«Está nervioso, va a ser un infiltrado... Como en las pelis americanas, pero sin control judicial, sin ningún respaldo legal ni profesional, ni un salvavidas por parte de sus mandos, ‘si la cosa sale mal, te jodes y te lo comes’». La apología y la romantización de la infiltración policial se eleva a nuevas cotas desde los primeros compases de ‘Guerrilla Lavapiés’, un libro recién publicado que narra la historia de un policía que se coló en los movimientos sociales de Madrid a principios de siglo. Reléase, porque el detalle no es menor: «Sin control judicial, sin ningún respaldo legal».

El libro, firmado por Daniel Campos, exdirector de comunicación del ministerio del Interior con Fernando Grande Marlaska, es terrible. El autor apenas se esfuerza por disimular sus prejuicios. Engloba todo el universo de los movimientos sociales bajo el omnipresente epígrafe de «perroflautismo», sobre el que vuelca una y otra vez su desprecio: «Unas treinta mil personas contra el capital, la globalización, la leche de vaca y las injusticias en general».

Con esos mimbres, el resultado no podía ser más que el esperable: una colección de anécdotas –algunas de las cuales generan un sano escepticismo– que persiguen dos objetivos: volcar un carro de estiércol sobre la figura de Pablo Iglesias e idealizar la figura y labor del infiltrado, algo en boga, según se vio en los Goya.

Pese a todo, y teniendo en cuenta los recientes casos de infiltraciones en los Països Catalans destapados por ‘La Directa’ –el último, la semana pasada–, el libro contiene algunas pistas sobre las interioridades del Ministerio del Interior español.

Al más alto nivel

En primer lugar, por el libro circulan el entonces secretario de Estado de Seguridad –y más tarde ministro– Pedro Morenés, y los ministros del Interior Jaime Mayor Oreja, primero, y Mariano Rajoy, después. Todos tienen conocimiento de la infiltración, la aplauden y la alientan. Según se presenta, introducir policías en movimientos sociales es habitual y cuenta con el conocimiento y el beneplácito de directores generales y ministros.

En segundo lugar, son investigaciones prospectivas. Es decir, no intentan esclarecer delito alguno, sino recopilar información «por si acaso». El contexto lo ofrece la eclosión de los movimientos antiglobalización en Seattle y Praga, tras lo cual Interior empieza a prestar mayor atención sobre los movimientos sociales.

Pero los delitos descritos en el libro, de haberlos, son de una entidad mínima, apenas hay nada más allá de choques con antidisturbios. Nada que justifique una violación flagrante del derecho a la reunión y a la libertad de asociación, entre otros.

En tercer lugar, en el libro se describen algunos episodios en los que el propio infiltrado es el encargado de dar inicio a los disturbios.

Y en cuarto lugar, aunque en el testimonio novelado solo se menciona de pasada, aparecen al menos dos episodios de relaciones sexuales bajo la falsa identidad, lo que extiende la sombra del uso de relaciones sexoafectivas como medio para reforzar la infiltración policial. Se trata de una práctica por la que en Inglaterra Scotland Yard fue condenada, en términos jurídicos anglosajones, por violar el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el derecho al respeto a la vida privada y familiar y el derecho a la no discriminación por razones de género, además de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.

Sin control judicial y fuera de la ley

En el Estado español está regulada la figura del policía encubierto, autorizado y tutelado por un juez, pero no el del agente infiltrado, que se mueve en un terreno cuanto menos alegal que el libro plasma sin reparo alguno. Actualmente, el Constitucional tiene la palabra sobre la querella presentada por ocho víctimas de un agente infiltrado en Barcelona, después de ser inadmitida en primera instancia.

Mientras, el caso británico, en el que oficialmente se reconoció que desde 1968 al menos 139 agentes se infiltraron en movimientos sociales, y por los cuales Scotland Yard pidió perdón, sirve para ilustrar todas las ilegalidades en las que incurre un policía al introducirse con una identidad falsa en unos movimientos sociales de actividad pública y abierta, por mucho que luego películas y libros intenten elevar a sus protagonistas a la categoría de héroes.