La situación de los más de 5.000 menores migrantes acogidos en Canarias ha vuelto a primera línea de la actualidad después del acuerdo del Gobierno español con Junts para su reparto, que ha derivado en el anuncio de las autonomías gobernadas por el PP de que se plantan, mientras Amnistía Internacional ha denunciado «violencia y castigos excesivos« contra niños y adolescentes en los centros canarios.

En pleno debate político, con diferentes aristas dependiendo del ámbito en que se aborde, Amnistía Internacional ha hecho público un informe que sobrecoge partiendo de que se alerta de que en los centros de acogida de Canarias hay «saturación» y se «maltrata» a los menores. Entre las denuncias que se incluyen en el trabajo titulado ‘A día de hoy no tengo nada’ está la de que se producen aislamientos o retrasos a la hora de tramitar la regularización de los menores como forma de castigo ante conductas que se consideran conflictivas.

Menores relatan haber presenciado o sufrido castigos como privación de comida y amenazas de traslados

Según la organización, varios de los menores con los que habló relataron haber presenciado o sufrido represalias por trabajadores de los centros, incluyendo castigos, la privación de comida, retirada del abono transporte, o confiscación de sus teléfonos o del dinero de bolsillo, que luego no les era devuelto. También hablan de amenazas de traslados a centros concretos que los chicos entrevistados identificaron como lugares donde las condiciones de vida eran muy malas o el trato por parte de los trabajadores no era adecuado.

«He presenciado insultos y, en ocasiones, parece que cuando el educador es buena gente lo echan del centro», ha argumentado Oumar, de 19 años y que durante los tres años que estuvo en el sistema de protección de menores, pasó por tres centros.

Amnistía Internacional (AI) denuncia también falta de coordinación entre las distintas instituciones que trabajan con estos niños. «No se debe normalizar la idea de que, como son niños de otras nacionalidades, no tienen los mismos derechos. Se olvida que el niño migrante, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, tiene derecho a ser escuchado, y protegido, como cualquier otro menor«, afirma.

Asimismo, ha recordado que entre «los niños que están llegando a Canarias, hay perfiles muy vulnerables o con necesidades específicas», ha indicado Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional en el Estado español.

Por eso, entre otras cosas, AI pide mejoras para garantizar que se realice un estudio individualizado de la situación del niño no acompañado, para asegurar que las decisiones que se adopten tanto a corto como a largo plazo, estén guidas por el principio del interés superior del menor.

Para la organización, la «saturación» en los 82 centros que actualmente forman la red canaria de acogida a menores no es la única dificultad para crear hogares para los niños migrantes no acompañados. Así, unen a ello la «falta de personal» con la formación adecuada para tratar con menores. En este sentido, la organización ha hablado con autoridades que han «lamentado» que en ocasiones se ha recurrido a contratar a «porteros de discotecas».

Canarias habla de casos «puntuales»

Tras la denuncia de Amnistía Internacional, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado que aquellos casos «puntuales» de malos tratos contra menores migrantes no acompañados que permanecen en centros de acogida del archipiélago se han denunciado a la Fiscalía.

Delgado ha expuesto que agencias internacionales han estado trabajado con el Gobierno canario en los centros y «saben de las dificultades» que tienen para atender a los más de 5.800 menores que tutela en solitario.

En cuanto al asunto de los malos tratos, ha hecho especial hincapié en que «aquellas cuestiones que han sucedido puntualmente en algún centro se han denunciado en Fiscalía, ésta ha hecho su trabajo y se han apartado a los trabajadores». «Si estamos hablando del maltrato porque los centros están hacinados, es algo que venimos denunciando desde el minuto uno y por eso necesitamos el reparto urgente entre todas las comunidades autónomas», concluyó.

Un centenar a Euskal Herria

Todo ello ocurre cuando el PP ha anunciado que todas las autonomías que gobierna se negarán a acoger menores migrantes «si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías» y si el Gobierno español no pone medios ni financia su acogida, han informado fuentes de Génova.

Ha sido su primera reacción al acuerdo suscrito entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts para el reparto de los menores hacinados en Canarias. La formación apunta a que Catalunya recibiría entre 20 ó 30 mientras a Madrid le corresponderían 700. En el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sumarán en torno a 90.

Desde Génova han acusado al Gobierno español de «pasar de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad» y han subrayado que los menores migrantes son personas a atender «no paquetes a recepcionar».

En virtud del acuerdo, el Gabinete de Pedro Sánchez aprueba este martes el decreto de modificación de la Ley de Extranjería que articulará un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados.

Ayuso irá a los tribunales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que llevará el acuerdo sobre el reparto de menores no acompañados a los tribunales y a la Unión Europea.

«Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva», ha expresado Díaz Ayuso en la red social X, donde ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «usar a los menores como arma política».

Para la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el acuerdo es un «parche», aunque ha anunciado que apoyarán la reforma porque es «mejor» que la «insolidaridad».

Lakua considera «un paso positivo» el acuerdo y remarca que toda como base su propuesta aunque no se haga mención específica a la «frontera norte»

La portavoz del Gobierno de Lakua, María Ubarretxena, ha considerado «un paso positivo» el acuerdo, que «toma como base la propuesta trabajada por Euskadi y Canarias», aunque cree que tiene «margen de mejora» porque, entre otras cuestiones, no se hace «una mención específica a la frontera norte».

En cuando a la cifra que le corresponderá a la CAV, ha dicho que los técnicos están haciendo cálculos pero ha preferido no entrar en «elucubraciones», ya que el número de conocerá en los próximos días.

Desde Catalunya, la líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha asegurado que Junts le «hace el juego» a Aliança Catalana poniendo el foco en la inmigración. «Junts pone el foco en la inmigración porque está cogiendo el marco de Aliança Catalana por miedo a perder votos. Y esto alimenta ese discurso de focalizar en la inmigración como si fueran los responsables de todas las problemáticas y de todo el malestar que sufren el conjunto de las clases populares», ha dicho en una entrevista en TV3.