El monitor de surf de Hondarribia cusado de agredir sexualmente a once de sus alumnos varones menores de edad ha admitido este miércoles haber tenido un «comportamiento sexual» en dos ocasiones con uno de ellos cuando éste tenía 16 o 17 años, pero nunca con el resto de perjudicados.

El acusado, en cuyo domicilio fueron incautados más de 4.200 archivos de pornografía infantil, ha sido la última persona en declarar en el juicio que se sigue desde la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa por estos hechos que habrían sucedido entre los años 2011 y 2021.

En la octava jornada del juicio que por estos hechos han declarado como peritos tres psicólogas, una de ellas que trató a tres de los denunciantes, y las otras dos que estuvieron con los chavales cuando prestaron declaración, un agente de la Unidad de Policía Científica de la Ertzaintza que revisó el contenido de una cámara digital y tres de vídeo intervenidas al acusado en el que no se encontró ninguna imagen de contenido pornográfico.

A continuación ha tenido lugar, durante más de dos horas, el interrogatorio al acusado que únicamente ha respondido a las preguntas del fiscal y de su letrada. El monitor de surf, que se encuentra en prisión desde su detención en agosto de 2021, ha negado todos los hechos que se le imputan y únicamente ha reconocido haber tenido «comportamiento sexual» con uno de los perjudicados, cuando este tenía «16 o 17 años», con el que mantenía una relación «de mucho cariño» que «puede rozar el enamoramiento».

Según ha relatado, «surgió» y se dieron «besos» y hubo masturbación y fue algo «mutuo». El acusado ha reconocido que ese comportamiento «no era apropiado» y ha indicado que, por ello, en 2018 se distanció de él y lo pasó «mal por lo que estaba sintiendo».

Además, ha asegurado que «nunca» ha presionado, ni obligado, ni manipulado a nadie «para hacer nada». En este sentido, ha apuntado que a veces algunos de los perjudicados dormían con él en los campamentos de surf que organizaba, cuando «no había espacio suficiente para dormir separados» porque iban al camping «más económico», pero «ahora echando la vista atrás» ve «más conveniente» haberlo hecho solo «siendo monitor».

Por otro lado, ha negado todos los hechos denunciados que, a su juicio, son «una invención o un escarmiento» de dos de los perjudicados, que son hermanos, y sus amigos porque contó al grupo «temas muy serios» de ellos. En este sentido, ha señalado que desde 2015 ha tenido «más de 300 alumnos y alumnas» y que todos los denunciantes «se conocían».

Por su parte, la psicóloga que trató a tres de los menores ha manifestado que uno de ellos sufrió «mucho daño psicológico», con «sentimientos de culpa, indignación y rabia», porque al no acceder a satisfacer los deseos del acusado «fue expuesto a vejaciones y humillaciones con respecto a su padre delante de los compañeros de surf». Del mismo modo, otro «dejó de ser el favorito» del acusado, a ser objeto de su «burla y manipulación constante».

«El monitor se mofaba y burlaba de ellos delante de los amigos, de los compañeros del surf, cuando no obtenía lo que quería», ha incidido.

«Miedo impresionante»

Además, ha reconocido que han vivido «una tortura» y que experimentaron un «miedo impresionante» a lo que pudiera pasar, ya que, por ejemplo, a uno de ellos un día «le encerró con llave en la furgoneta».

Por otra parte, ha señalado que el acusado daba cariño y regalos a los chavales para «conseguir lo que quería» de ellos e incluso «bromeaba con que les iba a secuestrar» y les decía «todo lo que hacía por ellos» y que eran «sus favoritos». «Si salían con chichas dejaban de ser especiales para él», ha apuntado.

También se ha referido al caso de dos hermanos, uno de los cuales, el mayor, «dejó muy pronto de ser el favorito por no dejarse hacer» y echarse novia, y al que «utilizó contra el pequeño». «Lo pagó muy caro», ha señalado. Respecto al menor, ha indicado que ha estado «fatal» y este proceso judicial «ha activado todo muchísimo».

La Fiscalía reclama para este hombre 85 años de cárcel, solicitud de condena que la acusación particular eleva hasta los 290 años de prisión, mientras que la defensa pide la libre absolución de su cliente.