Con motivo de la conmemoración este lunes del Día Internacional del Derecho a la Verdad, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEB) ha celebrado un acto en Iruñea que ha contado con la presencia de Eneko Etxeberria (hermano del desaparecido José Miguel Etxeberria, ‘Naparra’), la experta en Derecho Internacional Iratxe Urizar y Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU y, hasta hace un año, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, Reparaciones y Garantías de No Repetición del Consejo de Derechos Humanos de esta institución. 

Salvioli ha sido muy crítico con los jueces españoles, a los que ha acusado de haberse democratizado aún menos que policías y militares tras la muerte de Franco. Sostiene que hay legislación de sobra para saltarse las leyes de amnistía, tanto en el plano internacional, como dentro de la ley de Memoria Democrática y en la propia Constitución. 

El experto ha acusado a los jueces españoles de no perseguir los crímenes de lesa humanidad, simplemente, porque no quieren hacerlo. 

«Claro que hay jueces y juezas comprometidas, pero en términos generales la Justicia continúa funcionando como si el Derecho Internacional sobre derechos humanos no existiese y como si la propia Constitución española no existiese, porque están el Artículo 102 o el Artículo 96 que dan la base para hacer lo que hay que hacer», ha manifestado.

A juicio de Salvioli, esto supone un gran problema «porque es a través de los jueces de un estado por donde debemos canalizar la garantía de nuestros derechos». Los tribunales internacionales, ha explicado, no alcanzan para resolver los casos individuales, porque esto supondría que tendrían que resolver todas las injusticias del mundo y eso, sencillamente, es imposible. 

El exrelator ha denunciado como particularmente grave el caso de las desapariciones forzadas, que es un crimen que se sigue cometiendo hasta que la persona aparece. Según ha explicado, hay jueces que aplican la prescripción a esto. «No es que no sepan de derecho, es que no quieren hacerlo». 

«La tortura en democracia, la creación de los GAL, la ejecución de personas son crímenes de lesa humanidad y no prescriben», ha insistido. 

Reparación sin encontrar al culpable

Salvioli, además, ha defendido que la reparación a las víctimas, incluida la económica, debe de estar desligada de un proceso penal contra el autor. No hace falta encontrar al autor para que una víctima de vulneración de derechos sea reparada. Lo ha explicado con el caso de Srebrenica y Ratko Mladic.

«¿Ustedes se creen que si no se llega a atrapar a Mladic de verdad sus víctimas no merecían reparación?», se ha preguntado.

Asimismo, ha defendido que todas las personas, independientemente de sus actos, tienen derecho a esa reparación hayan sido «terroristas o panaderos», porque «a nadie se le repara por ser terrorista, sino como víctima de una vulneración de derechos humanos». 

También ha cargado contra aquellos que manifiestan que la búsqueda de justicia por parte de las víctimas es una suerte de «revanchismo». Salvioli señala que es rotundamente falso, pues lo que buscan es que se dé una «respuesta civilizada» al crimen que les convirtió en víctimas. 

Apoyar las leyes que supongan avances y seguir insistiendo

El experto ha respaldado las leyes de reconocimiento que existen en la CAV y en Nafarroa. Asegurando que son imperfectas, ha señalado que en su experiencia viajando a países de todo el mundo ha comprobado que los pasos relevantes se dan así. «Tenemos que apoyar donde se puede avanzar e insistir después en lo que falta». 

Salvioli, por otra parte, ha asegurado que la búsqueda de verdad y reparación no debería dejar de lado la vía penal. Lo ha hecho, además, con un argumento singular, explicando que aunque las víctimas no busquen expresamente que los responsables de las vulneraciones sean juzgados, esto «no exime la obligación del Estado de investigar por su cuenta». 

Porque, en su opinión, cuando se habla de «reconciliación» esta palabra no significa, por ejemplo, que una víctima de ETA y una víctima de torturas por parte del Estado deban hacerse amigas. La reconciliación, en el Derecho Internacional, pasa por que la sociedad recupere la confianza hacia el Estado que ha «subvertido su misión» al vulnerar derechos de la ciudadanía en lugar de protegerlos y garantizarlos. 

El problema de los muros que el Estado pone para proteger a los criminales de lesa humanidad no son un caso exclusivo del Estado español, sino que sucede en todas partes, según el relator. Ha dicho que víctimas y defensores de derechos humanos en todo el mundo «siempre tienen todo en contra menos algo: tenemos razón». 

Ley de Secretos Oficiales ilegítima

Salvioli ha abogado por la derogación de la Ley de Secretos Oficiales en el Estado español, porque «una ley de secretos oficiales no puede amparar cosas que no responden a la actuación normal de un Estado. Y un Estado no está para cometer crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, ninguna ley puede proteger eso».

Precisamente, la derogación de la Ley de Secretos Oficiales en el Estado español ha sido una de las demandas concretas que ha realizado Eneko Etxeberria en la introducción del acto. «Un Gobierno progresista no puede seguir defendiendo este muro», ha afirmado.

Junto con ello, Etxeberria ha querido lanzar un recuerdo al abogado y defensor de los derechos humanos Juanje Soria, que formaba parte de GEB. Lo ha recordado como alguien «discreto, humilde, observador y trabajador». 

Falta una ley estatal de reconocimiento de víctimas

Por su parte, Iratxe Urizar ha repasado la actividad que ha desarrollado GEB desde su creación y la pelea que ha llevado a cabo en el ámbito internacional en la defensa de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Euskal Herria. 

Urizar ha recordado que los primeros reconocimientos tuvieron que llegar desde instancias internacionales, pero que en los últimos años se han conseguido importantes pasos en Euskal Herria. Si bien, ha reconocido que la asimetría entre víctimas de una violencia y otra violencia sigue estando patente, entre otras cosas, porque falta «la verdad judicial». 

En este sentido, y con respecto al franquismo, Urizar ha enumerado que en el Estado español se han planteado 120 querellas para tratar de superar el muro de la Ley de Amnistía, pero que 115 no se admitieron a trámite por la existencia de un «búnker judicial negacionista». 

Por otro lado, ha defendido como avances claves las leyes de víctimas que se han aprobado en la CAV y Nafarroa para la etapa posterior, si bien la que afecta a Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tiene una limitación temporal y solo alcanza hasta el período de 1978-1999. 

En su opinión, aunque mejorables, estas leyes y los reconocimientos a víctimas que se han obtenido gracias a ellas están teniendo «un efecto sanador».

«Sin embargo –ha advertido Urizar–, no hay contraparte estatal. Es decir, tenemos unas leyes autonómicas que están reconociendo y a buena marcha a estas víctimas de la violencia del Estado, pero el principal agente que ha provocado las víctimas ni tiene una ley ni se ha pronunciado al respecto».