Durante una comparecencia parlamentaria, el consejero de Industria de Lakua, Mikel Jauregi, ha avanzado que la próxima semana se van a mantener contactos con potenciales inversores que faciliten la continuidad de la factoría de Guardian en Laudio.

Además, ha comentado que dicha institución también estaría dispuesta a participar económicamente en la operación, siempre y cuando se garantiza que ese futuro proyecto industrial sea «sólido, de futuro y con arraigo», así como que genere un empleo «de calidad».

En ese sentido, ha especificado que Lakua estaría «dispuesto a acompañar y superaría el compromiso inicial con el Plan de Acción Inmediata de Aiaraldea que se tomó hace cuatro años». El consejero no ha precisado cifra alguna, si bien el compromiso inicial de inversión pública en este plan era de 28,9 millones en total, de los que el Ejecutivo preveía asumir 24 millones.

Jauregi ha explicado que la institución apuesta por lograr un socio industrial «de acreditada trayectoria» y un proyecto industrial «sólido y de futuro» para la planta de Laudio. Además, ha subrayado que el Ejecutivo aspira a que se garantice el «arraigo» del proyecto en la CAV, un empleo «de calidad», y a que se «traccione a los proveedores locales». «Cuando se den estas condiciones, el Gobierno entrará a apoyar una operación industrial de este importante calado», ha confirmado.

Tras rechazar dar nombres de los posibles inversores interesados, ha señalado la importancia de «buscar socios industriales que inviertan», algo que «requiere trabajar con confianza y discreción». «Seguiremos apoyando a la industria, generando las condiciones más atractivas para la inversión, y eso es lo que estamos haciendo», apostando por «más y mejor industria, y menos emisiones».

Falta de proyectos industriales

Sin embargo, ha tenido que reconocer que Lakua tenía unos compromisos para Aiaraldea que, «en algunas de sus áreas, no han fructificado porque han faltado proyectos industriales», de forma que de los 9,5 millones de euros comprometidos, «se van a cumplir 2,85 millones».

En contraposición, ha destacado que «mientras tanto, como Gobierno hemos seguido invirtiendo» y que, entre 2022 y 2024, se han aportado 5,9 millones en desarrollo industrial, 6,6 millones en tecnología y digitalización, y 1,6 millones  en eficiencia energética. «Esto suma más de 14 millones que, si añadimos los 2,8 millones ya comprometidos, nos da un total de 17 millones de euros de inversión del departamento de Industria en Aiaraldea», ha resaltado.

El parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha expresado su «preocupación» respecto al grado de desarrollo de las iniciativas proyectadas para la reactivación de Aiaraldea, dado que el Plan de Actuación Inmediata «ha tenido un nivel de ejecución bastante pobre».

«Algunas iniciativas que una y otra vez han aparecido en prensa, después no ha habido capacidad para ejecutarlas, porque al otro lado no había ningún interlocutor válido», ha denunciado, en referencia a la falta de inversiones privadas para acometer dichos proyectos. Por ese motivo, ha emplazado a Lakua a «tomar la iniciativa» y a «utilizar todos los instrumentos a su alcance» para reactivar la comarca «mediante la colaboración público-privada».

«Falsas esperanzas»

Diametralmente opuesto ha sido el análisis que en la misma comisión han realizado horas después miembros del comité de empresa de Guardian, quienes han acusado a Jauregi y al diputado general de Araba, Ramiro González, de dar «falsas esperanzas» porque, a su juicio, «no hay ninguna solución sobre la mesa».

Aitor Peral, Josemi Luengos y Gabriel Ainz han transmitido que la plantilla, formada por 171 trabajadores, «ha perdido la esperanza poco a poco» y han dado por hecho que en un plazo de unos 10-15 días, cuando termine el periodo de consultas del ERE, «vamos a estar en la calle».

Han explicado que, aunque llegase un inversor dispuesto a recuperar la actividad en la planta –algo que podría demorarse durante meses–, no tendría ningún compromiso a la hora de contratar a los actuales empleados. Es por ello que, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo de recolocación, el comité se concentra ahora mismo en negociar con la dirección la «mejor compensación económica» para los despedidos, después de que la multinacional estadounidense anunciase el pasado 21 de enero su intención de cerrar la fábrica.

Los representantes de los trabajadores han criticado que las instituciones «no han hecho lo suficiente» para impedirlo, opinión en la que han coincidido los grupos parlamentarios de la oposición, no así PNV y PSE, quienes han adjudicado la responsabilidad a la empresa.