«Han transcurrido cuatro meses desde la declaración del concurso y no se dispone de nada por escrito, por lo que todo parece indicar que el proceso finalizará en la liquidación de los activos de Sunsundegui y tramitación del ERE extintivo de la plantilla, con los datos de los que dispone la administración concursal en este momento».

Así de contundente es la conclusión del informe provisional elaborado por Molins & Andrés Abogados, encargados de la administración concursal de Sunsundegui, al que ha tenido acceso NAIZ y que fue entregado el pasado viernes a la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Iruñea.

Ante tan adversas expectativas, parte del comité de empresa de la factoría de Altasu, en concreto los ocho delegados que suman LAB (3), CCOO (3) y ELA (2) –UGT no lo considera oportuno– se han citado para una reunión este miércoles y llevar a cabo posteriormente una asamblea con la plantilla.

LAB ya abogó la semana pasada por «estirar al máximo los plazos legales» y crear una mesa tripartita en la que esté representada la delegación sindical de la empresa, el Gobierno de Nafarroa y el inversor que hasta ahora ha mostrado más interés, pero sin concretarlo, el grupo empresarial belga Dumarey.

Precisamente, la falta de concreción por parte de esta firma de «un planteamiento de viabilidad real», indica el informe concursal, es lo que ha derivado en la situación actual, que pone a Sunsundegui al borde de la liquidación, dependiendo de la decisión que adopte la jueza competente.

En concreto, Molins & Andrés Abogados especifica en su documento que lo único que ha recibido de la empresa belga es una propuesta «indicativa y no vinculante», evaluada en 3,5 millones, cuando los activos de la factoría de Altsasu están valorados en estos momentos en 27,3 millones, una cifra notablemente superior.

«ERE extintivo»

Así las cosas, dicho informe especifica que «si en breve» no cambian las actuales circunstancias, la única salida es iniciar el proceso de liquidación y «los trámites para el ERE extintivo de toda la plantilla (compuesta actualmente por 341 personas), en los plazos y formas legales».

La administración concursal relata en su dossier cómo ha venido manteniendo reuniones presenciales e intercambio de comunicaciones con representantes de Dumarey Group y el Ejecutivo foral desde el pasado 2 de enero, sin que ello haya fructificado en la presentación de un proyecto de viabilidad por parte de la empresa belga, pese a que se le haya requerido en varias ocasiones tal trámite.

En un momento de la negociación, Dumarey solicitó financiación y apoyo del Gobierno de Nafarroa y Sodena para avanzar en la operación de compra. A cambio, y después de hablar con los responsables institucionales, la administración concursal requirió a la empresa belga la necesidad de presentar «un plan industrial y de negocio bien definido, así como los detalles de la inversión, con los plazos y los compromisos a adquirir», algo que no terminó de materializarse con el paso del tiempo.

De hecho, el informe de Molins & Andrés Abogados especifica que la compañía belga «se había comprometido a presentar su plan industrial a finales de enero», lo que no se concretó, y a enviar una carta a varios proveedores «para saber si seguirían trabajando con la nueva propiedad en caso de materializarse la operación y en qué condiciones».

Ante la falta de avances, el despacho de abogados transmitió a Dumarey su preocupación por el hecho de que se «pudieran generar falsas expectativas a los proveedores y trabajadores de Sunsundegui», de ahí que le insistiera en que «el trabajo que realizara debía de ser serio y obedecer a un plan industrial y de adquisión e interés reales».

A la vista del nulo avance, la administración concursal volvió a marcarle un nuevo plazo como fecha tope para presentar la tan ansiada oferta formal: el 28 de febrero. Y le concretaba el «contenido mínimo» que debía incluirse en la oferta. «Identificación de la compañía e información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición; la determinación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta; el precio ofrecido, las modalidades de pago y las garantías aportadas; y la incidencia de la oferta sobre los trabajadores».

Amianto y contaminación del suelo

Dumarey justificó el que no presentase dicha oferta en que «llevamos tiempo planteando la necesidad de fijar con precisión cuestiones como la valoración de los activos, los datos relativos a la contaminación del suelo y la determinación de la entidad responsable de la misma, que en ningún caso podrá ser la entidad adquiriente, así como la inequívoca y definitiva exclusión de cualquier responsabilidad que pudiera surgir en relación con la contaminación del suelo o con los efectos del amianto en la salud de los trabajadores», se recoge en el informe concursal.

En este sentido, Molins & Andrés Abogados ya les trasladó durante una reunión con representantes de la firma belga la existencia de hasta tres reclamaciones por daños físicos generados «como consecuencia del amianto», con un importe de 527.421,29 euros, además del valor tasado por Tinsa en 2024 de las naves, computado en 7,7 millones.

Finalmente, la firma belga llevó a cabo «una oferta indicativa, pero no vinculante» de 3,5 millones –dos por todos los bienes inmuebles y los otros 1,5 por el resto de activos–. Los administradores concursales consideraron que la oferta no podía ser considerada como «una propuesta de adquisición de unidad productiva a los efectos que indica la ley. Carece de los elementos mínimos necesarios para ser tenida en cuenta como tal, dado que no delimita trabajadores, objeto de la adquisión, contratos en los que subroga el adquiriente, plan industrial o financiación», entre otras cuestiones.

Como última intentona en formato presencial, las partes volvieron a reunirse el pasado 6 de marzo, en un encuentro en el que la administración concursal refleja en su informe que «solo pudo comprobarse que no existían avances reales sobre la oferta, la cual no se ha recibido». El despacho de abogados especifica que aún envió otro requerimiento a Dumarey para que la oferta tuviera «el contenido mínimo» marcado por la Ley Concursal, a lo que se correspondió por la empresa belga con dos presentaciones ya realizadas en enero.

«Esta situación resulta muy preocupante para la administración concursal por los plazos y dilación en presentar una oferta, máxime cuando Dumarey ya estaba presente en el proceso con carácter previo a la declaración del concurso y Sodena creía que iba a realizar una oferta vinculante de compra al solicitarse el concurso», se detalla en el documento.

En juego están 341 puestos de trabajo directos y otros más de 150 indirectos, que podrían finalmente acabar en el paro ante la delicada situación de Sunsundegui, pendiente de si la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Iruñea determina la liquidación de sus bienes.

Chivite: «La puerta no está cerrada del todo»

Preguntada por Sunsundegui durante la comparecencia tras la reunión de la Eurorregión Nafarroa-CAV-Nueva Aquitania, la lehendakari María Chivite ha destacado que «la puerta no está cerrada del todo» tras confirmar que no existe ninguna oferta vinculante en informe.

En cualquier caso, Chivite ha querido aportar un punto de optimismo señalando que incluso en el caso de que la jueza decrete el proceso de liquidación «puede llegar una oferta vinculante» para la continuidad de la empresa.