Las escoltas prestadas por la Ertzaintza se han reducido en la actualidad a 21 personas, según ha trascendido en información parlamentaria este martes.

Se trata los miembros del Gobierno de Lakua; de la presidenta del Parlamento de Gasteiz; del exlehendakari Urkullu; y de los líderes del PNV y el PSE.

En una respuesta parlamentaria, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, especifica que a día de hoy la Policía vascongada presta protección al lehendakari, Imanol Pradales, a los consejeros de su gabinete y también al viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte.

También ofrece servicio de escolta al exlehendakari Iñigo Urkullu, a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y a los máximos representantes de los partidos que sustentan al Gobierno, Andoni Ortuzar (PNV) y Eneko Andueza (PSE-EE), «por presentar razones de especial riesgo» según su criterio.

Los líderes de PNV y PSE siguen escoltados «por presentar razones de especial riesgo», según el criterio del Departamento

Estos servicios de escolta son competencia de la Unidad de Protección y Seguridad, de los conocidos popularmente como «berrozis» compuesta por 136 ertzainas.

Estas cifras son muy inferiores a las que había cuando existía la actividad armada de ETA, por debajo del 1%.

En un estudio realizado hace años por el Gobierno de Lakua se estimaba que unas 3.300 personas tuvieron que llevar escolta en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa entre 1990 y 2011.

De ellas, más de 1.600 fueron protegidas directamente por el Gobierno de Lakua y la mayoría vivió escoltada entre 2 y 14 años.

Desde 2011

Los servicios de escolta fueron retirados a partir de 2011 por el Departamento de Interior que entonces dirigía Rodolfo Ares, tras la decisión de ETA de poner fin a su acción armada tras la Conferencia de Aiete de octubre de ese año.

Las escoltas de la Ertzaintza fueron retiradas desde finales de 2011, y las privadas, desde inicios de 2012, lo que generó quejas de empresas de seguridad

El Ministerio del Interior fue cancelando también las escoltas particulares a partir de febrero de 2012, lo que generó quejas de colectivos de seguridad privada. En aquellos tiempos se conocieron también los lazos entre estas empresas y el PP, lo que hizo sospechas de las recolocaciones en otros sectores como la vigilancia del exterior de las prisiones.

En los últimos tiempos, las únicas noticias vinculadas a esta cuestión han tenido carácter anecdótico, como lo que ocurrió en agosto pasado, cuando trascendió el robo de tres mochilas con chalecos antibala y munición a escoltas del lehendakari Pradales.