
Ante «el ataque judicial» al euskara, EH Bildu ha pedido modificar la ley de
Empleo Público, al mismo tiempo que ha alertado de que «puede haber una tentación de las distintas administraciones de dar pasos atrás» después de conocer las sentencias que se han producido contrarias a diversas convocatorias públicas de empleo.
En un comunicado, la coalición soberanista ha reiterado su disposición a realizar una modificación de la ley de Empleo Público que «refuerce la arquitectura jurídica y dé seguridad jurídica al sistema de perfiles lingüísticos» y ha realizado un llamamiento al resto de fuerzas políticas y sociales para que «den pasos cualitativos en la revitalización del euskara».
Desde EH Bildu han lamentado que «en las últimas horas se ha conocido que la Justicia ha impugnado la convocatoria de la Diputación Foral de Gipuzkoa para estabilizar un centenar de puestos de administrativos por perfiles lingüísticos, y desgraciadamente no es la primera vez», ya que recientemente se ha adoptado «una decisión similar» respecto a diversas plazas convocadas por la Diputación Foral de Bizkaia y «lo mismo ha ocurrido en varios ayuntamientos».
«El ataque judicial contra el euskara que venimos denunciando desde hace más de un año desde los diferentes sectores de la sociedad vasca ha tomado una marcha más», ha advertido la coalición.
Tentación
Además, ha alertado de que «puede haber una tentación de las distintas administraciones de dar pasos atrás» en los perfiles lingüísticos que, en su opinión, sería «un retroceso inaceptable».
En este sentido, ha reivindicado que «rebajar las exigencias lingüísticas» no es «una opción» y ha asegurado que no va a permitir «cesiones ni sometimientos a sentencias y jueces que parecen empeñados en la desaparición del euskara».
De este modo, ha apelado a «garantizar la revitalización del euskara y el derecho a expresarse en euskara en todos los ámbitos». Para ello, ha considerado que «ha llegado el momento de actuar de forma más proactiva que reactiva».
Por su parte, ha expresado su compromiso para «hacer posibles los cambios legales necesarios aprovechando las mayorías sociales y políticas existentes en el país».

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