Comencemos por la querella al exministro de Interior. Hay una autoinculpación flagrante pero su recorrido empieza en la Audiencia Nacional, que ya hizo la vista gorda ante esa entrevista de 2022 en ‘El País’...

La Fiscalía no actuó de oficio, como en aquel momento pidieron las víctimas o el propio lehendakari en su reflexión. Fue una las primeras cuestiones que pusimos encima de la mesa cuando empezamos a trabajar, ver qué encaje podía tener una querella más allá de la asunción de responsabilidad sobre el intento de secuestro de Larretxea. Y el grupo de abogados vio que la mejor manera posible era desde el delito de lesa humanidad, basándose en las actividades ilegales del Plan ZEN, específicamente hacia la comunidad de refugiados: 27 muertos del GAL, heridos, entregas ilegales, torturas tras las mismas, deportaciones, secuestros o intentos de secuestro... Pruebas no faltan, efectivamente. Testigos, tampoco.

Víctimas del terrorismo de Estado firman esta querella. ¿Cómo ha sido el proceso, ha costado convencerles o ha ocurrido al revés?

Hay 18 víctimas en esta querella. Otras han decidido no estar y lo decimos desde el absoluto respeto que merece la gestión del dolor de todas las víctimas. Algunas de ellas, como Bego Galdeano, nos dijeron «ya era hora». A partir de ahí, ¿qué recorrido puede tener? No lo sabemos. Pero estamos convencidos de nuestro compromiso y de hacer el camino entero, ir a instancias internacionales europeas si no tiene recorrido en el Estado español.

Los tribunales no solo se lavaron las manos ante esas declaraciones de Barrionuevo, también ante los papeles desclasificados de la CIA o el audio de Intxaurrondo. Este último podía desclasificarlo el Consejo de Ministros y no lo hizo. ¿Emplazan también a instancias políticas?

Son aspectos diferentes. Hemos hecho la gestión con el Defensor del Pueblo español en relación al tema de Mikel Zabalza, y la respuesta ha sido que la Ley de Secretos Oficiales está actualmente en el Congreso. Es una respuesta decepcionante para la familia y los abogados, aunque seguimos con mucha atención la evolución del debate en el Congreso y qué ambición tiene el Gobierno para hacer una norma homologable a las democracias europeas.

En Euskal Herria hay una convicción general de quien estaba detrás del terrorismo de Estado. ¿Por qué hace falta además una verdad judicial?

Se ve muy claro por ejemplo en el tema de las torturas. Tenemos torturados reconocidos administrativamente pero no existen torturadores. Cuando los ha habido condenados, han sido indultados. Para avanzar en una convivencia democrática es fundamental que las víctimas tengan mecanismos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación. Este es un instrumento más. Tenemos instrumentos que no teníamos hace unos años y que son muy importantes, como las leyes de reconocimiento de víctimas o la Ley de Memoria Democrática del Estado español. Son suficientes para algunas víctimas como reparación, pero no para otras. Y es que detrás de eso hay una absoluta impunidad, con una línea de continuidad que se ve en nuestras querellas: años 50, 70, 80...

«Tenemos torturados reconocidos oficialmente pero no existen torturadores. Y es que detrás de esto hay una absoluta impunidad, con continuidad durante décadas»

Habla de los procesos de reconocimiento pero se basan precisamente en la impunidad, porque no pueden desarrollarse con procesos judiciales abiertos. ¿No colisiona entonces con sus querellas?

Es un debate que está ahí, efectivamente. Sabemos que la iniciativa no ha sido apreciada en ciertos sectores pero tenemos la firme convicción de que hay que utilizar todos los mecanismos que existen. Hablamos de víctimas que siguen siendo todavía de segunda categoría, así se sienten aunque haya una mejora paulatina. Hay que utilizar todos los mecanismos, también el judicial, porque partimos de un déficit muy importante, una asimetría entre víctimas.

Esta querella ha sido respondida con silencio. Recuerda a la placa recién colocada en Intxaurrondo por Zabalza, que han preferido obviar. ¿Estamos pasando del negacionismo a una especie de asunción implícita?

Cuando se juzgó a José Barrionuevo [por el secuestro de Segundo Marey] ya pasó algo así: primeró negó los hechos pero luego pasó a una asunción de responsabilidades, del negacionismo a la autojustificación, incluso a la apología, vamos a decir. Ahora se está produciendo reconocimiento a víctimas del Estado, pero no quieren que eso tenga una dimensión social, lo cual revictimiza a las víctimas, lo dicen ellas, pero esto tiene que tener dimensión social. Hoy día, si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona sobre víctimas, su primer pensamiento, yo diría que único, tiene que ver con las víctimas de ETA. Esa discriminación tiene que terminar.

Una vez abierta esta vía, parece infinito el camino: más de 5.000 casos de tortura admitidos oficialmente, cientos de muertos o heridos en atentados y cargas... y muchos autores identificados. ¿Cómo va a seleccionar GEBehatokia en qué se querella?

Es muy buena pregunta, reflexionamos sobre ello, tenemos que ir ordenando y afrontando la cuestión. En Behatokia intervienen cuatro aspectos; las querellas que ya hemos comentado; todo el aspecto relativo a la ONU, donde tenemos en este momento seis casos presentados ante relatores, en los que esperamos resoluciones pronto; un mecanismo que la Ley de Memoria Democrática Española ofrece, empleado ya en el caso de Espinosa Uribe y que pedimos que liderase al lehendakari Pradales; y la intervención en todos los marcos internacionales donde podamos estar presentes.

«De 120 querellas en total solo cinco han sido admitidas a trámite, dos de Behatokia; hay un búnker judicial negacionista que se apoya en una ley preconstitucional»

Con las querellas, hay que buscar precisamente las que vayan haciendo grieta en el muro que existe en el Estado español. Hay que recordar que se han presentado 120 en total: 115 no han sido admitidas a trámite y sólo cinco han pasado, dos de ellas de Behatokia. El búnker judicial negacionista se apoya en una ley preconstitucional como es la Ley de Amnistía y niega la legitimidad de la Ley de Memoria Democrática, que califica estos delitos como de lesa humanidad y por tanto no amnistiables, imprescriptibles.

¿Es solo una grieta o un agujero suficientemente grande como para traspasar el búnker?

El tiempo lo dirá. Hay una Fiscalía de Memoria estatal, con Dolores Delgado al frente, que yo creo que está intentando que esa fisura se convierta en un agujero.

Con los casos de Espinosa o Letamendi han conseguido eco, sacarlos del olvido incluso para sus comunidades: Gobierno Vasco, PNV...

Hay que ver la satisfacción de las familias. Y a mí con eso ya me resulta suficiente. Cuando han visto el eco comunicativo que han tenido estos dos casos y el cariño con que se les ha tratado en los medios... Además con eso hacemos pedagogía en la sociedad porque efectivamente son casos muy desconocidos. Por ejemplo, el de Txomin Letamendi es de un periodo que la propia Ley de Memoria Democrática no contempla, porque alude a las barbaridades de después de la Guerra Civil y a la resistencia al franquismo. Entre medio hay un periodo de los años 40, 50... en que parece que no pasó nada, y sí pasó, como muestra Letamendi.

El Departamento de Justicia de Lakua ha cambiado de manos, del PNV al PSE. ¿Qué ha supuesto?

Hay indicadores preocupantes. Estamos detectando que los consensos construidos en la anterior legislatura se están poniendo en cuestión. Y además se está intentando desmontar toda la estructura que se había creado, empezando por el IVAC, cuestionando el espíritu de la cesión de titularidad del Palacio de La Cumbre, o con el acto de la Guardia Civil en Gasteiz, o con el hecho de que las víctimas del Estado no estén representadas en el Consejo de Dirección de Gogora... Se debería volver a trabajar la ley e incluir las mejoras que ha venido proponiendo la Comisión de Valoración, y volver a abrir la ventanilla de solicitudes. En el Kursaal vimos a la Red de Torturados con 900 personas, es gente que está superando aquella fase de desconfianza inicial, se está apropiando de la ley en positivo. En Navarra vemos un marco de trabajo, de confianza, de consensos, pero en la CAV se están dando pasos atrás.

GEBehatokia salió casi de puntillas y es con estas querellas como ha cogido realce. Pero ¿cuál es la filosofía fundacional, el motivo?

Diría que surge de dos sensibilidades. La primera viene desde la gente que antes estuvo en Behatokia y Torturaren Aurkako Taldea (TAT)... con todo el trabajo que hicieron ya, cuando no había contexto para avanzar. Y la segunda es la que yo represento, que es la del Foro Social Permanente. En el diagnóstico final del Foro identificamos una asignatura pendiente con las víctimas, que era superar la asimetría y el sentimiento de discriminación de las del Estado.

«El nuevo Departamento de Justicia está dando pasos hacia atrás: IVAC, La Cumbre, el acto de la Guardia Civil en Gasteiz, la exclusión en Gogora...»

Lo dijimos en Miramar, en la presentación: las víctimas de ETA cuentan con una Fiscalía y nosotros aspiramos a ser la Fiscalía social de las víctimas del Estado en la búsqueda de la verdad judicial. Y lo hacemos, quiero subrayarlo, sin un afán punitivista. A las víctimas del Estado no les mueve un afán de venganza, sino de búsqueda de verdad judicial como elemento sanador del dolor que han tenido. Para dar paso a la reconciliación es fundamental que todas las víctimas sean tratadas igual. 

En caso de que no se avance nada en el Estado español, ¿queda el ámbito internacional? Porque aquí también hay vacíos evidentes...

Sí. Es un escándalo que estemos ya en 5.800 casos de tortura certificados oficialmente y no pase nada. Entonces, te obliga a utilizar otras vías. Y eso que no es fácil para los torturados pasar por la vía administrativa de la Comisión de Valoración, no es fácil reabrir las heridas en ese terreno. Y menos aún iniciar un proceso judicial. Cuando he oído a víctimas que me decían «no tenemos fuerzas para ir a procesos judiciales», lo respeto porque les veo en la cara el dolor, el cansancio y la frustración acumuladas.