política no puede, o no quiere, atajar. Y para ello ha sido fundamental el Sindicat de Llogateres. Su activismo convocó tanta indignación social que el Ayuntamiento de Barcelona se vio obligado a hacer algo. Y lo hizo, claro. «No puedo decir si estas plataformas de inquilinos tienen la capacidad para liderar una transformación real. Me cuesta hablar de pronósticos sobre crisis futuras. Lo que tratamos es de cambiar las reglas del juego para que dejen de dar beneficios fiscales a los fondos buitre y a los inversores. Nosotras continuamos organizando bloques de casas como una manera reactiva contra los desahucios», concluye Carme Arcarazo.

Lo más extraordinario que ha provocado la movilización en Casa Orsola no ha sido el sorprendente desenlace, sino la toma de conciencia sobre un grave problema especulativo que la política no puede, o no quiere, ataja

Riesgo de crisis social que barra a un Gobierno timorato

No son pocos los economistas que han alzado la voz ante los inquietantes síntomas del sector inmobiliario: o se toman medidas drásticas que pongan puertas al mercado de alquiler o se corre un serio peligro de que estalle una crisis social que barra del mapa a un Gobierno que se muestre timorato con un sistema que diluye en ácido el derecho de millones de personas a vivir con un mínimo de decoro.

La lógica del Sindicat de Llogateres y del resto de organizaciones de inquilinos e inquilinas no es revolucionaria. No demandan expropiaciones masivas ni campañas de desobediencia civil ni la toma de palacios de invierno sino ajustar el mercado al marco europeo, al de ciudades como Viena, cada vez más alejados del modelo español. «Nos encaminamos hacia un país de inquilinos pobres y de propietarios ricos. Pero la solución no pasa por volver a hacernos todos propietarios, sino por que ser inquilino no signifique vivir en una constante intranquilidad Se trata de entender que en el 94% de la población en este país tiene una vivienda para vivir, ya sea porque son inquilinos o porque son propietarios del piso en el que residen, y que solo el 6% hace negocio con ellas. ¿Vamos a dejar que ese 6% siga acumulando propiedades y tenga más poder sobre la vida del 94% restante?», cuestiona Arcarazo, la portavoz del Sindicat.

Donde sí lograron un triunfo inapelable fue en el Gimnasio Sant Pau, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Ernest Morera, exdirector y socio del centro, lo recuerda perfectamente. Aquella pelea no fue ninguna broma. «Fue muy traumático física y emocionalmente. Por la negociación con el Ayuntamiento, por la necesidad del propietario de hacer negocio, por los sueldos, consumos y alquiler que teníamos que pagar. Y justo cuando el desahucio parecía inminente, nació el movimiento Salvem el Sant Pau, que nos prestó una ayuda fundamental», admite.

Hoy es un espacio cooperativo que no solo da servicio deportivo a precios populares a quien lo desee, sino que ofrece acceso gratuito a personas sin recursos y duchas a las personas sin hogar, permite la entrada de adolescentes a cambio de revisar que van bien en los estudios y reserva la piscina una vez a la semana para que puedan nadar mujeres musulmanas. El sueño actual, la utopía que les ronda, es extender en vertical la acción social del gimnasio para convertirlo en el reverso luminoso de la mercantilización de la ciudad: 47 viviendas en régimen híbrido entre lo cooperativo, lo social y lo asistencial de las que doce estarán destinadas a personas en riesgo de exclusión. Una isla en un mar desolado porque la crisis de la vivienda aun no ha terminado. Sus estragos siguen destrozando muchos sueños.