La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra once guardias civiles investigados por torturas tras la denuncia de uno de los CDR procesados en la denominada ‘Operación Judas’ durante su detención en septiembre de 2019, en aplicación de la Ley de Amnistía.

En un auto, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso que Jordi Ros, uno de los procesados por la Audiencia Nacional acusado de «terrorismo» en la conocida como ‘Operación Judas’, presentó contra la decisión de un juzgado de Sabadell de archivar la causa abierta a los 11 guardias civiles que participaron en su detención.

La jueza de Sabadell acordó archivar provisionalmente la causa, al considerar «inverosímiles» las torturas que denunció Jordi Ros, en un auto en que descartaba aplicar la amnistía a los agentes con el argumento de que la ley había sido elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Supremo, a través de una cuestión prejudicial.

La Audiencia, no obstante, considera que la cuestión prejudicial planteada no comporta la suspensión de la ley en general, sino solo en el proceso concreto que suscitó las dudas del Supremo, por lo que nada impide amnistiar a los guardias civiles.

El abogado del CDR detenido, representado por el colectivo de abogados Alerta Solidària, alegó ante el tribunal que los guardias civiles debían quedar excluidos de la amnistía porque la ley impide borrar los delitos en los casos de violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos. Sin embargo, el tribunal considera que «no todo acto degradante» contradice la Convención Europea de Derechos Humanos, «pues para ello se precisa que la acción, además de ser ilícita, alcance un nivel mínimo de gravedad».

«El procedimiento ya había quedado archivado por el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell, que lo justificó por falta de indicios de delito, decisión que fue impugnada por la defensa de Alerta Solidària», ha explicado la organización antirrepresiva en un comunicado.

Asimismo, ha comunicado que ahora «la Audiencia Provincial descarta entrar a valorar si hay o no indicios de delito en la actuación de la Guardia Cicil, ya que entiende que los hechos entran en el ámbito de aplicación de la amnistía y, por tanto, hace falta resolver esta cuestión de forma preferente».

Finalmente, Alerta Solidària ha valorado que la amnistía «pone de relieve la aplicación a gusto del Estado, que mientras libra a decenas de policías de su responsabilidad, boicotea la amnistía con casos como el mismo 23S [la Operación Judas] que se encuentra pendiente de la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional al TJUE». Por ello, considera que la amnistía ha sido «una trampa para ‘pacificar’ al independentismo y blanquear la represión del Estado y las torturas policiales».